Arasti asegura que Cantabria va a seguir con su hoja de ruta para preparar más medidas de respuesta ante el impacto de la Guerra en Oriente Medio

Eduardo Arasti junto a Luis Ángel Agüeros y María Jesús Susinos momentos previos al comité de coordinación del conflicto de Irán (Foto: Nacho Romero)
Santander- 30.03.2026
El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha presidido hoy la segunda reunión del comité de coordinación que evalúa el impacto de la Guerra de Oriente Medio en Cantabria con el fin de hacer seguimiento de sus repercusiones en la región, evaluar las medidas aprobadas en el Real Decreto-ley por el que el Gobierno de España adoptan medidas urgentes en respuesta al impacto del conflicto en Oriente Medio y seguir sumando medidas si fuera necesario, «que lo será».
En una reunión en la que también han participado, en representación del Gobierno de Cantabria, los consejeros de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media; de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, Arasti ha expuesto a los representantes del tejido productivo de la región la hoja de ruta que va a seguir el Ejecutivo autonómico para ayudar a familias y empresas.
Así, Cantabria va a seguir demandando al Gobierno de España la suspensión de la regla de gasto; la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica; la aprobación de un marco general europeo, como se hizo en el caso de la guerra en Ucrania, para poder ofrecer compensaciones a las empresas por los costes a los carburantes; y la necesidad de habilitar las revisiones de precios en los contratos públicos ante el encarecimiento de los costes, «que ya nos demandan los sectores de la construcción y la obra pública».
«Esa es la hoja de ruta que vamos a seguir. No hace falta que los demás grupos políticos nos pidan nada, sabemos lo que tenemos que hacer y de la mano de quien hacerlo», ha subrayado Arasti, quien ha asegurado que «seguiremos sumando e incorporando todas las medidas que creamos necesarias con el instrumento necesario para hacerlo, que es el presupuesto para 2026, siempre en función de la evolución de la crisis, siempre en contacto directo y escuchando a los sectores implicados».
El consejero ha destacado que el Gobierno de Cantabria ha actuado con agilidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio, que se inició el pasado 28 de febrero. Tal y como ha explicado, el pasado 5 de marzo Sodercan, dependiente de la Consejería de Industria, recibió el encargo de analizar el impacto del conflicto en la economía regional y el 16 de marzo se convocó un comité de coordinación con tres objetivos: «estar en estrecho contacto con el tejido productivo de Cantabria, evaluar impactos y recabar medidas».
A diferencia de gobiernos y crisis anteriores, la reacción del Gobierno de Cantabria ha sido «inmediata» con una respuesta «prudente, coordinada y responsable», ha subrayado Arasti, consistiendo en reivindicar y trasladar al Gobierno de España una batería de medidas y propuestas que trascienden el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma y buena parte de ellas han sido incorporadas al Decreto-ley.
En este sentido, se ha referido a las medias regulatorias relativas a la fiscalidad energética y las bonificaciones a los combustibles, medidas que en parte financia Cantabria con recursos propios, por lo que el Ejecutivo autonómico, ha asegurado, que ya ha empezado a responder con 21,6 millones de euros hasta el 30 de junio «que dejaremos de percibir» y 7,2 millones al mes, de los cuales 4,8 millones corresponden a la disminución de recaudación del IVA; 2,1 millones a la disminución del impuesto especial de la electricidad, y 300.000 euros a la disminución del impuesto de hidrocarburos.
«El Gobierno de María José Saénz de Buruaga hemos actuado de manera inmediata. Todo lo que les he relatado se ha hecho cuando no se había cumplido un mes del conflicto frente a los 5 meses que tardó el anterior Gobierno en Cantabria, PRC-PSOE, en adoptar su primera medida ante la crisis de la guerra en Ucrania», ha ensalzado el consejero.
Arasti también ha recordado el resto de las medidas que el Ejecutivo regional ha ido impulsando en todo este tiempo y «mantenemos para seguir ayudando a familias y empresas», tales como «tres bajadas de impuestos, muy especialmente del IRPF que sigue sumando deducciones; más bonificaciones al transporte público que nunca; y el mantenimiento del complemento del 15% de la Renta Social Básica para las familias en dificultad».
También ha puesto en valor la segunda convocatoria del comité de coordinación celebrada hoy porque, tal y como ha destacado, «queremos ir más allá porque el desenlace, cada vez más incierto, de esta crisis, puede acabar convirtiéndola en estructural y debemos estar preparados para complementar unas medidas que ya se han quedado cortas y resultan insuficientes».
Medidas trasladadas al Gobierno de España
El consejero ha aprovechado la reunión para analizar las medidas planteadas por el Gobierno de Cantabria y consensuadas con el sector productivo de la región que se han trasladado al Gobierno de España para hacer frente al impacto de la Guerra en Oriente Medio y ha considerado que contiene medidas acertadas, «las propuestas por el Ejecutivo autonómico», que afectan a la rebaja de la fiscalidad energética y las bonificaciones a los carburantes.
No obstante, ha considerado que «ya se han quedado cortas e insuficientes» porque, en su opinión, «algunas deberían ser adoptadas con carácter permanente y no temporal», tales como la bonificación permanente de un 80 por ciento en el coste de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electro intensiva, «al responder a problemas estructurales de la industria electro intensiva».
También ha criticado que no se hayan incluido otras, a pesar de su urgencia por ser un problema estructural, como el aumento de las compensaciones a la industria electro intensiva española por el coste de las emisiones de dióxido de carbono hasta el 25 por ciento del total recaudado, máximo que permite la legislación europea, como ocurre en Alemania y Francia, «que compensan a sus empresas electro intensivas el triple y el doble que España por estos costes».
De igual modo, ha lamentado que el Gobierno de España insista en el desmantelamiento de las centrales nucleares, «una política errática que lamina nuestra competitividad y agrava la situación», así que el Decreto-Ley no contenga ninguna medida de actualización de los parámetros de los IRPF para frenar la inflación que viene erosionando y agravará el poder adquisitivo de las familias, «de quienes se olvida».
Fuente: www.cantabria.es
