Buruaga presenta un «progreso sin precedentes» en la «hoja de ruta» acordada con AMA con pagos por cerca de 13 millones de euros en lo que va de legislatura

Santander-13.03.2026

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha avanzado hoy que el Ejecutivo ha pagado, hasta el pasado mes de diciembre, 12.736.745 euros en certificaciones de obra e indemnizaciones a propietarios de viviendas con sentencias de derribo. Además, para este año el Ejecutivo tiene previsto destinar otros 7,8 millones de euros más para hacer frente a «un problema que nunca debió serlo».

«Son cifras que expresan una voluntad política inequívoca y se traducen en un progreso sin precedentes», ha asegurado la presidenta, que mantiene un «compromiso tan firme como el primer día» con las casi 500 familias de la región que «sin merecerlo» llevan décadas padeciendo la situación derivada de la declaración de derribo sobre sus viviendas.

Tras la reunión con los representantes de AMA, Buruaga asegurado que «la solución vendrá sí o sí esta legislatura». «En esto he empeñado mi palabra y en eso voy a estar hasta el último minuto y hasta el último afectado», ha afirmado rotundamente la presidenta que ha garantizado «trabajo, comprensión y compromisos cumplidos».

«No estamos quietos, no hay una sola decisión esperando ni un solo papel durmiendo en un cajón. Todo está en marcha y avanzando», ha asegurado.

En este sentido, ha presentado un balance de los pasos que hasta ahora ha dado su Gobierno en la «hoja de ruta» para intentar regularizar las viviendas afectadas y, en los casos en los que no es posible esta opción, compensar a los propietarios, poniendo a su disposición una vivienda de sustitución o una indemnización, cumpliendo los convenios firmados con la mayoría de los afectados

Ha asegurado que la situación de estos propietarios la produce una mezcla de «coraje, tristeza y frustración» y, por eso, ha sido una de sus prioridades desde que comenzó la legislatura y que a ello se está entregando el Ejecutivo con «un esfuerzo de gestión extraordinario» para dar soluciones y «aportar luz a tanta oscuridad».

Además, ha reconocido que los plazos de la justicia y la administración «a veces pueden resultar extenuantes», pero ha defendido que debe primar la seguridad jurídica. «No podemos olvidar que ese cello es el que nos ofrece garantías jurídicas que otros pasaron por alto y nos han traído hasta aquí», ha recordado.

La presidenta también ha reconocido el trabajo de los ayuntamientos y del propio presidente de la asociación AMA al que ha agradecido «su integridad, valentía, trabajo e infinita paciencia». 

Por su parte, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha vuelto a pedir «justicia» para unos afectados que llevan 25 años sufriendo este problema y ha valorado que en esta legislatura «se han dado pasos» para ofrecer una solución definitiva para todos ellos.

«Esperamos que las palabras de la presidenta se hagan realidad y podamos decir que solo queda un año para que todos los afectados tengan una solución, porque la necesitamos, porque no podemos más, porque es de justicia y porque es muy duro lo que estamos sufriendo», ha afirmado.

En el encuentro, además de la presidenta y el presidente de AMA, ha participado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media.

Una solución real a 256 viviendas en Arnuero, Escalante y Piélagos, y ‘ trabajo a contrarreloj’ en Argoños

La presidenta ha detallado la situación en cada uno de los municipios afectados y ha explicado que en Arnuero, con 144 viviendas con sentencia de derribo, se han construido 62 viviendas de sustitución, en Bocarrero, que serán entregadas a los propietarios «lo antes posible», una vez que ya ha sido presentada en el ayuntamiento la declaración responsable de primera ocupación. Además, se ha indemnizado a otros 24 propietarios y el resto está en trámite.

En el caso de Escalante, con orden de derribo en las 32 viviendas del edificio Las Torres de responsabilidad compartida entre el Gobierno y el ayuntamiento, el actual Ejecutivo ha partido ‘de cero’ y ha tenido que sortear «no pocas dificultades», pero en el mes de diciembre ya estarán terminadas 15 viviendas de sustitución, otros 14 propietarios ya han sido indemnizados y quedan 3 pendientes de la firma del convenio.

La presidenta ha detallado también la situación en el municipio de Piélagos, donde se está trabajando junto al ayuntamiento en la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana que permitirá la regularización de 63 viviendas con sentencia de derribo. En el caso de las 17 viviendas de Cerrias I y Cerrias II, que es imposible legalizar por estar dentro de la servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre, ya se ha firmado y pagado los convenios de indemnización patrimonial con los 7 propietarios de Cerrias I y los otros 11 propietarios de Cerrias II también han recibido ya sus indemnizaciones.

«Estamos hablando de cerca de 256 viviendas con sentencias de derribo repartidas en tres municipios a los que este Gobierno aporta, en poco más de dos años, una solución real y definitiva», ha explicado la presidenta.

Además, ha precisado que la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la anulación del PORN de Argoños ha echado por tierra definitivamente el intento de regularizar 120 viviendas sobre las que se está trabajando «a contrarreloj junto a los afectados para avanzar en una solución».

Ha señalao que los 6 propietarios de La Llana II, los 63 propietarios de La Llana I y los 13 de Pueblo de Mar han optado por viviendas de sustitución y, en consecuencia, el Gobierno está gestionando la adquisición de suelo para su construcción. De hecho, el Ejecutivo ya ha adquirido una parcela en concurso público con capacidad para 18 viviendas y está esperando una segunda licitación para seguir adquiriendo suelo en el municipio.

Ha añadido que el ayuntamiento ha cedido terreno para construir otras 6 viviendas que irán destinadas íntegramente a los propietarios de la urbanización La Llana II y en breve se entregarán otras 3 viviendas de sustitución en Cerecedas mientras los otros 8 propietarios ya fueron indemnizados.