Cantabria dispondrá de un segundo helicóptero de extinción de incendios forestales durante todo el año y refuerza la inversión en justicia con la mejora de sus sedes

Urrutia comparece en comisión parlamentaria para informar de los presupuestos, necesarios para que la comunidad «siga avanzando», y anuncia una nueva sede para el Instituto de Medicina Legal en Cazoña
Santander- 11.11.2025
Cantabria contará con un segundo helicóptero de extinción de incendios forestales operativo los doce meses del año, una medida que mejorará la capacidad autonómica ante este tipo de siniestros y que responde a la necesidad de adaptar los medios aéreos a un escenario de incendios cada vez más frecuente en verano y en otros meses donde se ha incrementado de forma importante el riesgo en nuestra comunidad.
Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, en la comparecencia ante la comisión del Parlamento de Cantabria para exponer el proyecto del presupuesto de su departamento para el próximo año, en la que ha informado que esta prestación en los servicios aéreos de emergencia será incluida en el nuevo contrato del helicóptero que licitará el Gobierno de Cantabria antes de que finalice el año, por un importe de 3,5 millones de euros.
Hasta el momento, con el contrato actual, la comunidad cuenta con el Delta Romeo, un helicóptero medicalizado disponible los 365 días del año para todo tipo de intervenciones en tierra, mar y costa, y una segunda aeronave, el Maya Dama, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo, para la extinción de incendios forestales.
El nuevo contrato, según ha detallado la consejera competente en materia de seguridad y emergencias, incluirá la incorporación de una segunda aeronave disponible los 12 meses del año con tiempos de respuesta entre la activación y la intervención inferiores a 24 horas. El objetivo –ha explicado– es garantizar una respuesta en cualquier momento del año porque el riesgo de incendios forestales se ha extendido, tras lo que ha puesto de ejemplo este mismo mes de noviembre, en el que se han registrado 21 incendios en Cantabria y solo se ha podido movilizar al Delta Romeo como único recurso aéreo.
Cantabria debe seguir avanzando
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda, Urrutia ha destacado que las cuentas de la Consejería, que ascienden a 168,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,7 por ciento respecto al presente ejercicio, consolidan el compromiso del Gobierno de Cantabria con una administración pública moderna, una justicia eficiente, una seguridad reforzada y una relación más estrecha con los municipios.
La consejera se ha mostrado dispuesta a escuchar las propuestas de los grupos parlamentarios con el objeto de mejorar estos presupuestos, y, al mismo tiempo, les ha solicitado su colaboración para aprobarlos.
«Estar en contra de este presupuesto es estar en contra de Cantabria», les ha dicho hoy Isabel Urrutia a los grupos políticos, tras lo que ha pedido que «se sumen» para que «Cantabria siga avanzando» y hacer efectivas las mejoras e iniciativas en beneficio de la justicia, los ayuntamientos, los medios en emergencias o el crecimiento destinado al personal público, entre otras, que se incluyen en el presupuesto. «Los ciudadanos nos han elegido para que trabajemos para lo mejor para Cantabria y no puede haber nada ni nadie que nos entretenga por este camino», ha remarcado.
Así, Urrutia ha destacado ante los diputados las mejoras incluidas en el presupuesto para 2026, que es «el más inversor y municipalista de la historia, que piensa en Cantabria y en el bienestar de los cántabros», y ha añadido que recoge, además de nuevas rebajas fiscales, más presupuesto para los servicios públicos esenciales.
Dentro de su Consejería, ha subrayado que 2026 será el año con mayor inversión en la historia del sistema de emergencias de Cantabria, que superará los 31,5 millones de euros, un 54 por ciento más que lo presupuestado en 2023.
Además de la ampliación del contrato del helicóptero, el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) también experimentará un incremento del 34,5 por ciento en su presupuesto, hasta alcanzar los 18,2 millones de euros, lo que permitirá la dotación de 28 puestos de bomberos, la renovación de los parques autonómicos y la adquisición de nuevos vehículos y material de intervención.
Además, se construirá un nuevo parque de bomberos en Valdáliga y se continuará con el plan de renovación integral de los cinco parques existentes.
La consejera ha adelantado igualmente que comenzará, antes de que finalice el año, el traslado de la Dirección General de Seguridad al nuevo edificio de Peñacastillo, donde en el primer trimestre de 2026 se integrará también el Centro de Atención de Emergencias 112, dando así paso a la «unión física» de ambos organismos que integrarán, junto a al 061, la futura Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria. Urrutia ha anunciado que la ley de este nuevo organismo público, que pondrá «bajo un mismo paraguas» administrativo y de mando las emergencias de Cantabria, será presentada el próximo año en el Parlamento.
La creación de la agencia «es un proyecto de legislatura, en el que Parlamento está de acuerdo y espero que nos ayuden a aprobarlo», les ha dicho la consejera de Presidencia y Seguridad a los grupos parlamentarios, quien ha considerado también que es «un proyecto de todos».
Nuevas sedes judiciales
En este contexto, Isabel Urrutia ha informado de otra de las principales novedades en materia de sedes judiciales, dado que el Instituto de Medicina Legal de Cantabria (IML) se ubicará en las dependencias que quedarán libres en Cazoña, tras el traslado del SEMCA y el 112 a Peñacastillo, dotando a este servicio de unas instalaciones más amplias y mejores, adecuadas a las demandas actuales de la medicina forense.
Y es que, en materia de justicia, la consejera ha destacado un impulso decisivo a la modernización de la justicia en Cantabria, con una inversión de más de 2,1 millones de euros, la mayor cifra de la historia en este ámbito.
Urrutia ha añadido que la inversión en justicia es «uno de nuestros compromisos en el Pacto para la Justicia» firmado con todos los colectivos judiciales y ha resaltado las conclusiones del estudio encargado por su departamento sobre el estado de las sedes judiciales en Cantabria que es «tajante» y manifiesta la «falta absoluta» de una política de mantenimiento y de inversión económica durante anteriores etapas. De hecho, en el periodo 2019 al 2022 únicamente se ejecutó menos del 50 por ciento de la inversión prevista en los edificios de justicia de Cantabria.
Frente a ello, el presupuesto de 2026 de la Consejería de Justicia permitirá finalizar las obras de eficiencia energética en Las Salesas (581.000 euros) y abordar reformas en las sedes judiciales de los siete partidos judiciales (354.000 euros). Además, se avanzará en la adaptación tecnológica de la plataforma VEREDA, con una inversión superior a 900.000 euros.
Asimismo, la consejera ha anunciado que esta semana se someterá a información pública el texto definitivo del decreto de creación de la Oficina Fiscal, una iniciativa consensuada con la Fiscalía y los sindicatos que permitirá fijar la organización de la institución en la comunidad autónoma y reforzar la calidad del servicio.
El presupuesto de justicia para 2026, que roza los 48 millones de euros, también refuerza la justicia gratuita con aumentos del 31 por ciento para los procuradores y del 19,4 para la abogacía, y contempla un incremento del 25 por ciento en la partida para las Oficinas de Justicia en los Municipios, con el fin de acercar la administración judicial a los ciudadanos, una partida que «no se aumentaba desde el año 2011».
Modernización administrativa y simplificación
En su conjunto, el presupuesto de la Consejería de Presidencia experimenta un aumento de 6 millones de euros respecto al de este año (+3,7%), impulsado por la inversión en digitalización, simplificación administrativa y ciberseguridad, que superará los 2 millones de euros en partidas específicas para avanzar en la aplicación de la Ley de Simplificación Administrativa.
Tras apuntar que Cantabria ha aprobado su primera Ley de simplificación «en apenas año y medio», Urrutia ha anunciado la puesta en marcha del Plan de Simplificación y Administración Digital (394.000 euros), así como la contratación de nuevo personal técnico (303.000 euros al año), junto a la modernización de las aplicaciones de gestión del contrato SUMA con el objetivo de cumplir con las acciones previstas en el Plan de Simplificación.
El presupuesto también refuerza la formación de los empleados públicos con una inversión de 2,4 millones de euros, un 10,4 por ciento más en tres años; hará frente a la resolución del concurso de 931 plazas convocado este año, y ejecutará la oferta de empleo público con un total de 357 plazas que se convocarán a través del sistema de oposición respecto al turno libre.
Igualmente, se avanza en la nueva Ley de Función Pública, que verá la luz en 2026. Actualmente, según ha informado, la Universidad de Cantabria está finalizando su propuesta tras el estudio encargado por el Ejecutivo regional.
El Gobierno más municipalista de la historia de Cantabria
Finalmente, Urrutia ha destacado el carácter municipalista de las cuentas de 2026, que destinarán casi 120 millones de euros en transferencias a los ayuntamientos, a los que se suman otras partidas de inversión hasta alcanzar otros 160 millones.
El Fondo de Cooperación Municipal aumenta un 2,8 por ciento, superando los 19 millones, y se mantienen las ayudas a la digitalización municipal y el apoyo a las mancomunidades y entidades locales menores.
«Cantabria se construye también con sus ayuntamientos», ha subrayado la consejera de Presidencia, quien ha valorado especialmente la colaboración leal entre el Gobierno, la Federación de Municipios y los propios ayuntamientos.
Por último, el Gobierno cántabro mantendrá en este presupuesto las políticas para hacer frente a la lucha contra el despoblamiento con ayudas, entre otras, para la adquisición de vehículos de uso común, el mantenimiento de cajeros autonómicos y para el fomento de la administración electrónica. En este ámbito, Urrutia ha avanzado que el Gobierno trabaja ya en el texto definitivo de la ley de lucha contra el despoblamiento.
