Cantabria envío ayer al Gobierno de España las medidas que propone para paliar el impacto de la guerra de Oriente Medio en la región

Santander- 18.03.2026

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha enviado ayer al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa un documento que contiene las medidas propuestas del Gobierno de Cantabria y las inquietudes y propuestas trasladadas por los representantes del tejido productivo de la región en el comité de coordinación crisis de Irán que se celebró el pasado lunes.

Para ello, Arasti ha pedido al Gobierno de España que aplique «cuanto antes» estas medidas para proteger a las familias y al tejido productivo cántabro y español.

Entre las medidas que reclama que se incluyan en ese plan, el consejero ha destacado la eliminación del impuesto del 7 por ciento a la generación eléctrica y la reducción del IVA, del 21 al 10 por ciento, por un periodo de tres meses ampliable, a la factura eléctrica y del gas natural, así como para las adquisiciones de diferentes materiales procedentes de la biomasa y la madera para leña, y para la gasolina, el gasóleo y el gasóleo agrícola.

También ha pedido una bonificación para la adquisición de combustibles de automoción y agrarios del 11 por ciento del precio del litro por un periodo de tres meses ampliable, que se aplicará de manera explícita a los sectores del transporte de mercancía y viajeros, el autotaxi y el sector primario y a las embarcaciones, siempre que no sean de recreo. 

De igual modo, ha abogado por una actualización de los principales parámetros del IRPF en su ámbito estatal, con el fin de corregir los efectos de la inflación y evitar un aumento encubierto de la carga fiscal a los hogares y una bonificación permanente de un 80 por ciento en el coste de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electro intensiva.

En el escrito también ha reclamado el aumento de las ayudas para compensar a la industria de la región por el coste de las emisiones de dióxido de carbono hasta el 25 por ciento del total recaudado, máximo que permite la legislación europea, como hacen Francia o Alemania, con el objetivo de dotar de mayor competitividad a la industria española y, en particular, a la calor y electro intensiva, porque «no es aceptable que el Gobierno de España haga caja con la descarbonización a costa de la competitividad del sector industrial español, mientras que Francia compensa a sus empresas electro intensivas el doble y Alemania el triple que España por sus costes de emisiones de dióxido de carbono».

Además, ha abogado por establecer, en el plazo de un mes, una serie de medidas de impulso a la cogeneración, como la convocatoria de la subasta de cogeneración hasta 1.200 megavatios de potencia en el primer semestre de 2026, además de elaborar un estatuto de consumidores calor intensivos para reconocer sus particularidades.

El paquete de medidas planteada por el Gobierno de Cantabria cuenta, según ha destacado Arasti, con el respaldo del conjunto del tejido empresarial e industrial de la región, además de las asociaciones de autónomos, representantes de los sectores del transporte, la construcción y el ámbito agroalimentario, así como organizaciones agrícolas, ganaderas y cofradías de pescadores.

Respaldo del sector

Todos ellos han valorado de manera positiva la rapidez con la que ha reaccionado el Gobierno de Cantabria, creando una comisión de coordinación ante la crisis de Irán, que se ha creado y reunido esta misma semana.

El tejido productivo de la región está representado en la comité de coordinación de la crisis de Irán por el director general de CEOE-CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera; el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas; los clústeres empresariales GIRA (automoción), MARCA (marítimo), CID (industria de defensa), CINC (nuclear) y CIF (investigación del fuego); ATA, TAEC y UTAC en representación del sector de los autónomos, y representantes de todo el sector primario de Cantabria, del sector conservero y del sector del transporte de la Comunidad Autónoma. 

En este sentido, entre otras cosas, han reclamado al Gobierno de España un seguimiento «eficaz» de los precios y la adopción de medidas que pongan fin a la especulación «para evitar posibles abusos», al tiempo que han advertido de la especial fragilidad de determinados sectores, como los autónomos y el taxi, «que requieren una atención específica».

Han solicitado dado que la situación «es grave» que se actúe con «rapidez y agilidad» en la implementación de medidas y mecanismos de respuesta que eviten cargas burocráticas «innecesarias» mediante la simplificación administrativa, y que la Administración no les pida «continuamente información que ya poseen».

En el caso de la industria electro intensiva y calor intensiva, como  Solvay; Ferroglobe; Sidenor; Bondalti Cantabria; Global Steel Wire; Cementos Alfa; Reinosa Forgins & Castings; han querido trasladar al Gobierno de España de la necesidad de abordar el carácter «estructural y endémico» de los problemas de esta actividad económica en el conjunto del país.

«Es urgente que se considere la gravedad de la situación actual, ya que aproximadamente el 50 por ciento de los costes de producción están vinculados al consumo de combustible y electricidad», han reclamado, por lo que se han mostrado partidarios de adoptar modelos que ya han demostrado su eficacia en países como Francia o Alemania, «competidores directos de la industria electro intensiva cántabra», por lo que suscriben «plenamente» las propuestas del Gobierno Cántabro.

A estos costes también son sensibles, ha añadido el consejero, otras empresas, como pusieron de manifiesto Vitrinor y Froxá.