Cantabria prevé un ahorro de 5 millones de euros en Justicia gracias a la nueva Ley de Eficiencia

El Gobierno regional abandona la Conferencia Sectorial sin conocer los datos que afectan a su territorio

Santander, 5 de abril de 2025.–
La aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia permitirá a Cantabria un ahorro estimado de más de cinco millones de euros en los próximos diez años, según un análisis presentado hoy por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. A nivel nacional, el ahorro global superará los 300 millones en las comunidades con competencias transferidas.

En el caso de Cantabria, la inversión inicial necesaria para la implantación del nuevo modelo judicial será de aproximadamente 258.000 euros, gracias a que no será preciso construir nuevas sedes judiciales, sino únicamente adaptar las ya existentes. Esta medida permitirá redirigir los recursos hacia una Justicia más ágil, flexible y eficaz.

Abandono de la Conferencia Sectorial

Pese a la relevancia de los datos presentados, el Gobierno de Cantabria abandonó la Conferencia Sectorial celebrada este viernes en Barcelona antes de escuchar las cifras relativas a su territorio ni compartir su posición sobre el proceso de implementación de la nueva ley.

A consecuencia de esta y otras ausencias, el pleno de la conferencia no llegó a celebrarse por falta de quórum. Sin embargo, el Ministerio de Justicia mantuvo la reunión en los términos previstos junto a representantes de País Vasco, Cataluña, Canarias, Navarra y Asturias, reafirmando su compromiso con la modernización del sistema judicial.

Una reforma estructural para una Justicia moderna

La nueva Ley, aprobada en enero y en proceso de aplicación progresiva durante 2025, prevé una profunda transformación del mapa judicial. El actual modelo, basado en más de 3.900 juzgados unipersonales, será sustituido por 431 Tribunales de Instancia, cada uno asistido por una Oficina Judicial.

Esta nueva estructura permitirá una mayor especialización de las plazas judiciales y una asignación más ágil de recursos, ya que la creación de nuevas plazas dejará de estar condicionada a la apertura de un nuevo juzgado. Según el estudio ministerial, el coste de una nueva plaza judicial será de 86.000 euros, frente a los 400.000 que actualmente supone la creación de un nuevo juzgado.

Cantabria, con retraso en la implantación de la Oficina Judicial

El Ministerio también ha recordado que la inversión ya realizada en Cantabria para adaptar sus estructuras a esta reforma asciende a más de ocho millones de euros, financiados mayoritariamente con fondos europeos. No obstante, advierte que la región aún no ha iniciado la implantación de la Oficina Judicial, pieza clave del nuevo modelo organizativo, lo que sitúa su grado de desarrollo en un preocupante 0%.

El Gobierno central insta a las comunidades con competencias transferidas a redoblar sus esfuerzos para culminar esta transformación, considerada como la mayor reforma del sistema judicial en décadas. Está previsto que los Tribunales de Instancia comiencen a funcionar de forma escalonada a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.