Cantabria rechaza en la Comisión Sectorial de Infancia la propuesta de distribución de menores y de los recursos económicos fijada por el Estado

Santander- 09.07.2025

Cantabria ha rechazado la propuesta estatal de distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas propuesta por el Estado, así como de los recursos económicos fijados.

Así lo ha señalado la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, que ha participado en la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia preparatoria de la próxima Conferencia Sectorial.

Como ejemplo de esta falta de planificación ha comentado que «no sabemos cómo han calculado la cifra de 156 menores que proponen derivar a Cantabria», reiterando que el Estado vuelve a actuar con falta de claridad en los criterios tenidos en cuenta.

Ante esta ausencia de datos, durante la reunión, Cantabria, al igual que otras comunidades autónomas, se ha manifestado en contra de elevar a la Conferencia Sectorial la aprobación de la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas.

«No se nos han facilitado los datos en base a los cuales se calcula esa capacidad ordinaria», ha afirmado la directora del ICASS.

También se ha referido a la «insuficiente» financiación fijada para Cantabria, explicando que atender a los 156 menores propuestos conllevaría un coste de 7 millones anuales, cifra alejada de la partida de 2 millones de euros de pago único propuesta por el Ejecutivo nacional para la comunidad autónoma.

En este sentido, ha criticado la propuesta de reparto de menores migrantes no acompañados establecida por el Ministerio de Juventud e Infancia, indicando que «ahonda una vez más en las desigualdades». «Los derechos de los españoles no son los mismos en función de la comunidad autónoma en la que residen», ha precisado.

«Están poniendo en riesgo nuestro sistema de protección y todo nuestro sistema de servicios sociales», ha asegurado, añadiendo que el sistema cántabro es un ejemplo para todas las comunidades autónomas en cuanto a desinstitucionalización, al no contar con ningún menor de ocho años en recursos residenciales.