Cantabria reclama al Gobierno de España que «asuma su responsabilidad y cumpla con el 50% de la financiación de la dependencia» para garantizar la sostenibilidad del sistema

Santander- 24.03.2026

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha reclamado al Gobierno de España que «asuma plenamente su responsabilidad y cumpla con el 50% de la financiación de la dependencia» para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Gómez del Río, que ha intervenido en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, ha cifrado en 304 millones de euros la partida que el Gobierno central debería haber aportado a Cantabria desde 2018 si se hubiera cumplido el compromiso establecido por la Ley de Dependencia de compartir al 50% la financiación del sistema.

«Lo que hoy tenemos es un sistema que traslada la mayor parte de la financiación a las comunidades autónomas», ha asegurado, con un porcentaje aproximado del 75% que corresponde a las comunidades y un 25% al Gobierno central.

Ha indicado que desde 2023 el Gobierno de Cantabria ha incrementado en casi 23,8 millones (un 14,07%) el gasto en dependencia, mientras que «la aportación estatal solo ha aumentado un 3,03%».

«Cantabria cree en el sistema», ha subrayado, «está incrementando recursos, reforzando servicios y garantizando la atención». «Si el Estado no financia está congelando los servicios públicos», ha concluido.

Ha precisado que «el sistema no puede seguir creciendo de forma equilibrada si una de las administraciones no cumple con su compromiso de financiación».

En este sentido, ha reiterado al Gobierno de España que «cumpla con los dependientes y cumpla con las personas», recordando que la Ley de Dependencia nació con una idea de corresponsabilidad institucional y sobre la idea del equilibrio, «que se traducía en un 50% de la financiación» estatal.

Esfuerzo con los profesionales

En su intervención, la consejera de Inclusión Social también se ha referido a la situación de los profesionales del sistema de atención a la dependencia y a la necesidad de que el Estado también asuma su corresponsabilidad.

Ha destacado que desde 2023 Cantabria ha incrementado los precios públicos vinculados a las retribuciones del personal en un 13,8%. «Las comunidades autónomas si estamos adaptando la financiación a los costes reales del sistema, pero el Estado no».

En este sentido, ha considerado que mientras el Gobierno de Cantabria «nos comprometemos con los profesionales de la dependencia, el Gobierno de España no».

Además, ha apuntado que «cuando sube el salario mínimo interprofesional, cuando suben los convenios y cuando suben los costes, la financiación estatal no responde de la misma forma y eso rompe la corresponsabilidad».

Por este motivo, ha solicitado al Estado «que cumpla con el 50% y que la financiación de la dependencia se refuerce y se afiance con una aportación adicional que garantice la financiación de los salarios».

«Garantizar la sostenibilidad del sistema exige algo muy básico», ha recalcado, «que quien comparte la competencia, comparta también el esfuerzo», reclamando al Gobierno de España que «no siga trasladando la carga a las comunidades autónomas, a los profesionales y a las familias».