Comienza el juicio por presunto delito económico en Cantabria: dos acusados por fraude con aval del ICAF

Este lunes, 28 de octubre, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria inicia el juicio del Procedimiento Abreviado 53/2023, en el que dos personas están acusadas de fraude en el uso de un préstamo avalado por el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF).

26.10.2024. – La fiscalía acusa a uno de los implicados, socio y administrador de una productora cinematográfica, de haber destinado fondos a su beneficio personal en lugar de utilizarlos para la producción audiovisual en Cantabria, como estaba estipulado en el proyecto.

El acusado, presuntamente con ayuda de una persona que permanece en rebeldía, gestionó un primer aval de 700.000 euros y un segundo de 450.000 euros. Según la acusación, ambos montos fueron transferidos a cuentas personales y empresariales relacionadas con el acusado, dejando el saldo de la cuenta de la productora en negativo y empleando solo una mínima parte de los fondos para realizar dos películas de baja calidad que no lograron ser explotadas comercialmente.

El ICAF, avalista del préstamo, tuvo que afrontar la deuda tras el impago de la productora, lo que ha motivado la solicitud de una indemnización de 1.495.000 euros, además de la acusación de estafa continuada, por la cual la fiscalía pide cinco años de prisión y una multa de 4.950 euros.

Acusación de insolvencia punible y el rol de la coautora

El ICAF también ha extendido la acusación hacia otra persona, socia de una empresa vinculada con la productora, señalando que ambos acusados planificaron el vaciamiento patrimonial de la compañía. La acusación particular califica esta trama como un delito de insolvencia punible y solicita seis años de prisión y 288.000 euros de multa para el administrador de la productora y cinco años de prisión y 108.000 euros de multa para el socio implicado, además de una indemnización conjunta de 1.450.000 euros.

Está previsto que el juicio se prolongue hasta el jueves 31 de octubre, con sesiones diarias que iniciarán a las 10:00 de la mañana. Este caso subraya el rigor del sistema judicial en la protección del uso correcto de los fondos públicos y en la sanción de prácticas fraudulentas que afectan a las finanzas públicas de Cantabria.