Gobierno de Cantabria y Consejo General de la Abogacía Española analizan la implantación de los tribunales de instancia y de la nueva oficina judicial

Santander- 06.03.2026

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha recibido hoy al presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, con quien ha abordado la implantación de la nueva organización judicial y otras cuestiones de interés para los profesionales.

Ambos han coincidido en las dificultades surgidas en la aplicación de la Ley nacional de Eficiencia de la Justicia y la implantación de los tribunales de instancia y de la nueva oficina judicial, así como de la necesidad de recursos adicionales para hacer frente a la reforma. Al mismo tiempo, han puesto de relieve la colaboración institucional existente entre la Consejería y los profesionales de la abogacía para dar respuesta a las dificultades y tensiones surgidas en la implantación del nuevo modelo, especialmente a través del refuerzo de medios materiales.

En este punto, Urrutia ha informado que Cantabria está elaborando un estudio sobre el coste de la aplicación de la reforma nacional con el fin de requerir al Ministerio de Justicia la financiación de la nueva organización judicial impuesta por la Ley de Eficiencia Judicial.  

«El nuevo modelo es una imposición de la ley y el traspaso de las competencias en materia de justicia a Cantabria avala la revisión del coste efectivo anual de los medios», ha insistido Urrutia, quien ha apuntado el cambio «radical» y «en un breve espacio de tiempo» que ha supuesto la reforma en la reordenación de los recursos materiales y personales con un coste «muy elevado» para Cantabria, al superar los 2,4 millones de euros hasta el momento.

A pesar de esto, según ha apuntado la consejera, Cantabria ha culminado el proceso de adaptación en los ocho partidos judiciales, adaptando los órganos jurisdiccionales unipersonales a los nuevos tribunales de instancia y «cumpliendo así con los requerimientos fijados por la norma nacional y garantizando la continuidad del servicio de la justicia en todo momento». En este proceso, Urrutia ha agradecido la labor fundamental de los empleados públicos, jueces, fiscales, abogados y el resto de los operadores jurídicos para cumplir con los «exigentes» plazos del proceso de implantación de la nueva organización judicial.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, ha señalado los problemas que ha dado en toda España la implantación de la nueva estructura judicial y ha defendido la necesidad de más recursos: «quizás ha faltado previsión en la implantación». De cualquier forma, ha destacado la voluntad de todos los profesionales para que la reforma «salga lo mejor posible, pensar en el ciudadano y en que podamos darle una respuesta rápida». A su juicio, el objetivo es «rebajar los tiempos de respuesta de la justicia» y una justicia «con mayúsculas: pronta, oportuna y pertinente», y que «llegue a todos los ciudadanos lo antes posible».

Turno de oficio y los MASC

Durante este encuentro, celebrado en la sede del Gobierno regional, la consejera y el presidente del Consejo General han abordado los avances la asistencia jurídica gratuita en la comunidad autónoma. Urrutia ha asegurado a Salvador González el compromiso del Gobierno de Cantabria de seguir colaborando con el Colegio de la Abogacía de la comunidad para mejorar el funcionamiento del turno de oficio y abordar mejoras retributivas y organizativas que permitan reforzar este servicio esencial para el ciudadano.

En concreto, el nuevo decreto que impulsa el Ejecutivo regional en el ámbito de la justicia gratuita incluye los incrementos retributivos aprobados y aplicados ya para el turno de oficio desde 2024, que han supuesto una inversión autonómica adicional cercana a los 500.000 euros. Asimismo, el texto incorporará otras variaciones normativas para facilitar la labor de los profesionales que prestan este servicio en Cantabria, a quienes la titular de Justicia ha reconocido por el trabajo que realizan.

En este ámbito, también se abordará la retribución de los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), otra de las novedades que introduce la Ley de Eficiencia a nivel nacional, como mecanismos extrajudiciales como mediación, conciliación o negociación y que afectan a los profesionales de la abogacía.

El presidente del Consejo de la Abogacía ha defendido la necesidad de reforzar los acuerdos previos, incluso durante el procedimiento judicial, con el fin de «agilizar la justicia y para que el ciudadano tenga una pronta solución» a sus asuntos. «Que eso no signifique que no se pague esa labor que hacen los abogados y abogadas de Cantabria y de toda España, por supuesto», ha concluido.