La Cámara informa a las empresas sobre el impacto del Tratado de Lisboa, la Directiva de Servicios y el Acta Europea de la Pyme

– Los tres textos van a desempeñar un importante papel en la actividad empresarial futura de todo el ámbito de la Unión Europea

La Cámara de Cantabria, en el marco del servicio Enterprise Europe Network, ha elaborado y editado tres informes para explicar a las empresas de la región los aspectos básicos y de qué manera van a influir en su actividad el Tratado de Lisboa, el Acta Europea de la Pequeña y Mediana Empresa y la Directiva de Servicios, textos legales que bien están en vigor (Tratado de Lisboa), en fase de transposición a la legislación española (Directiva de Servicios) o marcando las directrices de la política europea (Acta Europea de la Pequeña y Mediana Empresa).

Se trata de tres textos que desempeñarán un importante papel en la actividad empresarial de todo el ámbito comunitario, y por este motivo, la Cámara ha considerado oportuno realizar una labor de divulgación al respecto. De hecho, los tres informes se han enviado por correo electrónico a las empresas interesadas y en breve estarán a disposición del público en la página web de la entidad cameral.

El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, otorga a la Unión Europea personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario, y con él se abre una nueva etapa en la construcción europea. Se busca conseguir con este texto una Europa más eficaz y democrática en la que se reforzarán los derechos de los ciudadanos y se transformará la forma de trabajo de las instituciones europeas. Entre los cambios más relevantes que introduce están la creación de la figura del presidente permanente de la Unión Europea (UE), cargo que ha recaído en el belga Herman van Rompuy, y del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, actualmente desempeñado por la británica Catherine Ashton. De igual modo, se refuerza el poder del Parlamento Europeo, en pie de igualdad legislativa con el Consejo Europeo, y con un mayor número de competencias.

El Acta Europea de la Pequeña y Mediana Empresa, adoptada por la Comisión Europea el 25 de junio de 2008, se centra en la ayuda a este tipo de negocios. El Acta contiene una serie de principios y medidas en varios ámbitos relacionados con la vida de las empresas que se están llevando a cabo en el seno de la UE. Su objetivo es que se tengan en cuenta los intereses de las pymes en la elaboración de las políticas europeas y reforzar su crecimiento y competitividad, basándose en el reconocimiento del papel sustancial que los empresarios tienen en la sociedad con respecto a la creación de empleo, prosperidad económica, innovación e integración europea. No en vano, las pequeñas y medianas empresas constituyen más del 99% de los casi 20 millones de empresas que hay actualmente en la UE, con un crecimiento muy superior al de las grandes empresas, y dan trabajo a cerca de dos tercios de la fuerza laboral en el sector privado.

El Acta está formada por diez principios, más un conjunto de propuestas legislativas y medidas políticas. Entre los principios que establece este texto se pueden citar el establecimiento de un marco en el que los empresarios puedan prosperar y en el que se recompense el espíritu empresarial, la garantía de una segunda oportunidad para «empresarios honestos» que hayan sufrido una quiebra, adaptar los instrumentos de los poderes públicos a las necesidades de las pymes, así como facilitar su acceso a la financiación y participación en contratación pública.

De acuerdo con este texto, la UE ha dictado una serie de disposiciones legislativas, algunas en vigor, como la Directiva sobre Tasas Reducidas del IVA, que rige desde el 1 de junio de 2009, y otras en distintas fases de tramitación. Dentro de este grupo se encuentra el Reglamento de Exención General en Bloque sobre las Ayudas Estatales, que se aplicará a partir del 31 de diciembre de 2013. Esta norma trata de simplificar los cinco reglamentos existentes en la materia: ayudas a favor de la pyme; ayudas a la investigación, el desarrollo y la innovación; al empleo; a la formación; y ayudas regionales.

Además, también se están tramitando el Estatuto de la Sociedad Privada Europea, que tiene por objeto establecer un estatuto de la sociedad privada europea (SPE) de responsabilidad limitada, con el fin de crear una forma legal simplificada que favorezca el establecimiento y funcionamiento de las pymes en la UE; la modificación en la Directiva sobre Morosidad en los Pagos, que endurecerá la legislación sobre impagos o demoras en los pagos a las empresas, especialmente a las pymes; y la reforma en la Directiva sobre el Sistema Común del IVA, con la que se pretende obtener mayor simplificación, modernización y armonización en la facturación de este impuesto.

En cuanto a la Directiva de Servicios, en vigor desde finales de 2006, y en pleno proceso de transposición en España, su objetivo es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la UE a través de la eliminación de barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros. Con ello se pretende, por tanto, reducir las cargas administrativas y otorgar mayor seguridad jurídica a aquellos que desean prestar un servicio, además de mejorar la calidad de esos servicios y proteger los derechos de los consumidores. Se trata de una norma de carácter horizontal, lo que significa que afecta a gran parte los sectores de servicios del mercado.

Esta Directiva se encuentra actualmente en proceso de transposición a la legislación española. Por medio de este proceso, se producirá en nuestro país una reducción de trabas al acceso y ejercicio de la actividad en determinados sectores, contribuyendo así a un ambicioso programa de simplificación administrativa y de incremento de la transparencia.

Para llevar a cabo la transposición, se ha elaborado una Ley Horizontal de transposición con el fin de promover una aplicación amplia de los principios generales de la Directiva con pocas restricciones. Asimismo, para dar el impulso necesario al proceso de transposición, se ha optado por la elaboración de una Ley Ómnibus, que modifica la normativa estatal de rango legal para adecuarla a los principios de la nueva norma europea. El papel del sector privado en este proceso es determinante, especialmente de los agentes empresariales, que serán útiles para identificar los obstáculos a los que se enfrentan las empresas que desean prestar servicios en cualquier país de la UE. Para ello, el grupo de trabajo interministerial que coordina la transposición ha establecido contactos con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio para explorar vías de comunicación, dado que esta institución tiene implantación a todos los niveles de la administración y en ella participan todas las empresas.

En este sentido, el 24 de noviembre de 2009 se publicó la Ley 7/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que entró en vigor el 28 de diciembre y que adopta un enfoque ambicioso con el fin de impulsar una mejora global del marco regulatorio del sector servicios. Asimismo, el 23 de diciembre se publicó la Ley 25/2009 o Ley Ómnibus, que modifica diversas leyes con la finalidad de adaptar la legislación española a la Directiva de Servicios, mejorar el marco regulatorio del sector servicios y lograr aumentar la eficiencia, productividad y la creación de empleo en determinados sectores.