La Cámara y la Consejería de Medio Ambiente informan a las empresas de los aspectos económicos del cambio climático

La Cámara de Comercio de Cantabria y la Consejería de Medio Ambiente han organizado una jornada para analizar los aspectos económicos del cambio climático, con especial referencia a las consecuencias del Protocolo de Kioto y su ratificación por la Unión Europea (UE). La jornada tendrá lugar mañana jueves, 15 de abril, a las 18 horas en el salón de actos de la institución cameral. La entrada es libre.

Su principal objetivo es informar a las empresas del significado de los compromisos asumidos por España en el marco del cambio climático global, el cumplimiento de la directiva europea de comercio de emisiones y el Protocolo de Kioto.

Tras la inauguración de la jornada por parte del presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, intervendrá una representante de la Oficina Española de Cambio Climático, Teresa Ribera, quien hablará sobre la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Protocolo de Kioto, así como de la función de la directiva de comercio de emisiones como instrumento para el cumplimiento de los objetivos de Kioto.

A continuación, Antonio Baena, director del área de medio ambiente de la empresa Garrigues Medio Ambiente, explicará los retos y oportunidades a los que se enfrentan las empresas españolas ante el cambio climático y las fórmulas de integración de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto en la estrategia empresarial.

Por último, el director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, José Ángel Irabien, centrará su intervención en la situación de la industria cántabra ante Kioto y la normativa del cambio climático y, además, será el encargado de clausurar la jornada.

El Protocolo de Kioto es un documento internacional en el que los países industrializados se comprometen, por primera vez, a poner en marcha una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento terrestre, al objeto de afrontar la amenaza del cambio climático.

El protocolo, ratificado por la UE y sus miembros en mayo de 2002, compromete a la Unión Europea a reducir en el plazo 2008-2012 sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% respecto al nivel de 1990. En el reparto interno de ese objetivo común, España se comprometió a no aumentar sus emisiones más de un 15%, lo que repercutirá en la actividad económica y empresarial. No obstante, las emisiones españolas han crecido un 60% respecto al nivel de 1990, por lo que se está incumpliendo esta meta.