Mañana entrará en vigor la primera Ley de Cantabria de Participación Ciudadana

Santander- 12.01.2026

Mañana entrará en vigor la Ley 7/2025 de Participación Ciudadana en la Administración de Cantabria, tras su publicación en el día de hoy en el Boletín Oficial de la comunidad. Se trata de la primera norma de este tipo con la que contará la comunidad con la que se busca fortalecer y ampliar los mecanismos de participación en el proceso de toma de decisiones públicas.

Cantabria se sitúa así al nivel del resto de comunidades autónomas al dotarse de un marco normativo específico en materia de participación ciudadana y gobierno abierto, que complementa la Ley de Transparencia autonómica de 2017.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, departamento que ha impulsado la aprobación de la normativa, ha considerado que la ley consolida el compromiso del Gobierno de Buruaga con la transparencia, la colaboración ciudadana y la modernización de la Administración autonómica. «Damos un paso muy importante en la mejora de la calidad democrática, el buen gobierno y en la toma de decisiones públicas más eficientes en beneficio de los cántabros», ha valorado.

Igualmente, ha enmarcado la nueva ley en el contexto de todos los procesos normativos y acciones de este Gobierno encaminados a modernizar la administración, haciéndola «más ágil y accesible para todos, con un enfoque en la digitalización y la participación», como ha ocurrido con la Ley de Simplificación Administrativa.

«El objetivo del Gobierno de Cantabria es convertir a la administración pública de Cantabria en una administración ágil, segura, eficaz, eficiente, capaz de promover y facilitar el crecimiento económico y la actividad de los ciudadanos y las empresas», ha subrayado.

Derecho individual y colectivo

La nueva Ley de Participación Ciudadana de Cantabria regula por primera vez en la comunidad este derecho de modo individual o colectivo. Podrán ejercerlo tanto las personas físicas como las entidades (asociaciones, federaciones, entidades sin ánimo de lucro, plataformas o foros ciudadanos sin personalidad jurídica, sindicatos, organizaciones empresariales, colegios profesionales, etc.).

El ámbito de aplicación de la nueva ley se circunscribe al diseño, planificación, propuesta, ejecución y evaluación de las políticas y servicios públicos del Gobierno cántabro y su sector público institucional.

Además, se introducen mejoras en la accesibilidad a la información pública con el objetivo de garantizar que las aportaciones de la ciudadanía sean tenidas en cuenta de manera real y efectiva en la elaboración de las políticas públicas.

De esta forma, se establecen cinco instrumentos de participación: los procesos de deliberación participativa, la iniciativa ciudadana para proponer políticas y servicios públicos, los presupuestos participativos, las consultas ciudadanas, junto al seguimiento y la evaluación de las políticas y servicios públicos.

Además de la promoción e impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos que son competencia del Ejecutivo regional, la norma tiene como finalidad implantar el gobierno abierto en los planes de acción de la Administración para optimizar la toma de decisiones, mejorar la comunicación con los ciudadanos, facilitar la presentación de propuestas de políticas públicas y establecer instrumentos de rendición de cuentas en la prestación de los servicios públicos.

Igualmente, pretende extender una cultura participativa con estrategias de formación y sensibilización desde la infancia, fortalecer la vertebración de la sociedad civil y la colaboración entre administraciones locales en este ámbito.

Establece una serie de obligaciones a la Administración autonómica como integrar la participación ciudadana en su actuación, realizar acciones de comunicación y difusión, medidas de fomento del asociacionismo y la promoción del derecho de participación a través de las tecnologías de la información, entre otras.

Portal y Programa de Participación Ciudadana

El Portal de Participación Ciudadana será el espacio institucional destinado a facilitar la participación en las políticas públicas y el Gobierno redactará un documento estratégico que contendrá los asuntos públicos que serán objeto de los procesos de participación previstos en la ley. El denominado Programa de Participación Ciudadana tendrá carácter bienal y se aprobará por el Consejo de Gobierno.

Como límites a este derecho, los procesos de participación no podrán promocionar intereses individuales y otras materias que no sean competencia del Gobierno y no se realizarán en tiempos o circunstancias que pudieran interferir en la actividad del Parlamento de Cantabria, así como durante los periodos electorales, la tramitación de mociones de censura o cuestiones de confianza.

Además, se recoge la organización en esta materia en el ámbito de la Administración autonómica con un órgano directivo y unidades responsables en cada una de las consejerías.

Para fomentar la participación, se detallan una serie de medidas como programas de formación para los ciudadanos y la edición de guías didácticas para divulgar el alcance de esta norma, la difusión de los procesos participativos a través del Portal y campañas de sensibilización, formación de los empleados públicos y la promoción de la participación ciudadana desde el ámbito educativo.