¡Más salud bucodental para Cantabria! El Gobierno destina más de un millón de euros para ampliar la atención a mayores de 65 años

Cantabria recibirá 1.074.780 euros dentro del plan estatal que refuerza la atención bucodental pública, incorporando progresivamente a los mayores como nuevo colectivo beneficiario.
29.07.2025.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado este martes la distribución de 68.058.000 euros para impulsar la ampliación de la cartera bucodental del Sistema Nacional de Salud (SNS) durante el ejercicio 2025. De esa cantidad, Cantabria recibirá 1.074.780 euros para seguir mejorando la atención pública en este ámbito.
La principal novedad de este ejercicio es la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años como nuevo grupo beneficiario de las prestaciones públicas de salud bucodental, comenzando por aquellas que se encuentran institucionalizadas.
Esta medida da continuidad al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025–2027, que prevé el seguimiento de la implantación de la cartera de servicios en los colectivos ya priorizados e incluye por primera vez a los mayores como destinatarios.
Cómo se reparte la financiación
Del total aprobado, el 10% se asigna según el porcentaje de mayores de 65 años en cada comunidad autónoma, mientras que el 90% restante se distribuye en función de la población ya priorizada desde la puesta en marcha del plan:
- Niños de 0 a 14 años.
- Mujeres embarazadas.
- Personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
- Pacientes con procesos oncológicos del territorio cervicofacial.
En total, 67.692.644,38 euros se transferirán a las comunidades autónomas y 365.355,62 euros al INGESA para su aplicación en Ceuta y Melilla.
Más cobertura y mejores resultados
Desde 2022, el Ministerio de Sanidad ha destinado 248,2 millones de euros a esta ampliación de la cartera bucodental. Gracias a ello, la cobertura ha mejorado notablemente:
- 25,2% en población infantojuvenil en 2024.
- 28,33% en mujeres embarazadas, con incrementos sostenidos respecto a años anteriores.
Este esfuerzo presupuestario ha permitido una implantación progresiva y homogénea de las nuevas prestaciones, reforzando la equidad territorial y ampliando la cobertura de los colectivos más vulnerables.
Las comunidades autónomas deberán comprometer los fondos antes del 31 de diciembre de 2025, y las medidas podrán ejecutarse hasta 2027. El seguimiento se realizará mediante indicadores de cobertura y actividad, con la presentación de informes de planificación y ejecución en septiembre de 2025 y marzo de 2026.