Media: «La carretera Requejada-Suances es un proyecto imparable y las obras comenzarán en el primer trimestre de 2027»

Esta semana saldrá a información pública el estudio de viabilidad económico-financiero y posteriormente se sacará a licitación el proyecto con un presupuesto de 187,8 millones que incluye su redacción, ejecución y mantenimiento durante 26 años
A través de un sistema concesional, el Gobierno abonará a la adjudicataria 7,2 millones de euros anuales a lo largo de este periodo que comenzará a pagar cuando se ponga en servicio la infraestructura
Santander- 25.11.2025
El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha presentado hoy los detalles de la futura carretera Requejada-Suances, «un proyecto imparable» que ejecutará el Gobierno de la presidenta Buruaga en esta legislatura, cuyas obras se iniciarán en el primer trimestre de 2027, a través de un contrato público-privado por importe de 187,8 millones de euros.
«En unas semanas lanzaremos la licitación de las obras, y esperamos tener el contrato adjudicado en los primeros meses de 2026 para que las obras puedan comenzar en el primer trimestre del 2027», ha afirmado, tras anunciar que esta misma semana se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria la información pública del estudio de viabilidad económico-financiero del proyecto por un periodo de un mes.
Media ha recordado que, para la financiación de esta carretera, de algo más de ocho kilómetros de longitud, se utilizará un modelo concesional de pago por disponibilidad con el que la empresa adjudicataria redactará y ejecutará el proyecto y se ocupará de su mantenimiento durante un periodo de 26 años.
«Esta fórmula financiera nos permitirá seguir ejecutando obras importantes a lo largo de toda la región sin comprometer nuestras cuentas públicas», ha afirmado, en relación a las ventajas que supone esta colaboración público-privada con la que se reduce el riesgo financiero para la Administración y se liberan recursos para llevar a cabo otros proyectos.
«Destinar más de 80 millones de euros de la Consejería a esta actuación en los tres próximos años supondría, en la práctica, no realizar ninguna otra inversión relevante en ningún otro sitio de Cantabria», ha asegurado, añadiendo que una contratación convencional supondría «retrasar muchos años su construcción».
7,2 millones de euros anuales durante 26 años
Tal y como ha detallado el consejero durante su comparecencia, el estudio de viabilidad económico-financiera cifra en 87.041.045 euros el presupuesto base de la obra. De esta cantidad, 1,8 millones se destinan a la redacción del proyecto, 81,1 millones en obra material y algo más de cuatro millones de euros en dirección de obra, ensayos y control.
Además, los gastos de operación y mantenimiento durante los 26 años de vigencia de este contrato ascienden a 460.000 euros anuales. A esta cantidad se le deben sumar otros 4,5 millones de euros que la concesionaria invertirá en este periodo para la ejecución de varios asfaltados, inspecciones del puente atirantado y otras reinversiones finales para devolver la infraestructura en estado óptimo de conservación.
El consejero ha explicado que la retribución al concesionario a través de este modelo de pago por disponibilidad se ha calculado en base a lo establecido en la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española y el Real Decreto 55/2017 que la desarrolla.
En concreto, se abonará a la empresa adjudicataria la cantidad de 7.224.051 euros cada año, un montante que se pagará mensualmente, y que estará condicionado al cumplimiento de una serie de indicadores de estado «que controlaremos desde la Administración».
El periodo concesional total será de 30 años, que se dividen en 1 año para la redacción y aprobación del proyecto constructivo, 3 años más para la ejecución de obra y un período de pago de 26 años, «ya que se empezará a pagar cuando se ponga en servicio la infraestructura».
De esta forma, el pago máximo estimado a lo largo del período concesional de 26 años será de 187.825.344,16 €, IVA incluido. En el caso de las expropiaciones, cuyo presupuesto aproximado es de 1.252.720 euros, serán ejecutadas directamente por el Gobierno de Cantabria.
«Este es un Gobierno que ha venido para trabajar de la mano de las empresas», ha afirmado Media, a quienes ha definido como «un aliado imprescindible» para crear actividad e impulsar la economía de Cantabria a través de la colaboración público-privada. Además, ha destacado que esta fórmula «va a ser buena» para las empresas cántabras que van a poder participar en estos proyectos.
El consejero ha recordado que el Ejecutivo ha sido «muy rigurosos» con la parte financiera y con la seguridad jurídica y las condiciones del contrato para poder lanzar una licitación que atraiga a las empresas y que permita ejecutar el proyecto.
En este sentido, ha destacado la importancia de que este tipo de contratos transmitan seriedad, credibilidad institucional, estabilidad y compromiso a largo plazo. Por ello, ha asegurado que se ha optado por un proyecto «maduro técnica y administrativamente», con una tramitación avanzada, estudios de tráfico y demanda consolidados, y una estructura de pagos clara, «lo que debería generar confianza en el mercado».
«Un proyecto que ya no tiene marcha atrás»
Acompañado por la directora general de Obras Públicas, Carmen López; y el subdirector general de Carreteras, Vías y Obras, Javier Largo; Media ha recordado que los vecinos de esta comarca llevan «demasiado tiempo» esperando este proyecto «que ya no tiene marcha atrás» y ha recalcado que el compromiso del Gobierno de Cantabria para su ejecución «es total».
Esta nueva infraestructura, que se desarrollará entre los municipios de Suances y Polanco, contempla la construcción de una carretera de unos 8 kilómetros de longitud y un puente atirantado de 750 metros, con un vano central de 150 metros que cruzará la ría de Suances al inicio del trazado.
Con esta actuación se creará un eje directo entre la A-67 y las localidades de Cortiguera y Tagle, mediante un nuevo cruce sobre el río Saja-Besaya, evitando el actual desvío hasta Barreda para llegar a Suances y su entorno costero a través de un puente junto a la empresa Solvay, «una zona en la que se crean innumerables atascos», así como un nuevo acceso a Tagle sin atravesar Suances.
Beneficios de este sistema público-privado
El consejero ha asegurado que este sistema público privado permite aprovechar las ventajas del sector privado en términos de eficiencia, innovación y capacidad financiera, al mismo tiempo que se minimiza el riesgo para las finanzas públicas.
El consejero, que ha afirmado que este sistema está ampliamente establecido en toda Europa y en comunidades como País Vasco o Aragón o que ha sido utilizado por el propio Ministerio de Transportes, ha asegurado que este modelo supone que la empresa privada asuma los riesgos asociados con la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura.
«Las empresas que van a optar a este contrato tienen mayor capacidad para gestionar un proyecto tan complejo como este y estarán interesadas en que no haya retrasos en la obra y se cumplan todos los plazos de ejecución», ha afirmado, con el objetivo de que el proyecto sea «más rentable y sostenible».
Obras en carreteras por valor de 63,5 millones de euros
Por último, Media ha destacado el esfuerzo inversor de su departamento en el ámbito de las carreteras, con obras que se están ejecutando en estos momentos por valor de 63,5 millones de euros.
Como ejemplo, se ha referido a la conexión del Polígono de Morero con la S-30 (16,6 millones), las obras para mejorar la carretera de acceso al polígono de Reocín (2,6 millones), la Variante de Sarón (15,7 millones), el acceso a la Alcomba (más de 2,8 millones de euros), la mejora del puente de Somo (3,7 millones), la Variante de Renedo (17 millones de euros), la carretera de acceso al teleférico de Vega de Pas (2,8 millones) o la Laredo-Seña (2,3 millones).
Además, ha añadido que «de forma inmediata» se empezarán a ejecutar otras como la Mogro-Mar (6,2 millones) o la Santullán-Otañes (6,4 millones).
