La jueza del caso El Bocal apunta a Costas y ve “indicios de negligencia” en dos funcionarios

El auto atribuye el mantenimiento a la Demarcación estatal, cuestiona la reparación de 2024 y ordena nuevas diligencias para esclarecer el estado de la pasarela antes del derrumbe

Santander, 24 de marzo de 2026.– La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria por su posible responsabilidad en el accidente de la pasarela de El Bocal, ocurrido el pasado 3 de marzo y en el que fallecieron seis personas.

En un auto hecho público este martes, la magistrada considera que la administración estatal era “la única responsable” del mantenimiento de la infraestructura, al tratarse de una obra no finalizada ni recepcionada por el Ayuntamiento. En consecuencia, atribuye a Costas la obligación de garantizar su adecuada conservación.

La investigación se dirige contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras y contra el director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al apreciar “serios indicios de un posible actuar negligente” en el mantenimiento de la pasarela.

La instructora pone el foco en la actuación realizada en el verano de 2024, que se limitó a la estructura de madera. Según el informe de la Policía Científica, los elementos metálicos presentaban un estado de oxidación generalizado, lo que lleva a la jueza a cuestionar la suficiencia de esa intervención.

Por ello, ha solicitado al perito judicial que determine si dicha reparación fue adecuada o si resultó insuficiente para garantizar la seguridad de la estructura.

Costas, responsable del mantenimiento

El auto concluye que las obras de la senda peatonal, iniciadas en 2012, nunca fueron finalizadas ni formalmente entregadas al Ayuntamiento de Santander, lo que mantiene la responsabilidad en manos de la Demarcación de Costas.

Además, la magistrada subraya que existían advertencias previas sobre el estado de la pasarela, como un informe interno de mayo de 2024 que alertaba del deterioro de la madera.

El papel del Ayuntamiento

Aunque atribuye el mantenimiento a Costas, la jueza recuerda que el Ayuntamiento de Santander tiene competencias en materia de seguridad en espacios públicos. En este sentido, señala que, ante la detección de riesgos, la administración local debe acotar, señalizar o incluso precintar la zona, independientemente de la titularidad de la infraestructura.

Por ello, considera clave determinar si el deterioro de la pasarela era visible antes del siniestro y si el riesgo podía ser percibido por los usuarios.

Nuevas diligencias

Para avanzar en la investigación, la instructora ha encargado a la Policía Judicial la recopilación de material gráfico y testimonios que permitan conocer el estado de la pasarela en los días o semanas previas al derrumbe.

Asimismo, ha citado a declarar como testigo a una vecina vinculada a la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, que comparecerá el próximo 27 de marzo, junto a otros testigos ya señalados en la causa.

El auto, que puede ser recurrido, abre una nueva fase en la investigación judicial del accidente, centrada en depurar responsabilidades sobre el mantenimiento de la infraestructura y las posibles omisiones en materia de seguridad.