Abierto juicio oral contra dos empleados públicos de Gesvicán por cobrar a empresas licitadoras de Obras Públicas

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander ha acordado la apertura de juicio oral contra dos trabajadores de la empresa pública Gesvicán por elaborar, a cambio de dinero, proyectos técnicos para empresas que concurría a licitaciones de la Dirección General de Obras Públicas.

17 de noviembre de 2025 | Santander. – También serán juzgados los responsables de las empresas SENOR y RUCECAN, que habrían abonado esos trabajos con el fin de asegurarse una valoración favorable en los concursos.

Tanto los dos empleados públicos como los tres responsables de las compañías han reconocido los hechos y se han adherido al escrito de acusación de la Fiscalía y del Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación particular. Además, han consignado las cantidades reclamadas para reparar el perjuicio económico causado a la Administración autonómica.

En el auto dado a conocer hoy, el magistrado acuerda la apertura de juicio oral contra los cinco investigados, para quienes el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan que sean juzgados por un delito continuado de actividad prohibida a funcionario público.

El juez remite ahora el testimonio del escrito de conformidad a la Audiencia Provincial de Cantabria, cuyo Tribunal del Jurado será el órgano competente para celebrar la vista en la que deberá formalizarse el acuerdo alcanzado por todas las partes.

Cómo operaban

El auto explica que Gesvicán tenía entre sus funciones revisar la documentación inicial presentada por las empresas que concurrían a concursos de la Dirección General de Obras Públicas, evaluando las ofertas mediante fórmulas y criterios técnicos, aunque sin capacidad decisoria final.

Los dos empleados investigados, señala la resolución, se concertaron con distintas compañías del sector de la obra pública para elaborar o revisar las propuestas técnicas con las que estas se presentaban a los concursos, a cambio de diversas tarifas:

• 2.500 € por preparar las condiciones técnicas y de calidad.
• 2.000 € si el informe situaba a la empresa en primera posición.
• 5.000 € si finalmente resultaba adjudicataria del contrato.

Según el instructor, en 2019 SENOR y RUCECAN concurrieron juntas —en régimen de UTE— a tres licitaciones, y uno de los empleados de Gesvicán elaboró para ellas los estudios técnicos necesarios, con la colaboración puntual del segundo. Sus ofertas fueron finalmente las adjudicatarias.

El magistrado afirma que esta actuación alteró “la libre concurrencia entre competidores”, vulnerando de manera reiterada los deberes propios de su cargo a cambio de contraprestaciones económicas. Aunque no se ha podido acreditar la cantidad exacta percibida, las anotaciones intervenidas sitúan el mínimo en 53.000 euros.

El auto concluye que la defraudación recayó sobre las arcas del Gobierno autonómico, tanto por la alteración en la cuantía de las ofertas que resultaron adjudicadas como por el posible impacto en la calidad final de la ejecución de las obras públicas.