El CGPJ advierte de la necesidad de reforzar infraestructuras y personal ante la última fase de implantación de los Tribunales de Instancia

Cantabria, junto a otras doce comunidades, figura entre los territorios a los que el órgano de gobierno de los jueces ha remitido una comunicación para garantizar una transición fluida y eficaz del nuevo modelo judicial.

Donostia/San Sebastián, 29 de octubre de 2025.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida hoy en la sede del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) en Donostia/San Sebastián, ha acordado dirigir una comunicación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a las consejerías de Justicia de las comunidades autónomas con competencias transferidas, entre ellas Cantabria, en relación con la tercera y última fase de constitución de los Tribunales de Instancia, que culminará el 31 de diciembre de 2025.

Esta fase final completará la implantación del nuevo modelo judicial en todas las capitales de provincia y en las ciudades con Juzgados de lo Penal, Social o Contencioso-Administrativo, algunas de ellas con más de cien plazas judiciales, como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.

El órgano de gobierno de los jueces ha advertido de que esta fase “supondrá un reto organizativo sin precedentes” y, por ello, considera necesario reforzar la coordinación con las Administraciones prestacionales para evitar disfunciones y garantizar una transición fluida.

El documento elaborado por el grupo de trabajo creado en marzo por la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, incluye varias recomendaciones clave:

Atención al ciudadano y señalética

El CGPJ subraya la necesidad de reforzar la información al público en las sedes judiciales, especialmente en las de mayor tamaño, mediante servicios de orientación y folletos explicativos sobre la nueva estructura.
Asimismo, considera imprescindible actualizar la señalética para reflejar el cambio de modelo —sustituyendo el término “Juzgados” por “servicios comunes”, “áreas” o “equipos”— e incorporar el escudo nacional, como símbolo de que en esos espacios se ejerce un poder del Estado.

Infraestructuras judiciales

El Consejo recuerda que la Ley Orgánica 1/2025 obliga a realizar importantes inversiones para adaptar las sedes al nuevo modelo organizativo.
Reclama que las Administraciones dispongan de liquidez suficiente para acometer reubicaciones y obras básicas, y que se mantenga un diálogo permanente con las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, como el de Cantabria.

Sistemas informáticos

El CGPJ insiste en que la reforma solo alcanzará su pleno potencial si se garantiza una gestión completamente informatizada de los expedientes judiciales, evitando la dispersión de documentación y los riesgos de extravío.
Pide a las Administraciones redoblar esfuerzos en la implantación de sistemas digitales interoperables y a los jueces y letrados usar de forma activa las herramientas tecnológicas.

Personal judicial y funcionario

El informe advierte de los retrasos en los procesos de acoplamiento del personal funcionario y en los nombramientos de los letrados directores de servicio, que deben completarse antes del 31 de diciembre.
Asimismo, reclama reforzar la formación y estabilidad del personal, ajustando los mecanismos de comunicación y coordinación interna entre los equipos judiciales.

Aumento de plazas judiciales

Finalmente, el CGPJ reitera la necesidad de incrementar el número de jueces y juezas para equiparar a España con la media europea.
Considera que las 120 nuevas plazas autorizadas por el Ministerio de Justicia son “insuficientes” para cubrir las necesidades actuales y afrontar los retos del nuevo modelo de Tribunales de Instancia.

El Consejo subraya que la plena implantación de esta estructura supone una transformación profunda del sistema judicial español, orientada a mejorar la eficiencia, la transparencia y la atención a la ciudadanía, y que su éxito dependerá de la cooperación efectiva entre las distintas administraciones públicas.