El Tribunal de Instancia de Torrelavega aprecia indicios de prevaricación en el exalcalde de Santillana del Mar por la gestión del servicio de estacionamiento

El juez concluye la instrucción y remite la causa al fiscal tras considerar que el exregidor ignoró reiteradas advertencias del secretario municipal y prorrogó de forma irregular el contrato con la empresa Iberpark mediante contratos menores sin transparencia ni estudio técnico.

Santander, 21 de octubre de 2025.
El titular del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Torrelavega, ahora Tribunal de Instancia, ha acordado transformar en procedimiento abreviado las diligencias que se siguen contra el exalcalde de Santillana del Mar, al apreciar indicios de un presunto delito de prevaricación en la gestión del servicio municipal de estacionamiento regulado.

La resolución judicial, hecha pública hoy, pone fin a la fase de instrucción y ordena el traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, que deberá decidir si formula o no escrito de acusación. En caso afirmativo, el juez dictará auto de apertura de juicio oral y pedirá al investigado la presentación de su escrito de defensa.

El magistrado acuerda además sobreseer la causa en relación con la empresa Estacionamientos Iberpark, que gestionó el servicio desde 2016, y archivar las actuaciones respecto al delito de fraude en la contratación.

Un servicio prorrogado sin licitación

Según detalla el auto, la empresa Iberpark gestionó el aparcamiento público de Santillana del Mar entre 2016 y 2020, tras un contrato inicial que contemplaba dos prórrogas.

Una vez agotadas, el secretario municipal advirtió al alcalde, de manera “reiterada y expresa”, de la obligación de sacar el servicio a licitación, algo que el regidor no llegó a hacer.
El auto recoge que el entonces alcalde justificó su decisión en la ejecución de unas obras de reforma en un aparcamiento y, posteriormente, en la proximidad de las elecciones municipales, alegando que no le interesaba licitar en ese momento y que dudaba “si hacerlo como concesión o gestión directa del servicio”.

Cinco meses después de la primera advertencia, no se había iniciado trámite alguno, lo que llevó al alcalde a suscribir dos contratos menores con la misma empresa “sin transparencia ni publicidad”, por periodos breves y sin informe económico de los técnicos municipales.

Fraccionamiento de contratos y falta de control técnico

El magistrado instructor sostiene que estos contratos menores “se fijaron sobre el límite legal permitido” y se formalizaron “en virtud de lo solicitado por la empresa”, sin que el personal técnico realizara un estudio económico o justificativo.

Añade que esta forma de contratación “eludió los criterios de transparencia y publicidad” y no concurrían razones de urgencia ni excepcionalidad que avalaran dicha vía.

Además, tras finalizar el segundo contrato menor, el exalcalde acordó con la empresa continuar el servicio “en calidad de precarista”, una figura inexistente en el ordenamiento administrativo, según subraya el juez.

En consecuencia, el instructor entiende que “se produjo un fraccionamiento fraudulento de contratos” con el objetivo de “eludir el procedimiento legal de contratación pública”, pese a las advertencias formales del secretario municipal.

El procedimiento queda ahora a la espera de la decisión del Ministerio Fiscal, que determinará si presenta acusación formal por prevaricación administrativa contra el exalcalde.