La Justicia cierra la puerta a evitar la cárcel: las trabajadoras de Sierrallana deberán cumplir su condena por coacciones

La magistrada rechaza de nuevo suspender la pena y advierte del riesgo de que vuelvan a actuar “como grupo de presión” frente a compañeros

02.03.2026.- La titular de la plaza nº 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander ha vuelto a denegar la suspensión de la pena de prisión solicitada por las defensas de las cuatro trabajadoras del Hospital de Sierrallana condenadas hace dos años por delitos de coacciones contra compañeros.

En un auto dado a conocer este lunes, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria, la magistrada desestima el recurso de reforma interpuesto tras la resolución dictada el pasado mes de noviembre. En aquella ocasión ya advirtió de que el hecho de que las condenadas continuasen desempeñando su actividad en el mismo ámbito laboral “genera un riesgo más que evidente de que las conductas puedan reiterarse”, además de situar en una “evidente desprotección” a las víctimas.

Tres de las trabajadoras fueron condenadas a cinco años y dos meses de prisión y al pago de 14.400 euros de multa como autoras de seis delitos de coacciones, mientras que la cuarta fue condenada a tres años y medio de cárcel por cinco delitos de la misma naturaleza, con idéntica sanción económica. Tras abonar las multas, sus defensas solicitaron la suspensión ordinaria o extraordinaria de las penas prevista en el Código Penal.

Sin embargo, la magistrada rechaza esta posibilidad al no apreciar un pronóstico favorable de no reiteración delictiva. Actualmente, tres de las condenadas desempeñan su labor en el laboratorio del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, mientras que la cuarta continúa destinada en Sierrallana, donde coincide con dos de las víctimas, habiendo solicitado ya su traslado al centro santanderino.

La resolución subraya que no puede obligarse a las víctimas a permanecer en Sierrallana por el hecho de que las penadas trabajen en Valdecilla, recordando que en Cantabria únicamente existen laboratorios de anatomía patológica en ambos hospitales, lo que limita las opciones laborales de los perjudicados si las condenadas continúan en activo en cualquiera de ellos.

Asimismo, la magistrada cuestiona que el desempeño en turnos de tarde garantice la inexistencia de contacto con terceros, señalando que en cualquier momento podrían incorporarse otros técnicos, incluidos los afectados, a dicho horario.

Especialmente relevante resulta, a su juicio, el hecho de que la Administración haya concedido a tres de las penadas trabajar conjuntamente en el mismo turno, circunstancia que, según recoge el auto, “favorece de nuevo que actúen como grupo”, del mismo modo que quedó probado que lo hicieron durante once años frente a compañeros y superiores.

Finalmente, la magistrada descarta que la condición de madre de alguna de las condenadas constituya motivo suficiente para acceder a la suspensión de la pena privativa de libertad.