Siete condenados en Cantabria por drogas y venta de coches robados

El principal acusado acepta más de cinco años de prisión tras reconocer los hechos en la Audiencia Provincial

Santander, 28 de marzo de 2026.– La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a siete hombres por delitos de tráfico de drogas y comercialización de vehículos de alta gama robados, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en una audiencia preliminar celebrada en la Sección Tercera.

Todos los acusados reconocieron los hechos y aceptaron las penas solicitadas, que en el caso del principal implicado ascienden a cinco años y ocho meses de prisión, además de una multa de 30.000 euros.

Según los hechos probados, el grupo se dedicaba a la distribución de cocaína y hachís, para lo que contaba con una plantación de marihuana en la provincia de Segovia, con 179 plantas y equipamiento especializado.

De forma paralela, desarrollaban una actividad de compraventa de vehículos robados de alta gama, que trasladaban entre Italia y España tras modificar sus elementos identificativos para ocultar su origen ilícito.

Para dar apariencia de legalidad a estas operaciones, los implicados utilizaron sociedades mercantiles que intervenían en los trámites de matriculación y transferencia de los vehículos, entre ellos modelos de Maserati, Toyota, BMW y Alfa Romeo.

En los registros practicados en viviendas de Castro Urdiales, Barakaldo y Mozoncillo (Segovia), las fuerzas de seguridad incautaron sustancias estupefacientes, material para su preparación y numerosas placas de matrícula.

El tribunal considera acreditados delitos de tráfico de drogas, receptación, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Además del principal acusado, el resto de los condenados han recibido penas que oscilan entre los cuatro años de prisión y los ocho meses, en función de su grado de participación.

En el proceso, la Fiscalía retiró la acusación contra la hermana de uno de los implicados, inicialmente investigada por blanqueo, al entender que no era consciente del origen ilícito del dinero que gestionó.

La sentencia pone fin a la causa mediante conformidad, evitando la celebración de juicio y consolidando las penas acordadas entre las partes.