España ya tiene más empleados públicos que autónomos: ¿síntoma de fortaleza del Estado o señal de desequilibrio?

El número de funcionarios supera en más de 440.000 al de trabajadores por cuenta propia, una situación inédita con importantes implicaciones económicas y sociales.

14 de mayo de 2025. – España cuenta actualmente con 3.591.200 empleados públicos y 3.150.200 trabajadores autónomos, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Seguridad Social. La diferencia supera los 440.000 trabajadores, y marca un punto de inflexión en la estructura laboral del país. Por primera vez de forma sostenida, hay más personas cobrando del Estado que generando su propio empleo, una circunstancia que suscita un debate creciente sobre la sostenibilidad del modelo económico y las prioridades en la política laboral.

Un cambio de tendencia

Durante décadas, los autónomos han sido considerados el motor de la economía, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería, la agricultura o los servicios profesionales. Sin embargo, el crecimiento del empleo público ha sido constante en los últimos años, impulsado por la reposición de efectivos tras años de recortes, el refuerzo de servicios esenciales como sanidad y educación durante la pandemia y, más recientemente, el desarrollo de programas ligados a los fondos europeos.

La ralentización del autoempleo contrasta con esta expansión. Muchos autónomos han abandonado la actividad por la elevada presión fiscal, la inflación, los costes sociales y la falta de relevo generacional. A ello se suma la creciente burocratización y la percepción de inseguridad económica del trabajo por cuenta propia.

Consecuencias del desequilibrio

Este cambio en la balanza laboral tiene implicaciones de fondo:

• Presión sobre el gasto público: Aumentar el número de empleados públicos implica una mayor carga estructural para las arcas del Estado, lo que limita el margen de maniobra en política fiscal. Si el tejido productivo no crece al mismo ritmo, el equilibrio presupuestario se complica.
• Modelo de empleo poco dinámico: Aunque el empleo público aporta estabilidad, no siempre responde con agilidad a los cambios del mercado. Un sector privado fuerte es esencial para la innovación, la competitividad y la generación de riqueza.
• Riesgo de dependencia estatal: Con más trabajadores cobrando del Estado que emprendiendo o invirtiendo, se corre el riesgo de consolidar una economía excesivamente dependiente del sector público, lo que puede desalentar la cultura emprendedora y la creación de valor añadido.
• Impacto en las cotizaciones y pensiones: Los autónomos, además de generar empleo, contribuyen de forma directa al sistema de pensiones. Su reducción a largo plazo puede comprometer la base contributiva del sistema.

¿Replantear prioridades?

Voces del mundo empresarial y académico coinciden en señalar la necesidad de un nuevo pacto por el empleo, que incentive la actividad emprendedora, reduzca las cargas administrativas y fiscales sobre el autónomo y fomente una administración pública más eficiente y digitalizada. No se trata de enfrentar a funcionarios y autónomos, sino de equilibrar un sistema donde ambos perfiles laborales resultan imprescindibles.

En palabras del economista Santiago Carbó, “la clave no está en cuántos trabajan para el Estado, sino en si estamos creando suficiente valor en el sector privado para sostenerlo”. España, en definitiva, se enfrenta a un dilema estructural: reforzar el papel del emprendedor sin debilitar los servicios públicos. Una tarea urgente si se quiere garantizar la sostenibilidad del bienestar y el dinamismo económico del país.