125 aniversario de la Cámara de Comercio de Cantabria

La Cámara de Comercio de Cantabria llega en 2011 a su 125 aniversario. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria tiene su origen, como el resto de Cámaras españolas, en el Real Decreto del 9 de abril de 1886, sancionado por la reina María Cristina, que reconoció estas asociaciones de empresarios en sustitución de las antiguas corporaciones que registra la historia mercantil española, tales como las Juntas de Agricultura, Industria y Tierra, Consulados del Mar y Tierra, etcétera.

El 23 de septiembre de ese mismo año, según consta en el primer libro de actas, se reunieron en la sala de actos del excelentísimo Ayuntamiento de Santander, citados por una comisión nombrada para la constitución de la Cámara de Comercio de Santander, un gran número de comerciantes e industriales, con el fin de aprobar su proyecto de reglamento de régimen interior y elegir a su junta directiva.

Para pertenecer a la Cámara se requería en la citación ser español, comerciante, industrial o naviero por cuenta propia con cinco años de ejercicio, pagar contribución directa al Estado por alguno y contribuir al sostenimiento de la institución con la cuota que se fijaría en el reglamento orgánico.

Los fines que se marcaron fueron, según el «Boletín de Comercio de Santander» de dicha fecha, «pedir o proponer al Gobierno las reformas, beneficiosas para el comercio, la industria y la navegación. Proponer la ejecución de obras o el establecimiento de reformas de los servicios públicos. Dirigir y organizar las exposiciones comerciales y de industrias terrestres o marítimas. Procurar la uniformidad de los usos y prácticas mercantiles. Resolver como jurado las cuestiones o diferencias que sometan a su decisión los comerciantes, industriales o navieros. Fomentar la enseñanza en los ramos aplicaciones de su institución. Deducir entre los tribunales las acciones criminales, para la persecución de los delitos contra sus intereses».

Más tarde, en 1911, Alfonso XIII promulgó la Ley de Bases que confirmó y amplió las funciones públicas que tenían atribuidas desde el principio de su nacimiento las Cámaras, equiparando el sistema con el más extendido en Europa, conocido como sistema continental y basado en la agremiación obligatoria y el pago de una cuota. En 1917 el Ministerio de Fomento creó la Junta Consultiva, que cuatro años más tarde pasó a denominarse Consejo Superior de Cámaras de Comercio. En 1929 se atribuyó a las Cámaras el carácter de instituciones públicas.

En 1969 las Cámaras de Comercio fueron la primera institución española en establecer una delegación permanente en la entonces Comunidad Económica Europea.

En 1993 el Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, la Ley Básica de las Cámaras, reconociendo la importancia de su labor como «instituciones intermediarias en la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación y en la consolidación del tejido económico del país». La Ley de 1993 define a las Cámaras como «Corporaciones de Derecho Público».

A lo largo de sus 125 años de vida, la Cámara de Comercio de Cantabria ha cumplido sus fines de representación y fomento de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, y ha ejercido su papel de consultora de las administraciones públicas en los asuntos que, estando relacionados con la vida económica de la región, afectan a los intereses generales del comercio, la industria y la navegación.
Entre las múltiples actuaciones que ha llevado a cabo se pueden destacar las realizadas a favor del ferrocarril Santander-Mediterráneo, tema en el que, entre otros, convocó y presidió su presidente, Eduardo Pérez del Molino, el 7 de abril de 1933, la llamada Manifestación Monstruo, en la que unos 40.000 santanderinos se manifestaron ante el Gobierno Civil, como protesta a la actitud contraria del Ministerio de Obras Públicas, del que era titular Indalecio Prieto.
Promueve la creación del Depósito Franco de Santander, cuya presidencia ostenta, interviene decisivamente en la electrificación del ferrocarril de Alar-Santander, en la instalación y posterior ampliación del aeropuerto de Santander, en la obtención de la Escuela Oficial de Náutica, en la consecución del Polígono Industrial de Guarnizo, y en la creación de un pabellón de su propiedad en la Feria Internacional de Muestras de Castilla y León, en Valladolid, para exposición en dicha feria de productos de Cantabria, y en todo tipo de gestiones relacionadas con las carreteras y el puerto que, por su gran número y variedad, resultaría imposible detallar.
La trayectoria de la institución, desde 1886, ha atravesado momentos históricos de muy diverso signo y alternativos ciclos económicos de expansión o contracción. Con los lógicos altibajos impuestos por cada circunstancia -y sin embargo- la evolución ha ido cubriendo etapas dando como resultado una hoja de servicios jalonada de hitos sumamente significativos y de objetivos logrados, siempre, gracias al aprovechamiento de los recursos disponibles y a la iniciativa y el empuje de las sucesivas generaciones de empresarios cántabros.

En los últimos años y especialmente después de la Ley 3/93, que consolidaba la naturaleza y funciones de las Cámaras de Comercio, la de Cantabria ha experimentado una profunda transformación, hasta convertirse en una verdadera estructura de servicios a las empresas y a sus asociaciones. Paralelamente, ha adquirido un peso indiscutible en la economía regional, por lo que puede decirse que la Cámara de Cantabria se ha convertido ya en la casa común de todos los empresarios.

Esta Corporación, gestionada por los propios empresarios -elegidos por los distintos sectores productivos de la región-, se configura como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas, administrando recursos públicos y realizando, conforme establece la Ley 3/93, funciones público-administrativas con criterios empresariales, todo ello sometido a un control público del gasto por parte de la Administración Tutelante.

La Cámara de Comercio de Cantabria defiende los intereses del conjunto de las empresas, por cuanto integran en su seno a los representantes de los diversos sectores económicos existentes, teniendo como principales ejes de actuación el apoyo a la competitividad empresarial y el fomento de la internacionalización de nuestras empresas, todo ello desarrollando acciones formativas que mejoren la cualificación profesional del personal de las empresas, elaborando estudios e informes de coyuntura económica, resolviendo controversias entre empresas a través del arbitraje, fomentando y apoyando la creación de nuevas empresas, potenciando la innovación de las empresas y la aplicación de las nuevas tecnologías, promocionando y potenciando las exportaciones del producto cántabro y proporcionando el apoyo logístico necesario a nuestras empresas para la inversión y la participación en ferias y misiones comerciales en el extranjero.

Es importante destacar que las Cámaras de Comercio son las únicas instituciones en España que ofrecen un servicio integral, con personal especializado, de apoyo y servicios a las empresas y, además, mantienen relaciones con todas las Cámaras de Comercio de todo el mundo. Es de las pocas instituciones reconocidas institucionalmente por su importancia clave en el comercio internacional.

Como resumen, es necesario destacar que las Cámaras de Comercio:

– Tienen un papel insustituible en la determinación de los Usos y Costumbres, como elemento de apoyo a la justicia cuando no existe jurisprudencia previa, y también en el arbitraje.

– Son imprescindibles en el funcionamiento del comercio internacional y básicas en la internacionalización de la economía española.

– Las Cámaras de Comercio existen en todo el mundo y se reconocen como instituciones fiables entre sí.

– Juegan un papel muy relevante en el fomento de vocaciones empresariales y en la creación de empresas, en el apoyo a la formación, a la innovación y al turismo.

– Tienen un reconocido prestigio los estudios e informes elaborados a favor de la mejora de la competitividad de la economía.

– Cuentan con una potente red que permite una cercanía a las empresas de la que no dispone ninguna otra institución pública o privada.

– Prestan servicios a más de 500.000 empresas al año.

– Y en general, la función y los servicios que prestan las Cámaras, sobre todo a las pymes, son insustituibles a corto plazo y costosos a medio y a largo.

2010: cambio legal y el futuro de las Cámaras

Como ocurría en el momento de su creación, el 125 aniversario de la Cámara de Cantabria se produce en medio de una generalizada crisis económica de características estructurales. Una crisis que, en lo institucional, y para las Cámaras, también conlleva las consecuencias del Real Decreto Ley del 3 de diciembre de 2010, promulgado por el presidente Zapatero, que sin duda representa una profunda inflexión –aún por resolver en toda su dimensión- que ha de afectar a la estructura y el funcionamiento de las mismas en toda España.

Con la aprobación del Real Decreto-Ley 13/2010 de 3 de diciembre, el modelo vigente de Cámaras de Comercio existente hasta esa fecha cambia radicalmente, por cuanto se modifican los dos aspectos que definen a las Cámaras de la Europa continental: afiliación y cuota obligatoria.

Por primera vez, un cambio legal (que se aplicará progresivamente hasta finales de 2012) eliminará la obligatoriedad de que las empresas paguen cuotas a este organismo. Estas aportaciones suponían la mitad de todo el presupuesto que anualmente maneja la entidad, por lo que su repercusión en la actividad cameral puede ser fundamental.

Si bien el Real Decreto-Ley recoge un periodo transitorio en el pago de las cuotas (2011 para todas las empresas y 2012 para las empresas que facturan más de 10 millones de euros), es evidente que una institución no cambia de la noche a la mañana, aunque sea por decreto, sin poner en peligro todo el bagaje de su actividad, especialmente cuando no se contempla ningún tipo de financiación. (La única red de Cámaras de Europa sin financiación).

Por tanto, siendo conscientes de que, al final, será necesario elaborar una nueva ley que regule la definición y actividades de las Cámaras de Comercio, así como su financiación, entre tanto hay que realizar un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los afectados, las propias Cámaras y las distintas administraciones, tanto la central como la tutelante, para realizar una transición correcta.

Por ello, la estrategia cameral se dirige en dos direcciones. Por un lado, promover una Ley de Cámaras, en la que se va a buscar un amplio consenso con organizaciones empresariales, partidos políticos y administraciones públicas para que sea un texto normativo que perdure en el tiempo, al margen de los avatares políticos. Esperamos que se apruebe al principio de la nueva legislatura y en 2013 ya nos podamos regir por el nuevo modelo.

Pero, hasta que esa Ley esté aprobada y empiece a funcionar, tenemos que sobrevivir y la forma de hacerlo es modernizando nuestras estructuras, metodologías y servicios, haciendo a las Cámaras más eficientes y buscando otras fórmulas de cofinanciación pública para determinados servicios, a través de encomiendas de gestión, convenios y otros acuerdos puntuales.

En el origen de las Cámaras en España estuvo la necesidad de dotar a la economía productiva de organismos representativos, capaces de proponer ideas y de emprender acciones encaminadas a proporcionar a las empresas un marco de acción (normativas, proyectos, estrategias…) adecuado a las necesidades de cada momento. De igual manera, la Cámara de Comercio de Cantabria, en esta nueva etapa, y como cada día desde hace 125 años, va a seguir el mismo Norte: no cejar en el empeño de lanzar iniciativas en aras a modernizar y dinamizar el tejido económico-productivo y colaborar con las Administraciones para que las políticas públicas alcancen su máxima eficiencia en beneficio de las empresas. Ése es el verdadero compromiso.

Santander, 23 de septiembre de 2011