Cantabria presenta alegaciones al anteproyecto de Industria y Autonomía Energética para incentivar la descarbonización

Santander – 19.07.2024

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Energética con el objetivo de introducir mecanismos incentivadores de la descarbonización en la industria.

En concreto, las alegaciones del Gobierno de Cantabria se centran en el artículo del anteproyecto de ley relativo a la protección a la industria intensiva en energía, al objeto de dar certidumbre y preservar la competitividad de la industria española y cántabra en el contexto europeo y global, el Gobierno.

Dicho artículo establece que el Gobierno, de conformidad con la normativa de la Unión Europea, vigilará y velará por que la industria tenga acceso a energía a largo plazo a precios competitivos y estables, con seguridad y certidumbre, reduciendo su exposición a la volatilidad de los mercados energéticos globales.

Para ello, se impulsará el acceso a contratos a largo plazo de energía renovable y se fomentará el autoconsumo, el almacenamiento energético, tanto eléctrico como térmico, entre otras soluciones.

El Gobierno de Cantabria, que mantiene un estrecho contacto con las industrias electrointensivas y calorintensivas a través del departamento que dirige Eduardo Arasti, quiere incorporar a estos mecanismos el impulso a los contratos por diferencias de carbono (CCfD).

La idea que subyace a los CCfD (Carbon Contract for Difference) es que los gobiernos nacionales ofrezcan contratos a largo plazo para pagar la diferencia entre el precio actual del carbono y el coste real de la reducción del CO2.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, explica al respecto que, si bien el debate en torno a las CCfD es relativamente nuevo, están recibiendo un amplio reconocimiento como una de las opciones más prometedoras para descarbonizar la industria.

Los CCfD cubren la diferencia de costes (ligada al coste de reducción del carbono de la tecnología) entre las tecnologías convencionales y las alternativas de baja emisión de carbono, compensando al inversor por las diferencias de coste entre un producto de baja emisión de carbono y un producto convencional de alta emisión de carbono.

Sin estos mecanismos incentivadores de la descarbonización, el uso de gases considerados como renovables, el hidrógeno o el biometano (CH4) no tienen un sentido desde el punto de vista estrictamente económico por su sobrecoste.

Por ejemplo, el biometano es primado en algunos países, lo que facilita el acceso de la industria, mientras que en España su consumo supondría multiplicar el gasto energético frente al precio actual del gas natural.

Siguiendo con el biometano como alternativa de uso industrial de descarbonización por considerarse una fuente renovable en sustitución del gas natural, una industria que consuma 100 GW/año incurrirá en un gasto de 4,48 millones de euros en el caso del gas natural y de ocho millones en el caso de biotmetano, lo que supone una diferencia de más de 3,5 millones de euros, 35,19 €/MWh.