Cantabria rechaza de forma unánime la propuesta de financiación de la futura Política Pesquera que implica una reducción «inasumible» del 67 por ciento del presupuesto

Santander- 13.10.2025

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, en representación del Gobierno de Cantabria, junto a representantes del sector pesquero, han suscrito hoy una Declaración Institucional conjunta en la que manifiestan su rechazo unánime a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Política Pesquera Común (PPC) para el periodo 2028-2034.

En el encuentro celebrado en la sede de la Consejería, con presencia de organizaciones profesionales, cofradías de pescadores y asociaciones del sector artesanal, la Comunidad Autónoma ha fijado una posición común frente al nuevo marco planteado por Bruselas, que contempla un drástico recorte presupuestario y la eliminación del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

La consejera ha calificado la propuesta como «regresiva e injusta con las regiones costeras», alertando de que «una reducción del 67% del presupuesto es absolutamente inasumible para una Comunidad como Cantabria, donde la pesca representa no solo una actividad económica estratégica, sino también un modo de vida ligado a nuestra identidad».

«No podemos permitir que se sustituya un instrumento como el FEMPA, que nos ha permitido diseñar políticas propias, por una fórmula que disuelve la Política Pesquera Común en fondos nacionales dispersos y desiguales»- ha subrayado la consejera- «y esto no solo pone en peligro la sostenibilidad del sector, sino que rompe con los principios de equidad y cohesión que deben regir el proyecto europeo».

La declaración institucional adoptada por unanimidad rechaza frontalmente la propuesta de la Comisión Europea y exige un presupuesto independiente y suficiente, acorde a la relevancia estratégica del sector pesquero, la plena participación de Cantabria en el diseño de la nueva Política Pesquera Común, el mantenimiento de una gobernanza real que garantice la capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas y una simplificación normativa urgente, frente a un sistema actual que califican de sobrerregulado e inviable.

Además, todos han insistido en que la apertura a la financiación nacional «condena a los pescadores en función de la capacidad económica de cada Estado miembro», rompiendo así con la base solidaria de la PPC.

Finalmente, la consejera ha reiterado que el Gobierno de Cantabria continuará trabajando conjuntamente con el sector y con otras Comunidades Autónomas para defender una política pesquera «más justa, adaptada a la realidad y a las necesidades de nuestros profesionales del mar».