Cantabria reitera el compromiso con la protección de los menores migrantes no acompañados y exige al Gobierno de España transparencia, diálogo y responsabilidad

Santander- 05.05.2025

Cantabria ha reiterado en el pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia su compromiso con la protección de los menores migrantes no acompañados, exigiendo al Gobierno de España transparencia, diálogo y responsabilidad.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha defendido una respuesta responsable, coordinada y respetuosa con el interés superior del menor, criticando la improvisación y falta de colaboración del Ejecutivo central.

También ha señalado que «la comunidad autónoma mantiene su voluntad de colaboración, desde la solidaridad y la responsabilidad».

«Cantabria no tiene falta de voluntad», ha asegurado, «Cantabria tiene falta de información del Gobierno de España». Por este motivo, ha exigido al Ejecutivo central una política migratoria transparente y coordinada que busque una adecuada protección de los menores sin poner en riesgo el sistema de protección actual.

En este sentido, ha resumido «la postura firme y constructiva» de Cantabria en la voluntad de cooperar, «pero no a costa de poner en riesgo un sistema de protección que se ha construido durante años con esfuerzo, rigor y compromiso social».

Durante la reunión extraordinaria del pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que ha abordado la situación de los menores migrantes no acompañados y el Plan de Respuesta Solidaria, Gómez del Río ha lamentado que «el Gobierno central no ha presentado datos concretos ni ha atendido las solicitudes de aclaración que le hemos trasladado desde Cantabria».

Además, ha considerado «inaceptable que se estén adoptando decisiones sin información precisa, sin debate previo y sin haber activado los mecanismos ordinarios de coordinación entre administraciones».

Como ejemplo ha explicado que «ante la solicitud de información requerida por las comunidades autónomas no se ha dado absolutamente ningún dato para que pudieran establecer un cronograma»

Ha precisado que las comunidades también han requerido información de los datos establecidos en el Real Decreto necesarios para su aplicación y si el estado ha acogido a los menores solicitantes de asilo que le requirió el Tribunal Supremo el 26 de marzo.

Gómez del Río ha lamentado que el Ejecutivo nacional haya eludido su responsabilidad en materia migratoria: «Ni siquiera ha protegido a los más de 1.000 menores que han solicitado asilo y que el Tribunal Supremo les obliga a atender. En lugar de asumir su competencia, descargan la gestión sobre las comunidades autónomas».

Además, Cantabria ha manifestado su preocupación por el modo en que se ha convocado esta reunión, eludiendo la comisión sectorial previa. «Lo que no vamos a aceptar es que se nos imponga un reparto, y menos aún sin información, ni diálogo, ni financiación», ha subrayado Gómez del Río.

La consejera ha recordado que «desde 2022 se viene reclamando una política migratoria integral, seria y con visión de Estado. Sin embargo, la gestión que estamos viendo hoy no ofrece garantías ni certezas».

Según Gómez del Río, «el sistema de protección de menores requiere planificación, recursos humanos especializados, entornos seguros y capacidad real de integración». Además, ha recordado que «los menores son niños que están huyendo de la pobreza, del hambre y de la violencia» y que merecen ser tratados con dignidad, no como cifras dentro de un algoritmo pactado entre partidos o como mercancía.

La consejera ha finalizado reafirmando la voluntad de Cantabria de ser solidaria en esta crisis. «Vamos a estar a la altura. Aceptaremos acoger menores desde una perspectiva humanitaria y de solidaridad con las comunidades más saturadas. Pero pedimos al Estado que actúe con responsabilidad, que diseñe una política migratoria que trabaje en origen y priorice, como regla general, la reunificación familiar», ha concluido.

Tras dos recesos, la Conferencia Sectorial ha finalizado sin que las comunidades autónomas hayan podido manifestar su voluntad a través de la correspondiente votación.