Cantabria reservará al menos el 10% de determinados contratos públicos para los centros especiales de empleo y las empresas de inserción

Santander- 29.07.2026

El Gobierno de Cantabria dará un nuevo impulso al empleo inclusivo mediante la reserva de al menos el 10% de determinados contratos públicos para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, con el objetivo de que la contratación pública se convierta en un instrumento para generar nuevas oportunidades laborales para las personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, tales como las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, junto con la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha presentado hoy al sector esta medida que aprobará mañana el Consejo de Gobierno en su reunión semanal y con la que la comunidad autónoma cumplirá el mandato legal recogido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que hasta ahora no se había hecho efectivo en Cantabria.

Concretamente, en el encuentro, que ha tenido lugar en la sede del Ejecutivo regional, han participado el presidente de la Asociación de Empresas de Inserción de Cantabria (ACEI), Pedro Tresgallo; el secretario de esta entidad, Carlos Díez; la directora técnica de la Cocina Económica, Luz López, y la administradora de Ecolabora, empresa de inserción social de Cáritas, Ana María Uría.

Buruaga ha destacado el compromiso de su Gobierno para materializar un derecho que los centros especiales de empleo y las empresas de inserción tienen reconocido legalmente desde hace años y que ningún otro Gobierno anterior había desarrollado por «falta de voluntad política».

«Se podría haber hecho mucho antes, pero ha tenido que hacerlo este Gobierno. Hechos, no palabras», ha apuntado.

A su juicio, se trata de una medida de «justicia social» que supone un «gran salto adelante» para las entidades y los centros especiales de empleo, que llevan esperando «demasiado tiempo» que un Ejecutivo regional cumpla con su obligación.

«Hemos dado el mayor salto adelante para las empresas de inserción social de la última década. Esto es gobernar, tomar decisiones valientes en beneficio de la gente. Y qué mejor forma de celebrar las instituciones que ponerlas al servicio de la gente con valentía, con trabajo, con gestión y con humanidad», ha añadido la presidenta.

La instrucción

Según ha explicado, esta iniciativa de la Consejería de Presidencia se articula a través de una instrucción por la que establecen criterios comunes para todos los órganos de contratación de la Administración regional y de su sector público institucional, «garantizando una aplicación homogénea de la normativa sobre contratación reservada»

«La contratación pública tiene la capacidad de transformar la vida de las personas cuando se pone al servicio de objetivos sociales, por lo que cada contrato reservado representa una oportunidad para que personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad accedan a un empleo digno y estable», ha subrayado la presidenta, quien ha asegurado que esta instrucción dota a todos los órganos de contratación de un marco «claro y homogéneo» para cumplir la legislación y «seguir avanzando hacia una Administración que combine la eficacia en la gestión de los recursos públicos con un firme compromiso con la cohesión social».

Así, la normativa establece que cada órgano de contratación deberá reservar, como mínimo, el 10 por ciento del importe anual de los contratos susceptibles de esta modalidad, calculado sobre el presupuesto base de licitación sin IVA correspondiente a los códigos CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública) previstos en la legislación.

Por lo tanto, dichos contratos podrán adjudicarse exclusivamente a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción que cumplan los requisitos legales y cuya actividad contribuya a favorecer la integración laboral de personas con discapacidad y de personas en situación o riesgo de exclusión social.

La reserva podrá aplicarse a numerosos ámbitos de actividad, tales como servicios de limpieza, jardinería, mantenimiento, lavandería, imprenta, hostelería y catering, servicios sociales, gestión forestal, trabajos administrativos o almacenamiento, ampliando las posibilidades de participación de la economía social en la contratación pública.

La instrucción incorpora, además, mecanismos de seguimiento para comprobar anualmente el grado de cumplimiento de la reserva por parte de todos los órganos de contratación del Gobierno de Cantabria, permitiendo evaluar el impacto de esta política pública y avanzar en su mejora continua.

Con esta medida, ha apuntado María José Sáenz de Buruaga, «el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por una contratación pública estratégica que no solo garantice la prestación eficiente de los servicios públicos, sino que contribuya también a generar empleo, fortalecer la economía social y promover una sociedad más inclusiva e igualitaria».

«Noticia extraordinaria»

En representación del sector, Pedro Tresgallo ha calificado de «extraordinaria» la noticia que hoy les ha comunicado la presidenta Buruaga, a quien ha agradecido su «voluntad política» para desarrollar en Cantabria esta normativa que va a permitir «ofrecer más puestos de trabajo y dar oportunidades a las personas que más lo necesitan».

Tresgallo se ha mostrado «plenamente satisfecho» con una medida que las entidades del sector llevan esperando nueve años y que, además de los beneficios que reportará a este colectivo social, servirá también para que las empresas de inserción ganen en «estabilidad y fortaleza».

«Empezamos un nuevo tiempo y estamos muy esperanzados e ilusionados», ha dicho.