Cantabria tendrá en 2027 un presupuesto «expansivo y responsable», con partidas récord en sanidad, educación y servicios sociales, y la vivienda como «capítulo estrella»

Santander- 28.10.2026

Cantabria contará en 2027 con un presupuesto «expansivo y responsable», que ascenderá a 4.136.542.116 euros, y será «el más más solidario y social» de la historia, con partidas récord en salud, educación y atención a la dependencia, y con las políticas de vivienda como «capítulo estrella». Además, contiene subidas significativas en fomento del empleo, I+D+i y en sectores productivos estratégicos.

«Estamos ante un presupuesto que nos va a permitir seguir fortaleciendo nuestros servicios públicos esenciales», que concentran el 73% del presupuesto autonómico, y a la vez va encaminado a «la modernización de nuestro tejido productivo, impulsando la inversión en obra pública e infraestructuras y las políticas públicas de vivienda». De hecho, el capítulo de inversiones ascenderá a 463 millones de euros, 20 millones más que en 2026.

Así lo ha explicado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, tras registrar en el Parlamento autonómico el proyecto de ley de Presupuestos, que ha aprobado esta mañana el Ejecutivo de Buruaga en un Consejo de Gobierno extraordinario.

Las cuentas públicas para 2027 serán «las más ambiciosas de la historia» y las últimas de esta legislatura, y su presentación se produce en un periodo preelectoral por la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, una circunstancia que, a juicio del consejero, «va a complicar aún más la negociación presupuestaria», a la que, no obstante, el Gobierno de Cantabria «no va renunciar». «Vamos a cumplir con nuestra obligación porque eso ha sido y es bueno para Cantabria», ha asegurado.

Ha explicado que este presupuesto crece en 319 millones de euros, es decir, un 8,36% respecto al de 2026, y la capacidad de gasto de las consejerías del Gobierno de Cantabria -el gasto no financiero- ascenderá a 3.705 millones de euros, lo que supone 288 millones de euros más que el ejercicio anterior.

Agüeros ha recordado que no contará con los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que en 2026 supusieron 108 millones de euros para la comunidad autónoma, y que continúan con la «bajada histórica de la deuda pública», con una previsión de cierre de 2027 inferior a 3.200 millones de euros, con una ratio sobre PIB por debajo del 16%.

«Por cuarto año, hemos gestionado con rigor y no hemos generado ni un solo euro de deuda», frente a la ratio de deuda superior al 22% del PIB al comienzo de la legislatura. «Son unos presupuestos para hoy pero también para mañana», ha valorado.

Para el titular de Economía, este presupuesto responde a «las necesidades de los cántabros», ya que ayudará al Gobierno a seguir «reforzando los servicios públicos esenciales y que su calidad llegue a las zonas rurales y a los colectivos más vulnerables», evidenciando que «los avances sociales no son algo exclusivo de una ideología».

Por eso, la Consejería de Salud será la que más crezca, con 141 millones de euros más, hasta llegar a un presupuesto de 1.456 millones de euros, y el SCS sube su partida un 9,89%, por encima del crecimiento medio del presupuesto cántabro, con lo que el peso de la sanidad en el presupuesto cántabro asciende al 34% frente al 30% de 2023.

Siguiendo con los servicios públicos esenciales, el departamento de Educación, Formación Profesional y Universidades contará con un presupuesto de 847,6 millones de euros, 67 millones de euros más, y la Consejería de Inclusión Social (cerca de 26,1 millones de euros) junto con el ICASS (341 millones de euros) alcanzan los 367 millones de euros, es decir, un 12,4% más que en 2026.

Además, el consejero ha destacado que las políticas de vivienda registran «el mayor incremento de la historia» y, así, la partida de la Dirección General sube un 67% con recursos propios en el contexto de la Consejería de Fomento que roza los 315 millones de euros de presupuesto.

El titular de Economía ha explicado que el Presupuesto regional también está orientado a la modernización del tejido productivo con una inversión en I+D+i que sigue creciendo «significativamente» y con un gasto en la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio de 221,7 millones de euros, con un incremento importante también en las políticas de fomento del empleo.

Agüeros, que ha iniciado su intervención recordando a las víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, ha explicado las cuentas acompañado del director general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, Fernado Olaiz, de la secretaria general de la Consejería de Economía, María Jesús Vicente.

Ha reconocido y agradecido las aportaciones que han llegado desde el Consejo del Diálogo Social, con cerca de un 70% de las 58 alegaciones ya incorporadas al proyecto de ley de Presupuestos, «enriqueciendo el texto inicial», y se ha mostrado abierto a analizar el resto durante la tramitación parlamentaria para su posible incorporación vía enmienda.

Presupuesto por Consejerías

La Consejería de Salud y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) vuelven a acaparar la partida de gasto más importante con un total de 1.456 millones de euros, un 13,8% más que este año. El objetivo, según ha dicho Agüeros, fortalecer el sistema y ofrecer a los cántabros mejores servicios, más prevención y una salud más cercana.

El consejero ha explicado que el presupuesto del SCS crece un 9,89%, por encima, incluso, del crecimiento general de las cuentas, y acumula un incremento en esta legislatura del 37%. Si en 2023 la sanidad representaba el 30% del presupuesto de Cantabria, en 2027 ese porcentaje se eleva hasta el 34%.

Entre otras actuaciones incluidas en el presupuesto sanitario, se ha referido al Parque de la Salud, la culminación del edificio de la protonterapia en Valdecilla, los nuevos centros de salud de Polanco, Suances y Piélagos, o las ampliaciones de los hospitales de Sierrallana y Laredo, además de las mejoras retributivas pactadas con los profesionales.  

En segundo lugar, por volumen de gasto, está la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, que contará con un presupuesto de 847,6 millones de euros, un 8,5% más, para seguir mejorando el sistema con «más y mejor educación», impulsar la formación para el empleo y apoyar el talento local.

Aquí destaca la adecuación salarial del personal docente, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con la Junta de Personal, y la ejecución del plan de inversiones en infraestructuras, entre las que se encuentra el Conservatorio de Torrelavega.

Y, en tercer lugar, está la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, junto con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que suman un presupuesto de 367 millones de euros, un 10,62% más, para avanzar hacia una Cantabria más inclusiva e igualitaria, con familias más protegidas y con más oportunidades para la juventud.

Luis Ángel Agüeros ha resaltado, especialmente, la reducción anunciada por la presidenta Buruaga de los copagos en los servicios de dependencia, que bajarán un 20% en la ayuda domiciliaria, atención residencial y centros de día en 2027.

En conjunto, salud, educación y dependencia se llevan 7,3 de cada 10 euros del presupuesto.

Por su parte, la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente dispondrá de un presupuesto de casi 315 millones de euros, que incluye «la mayor subida de la historia en vivienda», un 67%, para aumentar la oferta de vivienda y facilitar el acceso de los cántabros a un hogar.

El consejero ha avanzado que se incrementa un 22,2 % el bono alquiler joven y se destina un 68% más para la ayuda de compra y construcción de vivienda. Asimismo, se apuesta por reforzar el Seve Ballesteros con más rutas y más frecuencias.

El departamento de Industria, Empleo, Innovación y Comercio contará con una partida total de 221,7 millones de euros, 3 millones más que en 2026, con el fin de impulsar la competitividad del sector productivo cántabro y fortalecer la I+D+i, cuya inversión sube de 93,8 a 114 millones de euros.

Por otro lado, el presupuesto de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa alcanzará los 170,7 millones de euros, un 4,95% más que en 2026. Unas cuentas que, entre otras prioridades, harán hincapié en la apuesta por el municipalismo, con un incremento del Fondo de Cooperación de más de 1 millón de euros hasta alcanzar los 20,5 millones de euros, y también por la seguridad, con un Servicio de Emergencias dotado con 18,29 millones de euros, lo que permitirá incorporar 35 bomberos más en plantilla para garantizar una guardia mínima de cinco efectivos. 

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación subirá también un 9,1% y contará con un presupuesto de 133,9 millones de euros, encaminado a garantizar el relevo generacional, apoyar a los profesionales, mejorar la viabilidad de las explotaciones ganaderas, contribuir al desarrollo racional y sostenible del sector pesquero, y fijar población en el mundo rural.

Cultura, Turismo y Deporte tendrá en 2027 un presupuesto de 96 millones de euros, un 2,64% más. Este incremento se suma a las subidas de los años anteriores y está orientado, principalmente, a potenciar los recursos humanos para atender prioridades estratégicas.

En este sentido, el consejero ha subrayado la dotación completa de puestos para reforzar el sistema de inspección turística y el fortalecimiento de la plantilla del área de Cultura para hacer frente a las necesidades del traslado y la puesta en marcha del MUPAC.

Por último, la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos dispondrá de un presupuesto de 51 millones de euros para seguir impulsando una economía más fuerte y una gestión responsable de los recursos públicos.

Previsiones prudentes y nueva bajada de impuestos

El consejero de Economía ha explicado que, una vez más, el presupuesto regional se basa en «previsiones prudentes y una estimación de ingresos y gasto real y transparente», y que, por cuarto año, se ha encontrado «con las mismas trabas y dificultades» derivadas de la falta de presupuesto en el conjunto del país, «un hecho inédito en la historia democrática de España», al cerrar la legislatura sin haber aprobado ni un solo Presupuesto General del Estado.

Además, ha asegurado que estos presupuestos «mantienen la continuidad en la política de bajada de impuestos que facilita el crecimiento económico» y porque «ahora más que nunca es imprescindible cualquier medida de alivio a los bolsillos de los ciudadanos», como recoge el proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que también ha registrado esta mañana junto al del presupuesto regional, y que la presidenta avanzó el pasado lunes.

Entre las medidas más importantes de esta nueva rebaja fiscal, destaca la deflactación del 5% en la tarifa autonómica del IRPF, los mínimos personales y familiares, y las deducciones autonómicas, una medida que beneficia a todos los contribuyentes «sin excepción» y que implicará un ahorro de 25 millones de euros.

Además, en el caso de las deducciones supone ampliar las cuantías deducibles por las 84.000 deducciones que se aplican en cada ejercicio, con lo que unos 9.000 contribuyentes más podrán beneficiarse de deducciones como las de gastos por enfermedad o las dos que han entrado en vigor en 2026 para fomentar el ejercicio y la práctica deportiva y abrir una cuenta vivienda.

Esta deflactación se suma a la reforma del IRPF que el Ejecutivo llevó a cabo en 2024 y que en la práctica supuso también una deflactación del 5%, con lo que se habrá compensado «con creces» el efecto de la inflación en esta legislatura.

La vivienda centrará el segundo bloque de medidas fiscales, elevando de 36 a 40 años la edad límite para aplicar las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual, por adquisición de vivienda y por las aportaciones a la cuenta vivienda, y el tercer bloque responderá a «la estrategia económica que el Gobierno viene desarrollando durante toda la legislatura para generar actividad económica y empleo, atrayendo y reteniendo talento e impulsando el emprendimiento y la innovación».

Para ello, el Ejecutivo de Buruaga ha decidido duplicar el porcentaje de deducción en el IRPF de un 15 a un 30% por inversión en nuevas empresas, multiplicando los límites hasta 9.000 euros cuando se trate de empresas innovadoras o participadas por universidades u organismos de investigación.

También incrementará la cuantía de las deducciones para compensar los gastos de desplazamiento y permanencia de nuevos residentes en Cantabria hasta el 40% de los gastos con un máximo de 5000 euros si el contribuyente es menor de 36 años, ha tenido su residencia habitual en Cantabria con anterioridad, y cuando el traslado sea por motivos laborales para desarrollar trabajos especialmente cualificados en empresas cuya actividad sea la innovación tecnológica, las actividades relacionadas con proyectos dentro del ámbito del desarrollo sostenible y de la protección y mejora medioambiental, las actividades que se presten para entidades que se consideren empresas innovadoras o cuando se trate de Proyectos Empresariales Estratégicos.

Junto a este cambio fiscal, el Gobierno ha incluido en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados un tipo reducido del 7% «para premiar a quienes invierten, crean empleo y mantienen su compromiso con Cantabria, apoyar a los autónomos y garantizar el relevo generacional en las empresas».

Este tipo reducido se aplicará en las compras de inmuebles destinados a usos productivos en polígonos industriales, parques empresariales o centros tecnológicos, siempre que el empresario mantenga la actividad y el domicilio fiscal en Cantabria durante cinco años y que incremente su plantilla y la mantenga durante al menos tres; al inicio de una nueva actividad económica en Cantabria, siempre que se mantenga también durante cinco años y que se contrate al menos a un trabajador a jornada completa, y los adquiridos por beneficiarios de ayudas al autoempleo, con un tipo reducido en ambos casos del 4 % cuando el inmueble se encuentre en alguno de los municipios afectados por riesgo de despoblamiento.

Además, se incluyen tres nuevas deducciones para gastos en residencias de 24 horas de personas mayores y centros de día que no se están beneficiando de la ley de dependencia, por gastos ejecutados para la prevención de los incendios forestales y por las ayudas recibidas por las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1950-1985.