Cantabria vuelve a las aulas entre novedades educativas y un inicio de curso marcado por las protestas

Las clases comenzarán el 8 de septiembre para Infantil y Primaria y un día después para ESO, Bachillerato y FP, mientras docentes y familias reclaman más profesorado, menos alumnos por aula y mayores recursos para la enseñanza pública
Santander, 3 de septiembre de 2026.– Cantabria afronta el comienzo del curso escolar 2026-2027 con un calendario escalonado, nuevas medidas educativas y un clima de tensión entre la Consejería de Educación y una parte de la comunidad educativa. La reducción de plantillas denunciada por los sindicatos, la bajada de las ratios y la regulación de las actividades complementarias y extraescolares se encuentran entre los principales asuntos que marcarán la vuelta a las aulas.
Los centros docentes comenzaron oficialmente su actividad el pasado 1 de septiembre, aunque el alumnado regresará progresivamente durante las próximas semanas.
Los primeros en volver serán los estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, que iniciarán las clases el martes 8 de septiembre. Un día después, el miércoles 9, será el turno del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
Las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza comenzarán el 16 de septiembre, la misma fecha establecida para Artes Plásticas y Diseño y Educación Permanente de Personas Adultas. Las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial arrancarán el 18 de septiembre y las Enseñanzas de Idiomas lo harán el 5 de octubre.
El curso contará con 175 días lectivos. Las clases finalizarán el 23 de junio de 2027 para Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que el alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional concluirá el 24 de junio.
Durante septiembre y junio, Infantil y Primaria tendrán horario reducido. Los centros podrán organizar actividades gratuitas hasta las 14.00 horas y se mantendrán servicios como el comedor y el transporte escolar.
El calendario conserva la distribución del curso en seis periodos lectivos separados por cinco descansos: comienzos de noviembre, Navidad, Carnaval, Semana Santa y mayo.
Esta organización no cuenta con el respaldo de todos los sindicatos. ANPE ha cuestionado el desequilibrio existente entre algunos de los periodos y sostiene que la Consejería aprobó el calendario sin incorporar las modificaciones planteadas durante la negociación.
Entre las novedades del nuevo curso destaca también el programa Concha Espina, destinado a financiar la primera matrícula en la Universidad de Cantabria para estudiantes empadronados en la comunidad.
La iniciativa dispone de una partida de 1,6 millones de euros y, según las previsiones de la Consejería, podría beneficiar a entre 1.700 y 1.800 alumnos, aproximadamente el 80% de los estudiantes cántabros que acceden por primera vez a la Universidad de Cantabria.
El Gobierno regional ha anunciado además las becas de excelencia María Blanchard, dotadas con 300.000 euros, una ampliación de la oferta de Formación Profesional y la reducción de las ratios en cuarto curso de Primaria.
El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha expresado su deseo de que el curso pueda comenzar con normalidad y ha defendido que existen “buenas novedades” para este año académico.
La valoración de las organizaciones sindicales es, sin embargo, muy diferente. ANPE ha calificado el inicio de curso como “especialmente preocupante” y denuncia una negociación colectiva paralizada en cuestiones como la reducción de ratios, la disminución de la burocracia o las actividades extraescolares.
Según los datos difundidos por el sindicato, el curso comenzará con 108 puestos docentes menos en Infantil y Primaria, el cierre de más de 70 unidades en centros públicos y una reducción del 25% de los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
La presidenta de ANPE Cantabria, Rus Trueba, considera que el descenso de la natalidad debería haberse utilizado para reducir el número de alumnos por aula, reforzar los apoyos y mejorar la atención a la diversidad, en lugar de traducirse en una reducción de las plantillas.
Otro de los principales focos de conflicto se encuentra en las actividades complementarias y extraescolares. Los representantes docentes reclaman una mayor seguridad jurídica y han planteado la posibilidad de mantener una huelga de estas actividades durante el curso si no se alcanzan avances en la negociación.
Silva sostiene que las salidas escolares ya disponen de un marco jurídico, aunque se ha mostrado dispuesto a revisar y mejorar su regulación. El consejero ha anunciado su intención de intensificar el diálogo con los sindicatos y el resto de la comunidad educativa para tratar de evitar una protesta que, según advierte, podría perjudicar especialmente al alumnado más vulnerable.
El malestar tendrá su primera expresión en las calles antes incluso de que comiencen las clases. La nueva Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria ha convocado una manifestación para este sábado, 5 de septiembre, a las 12.00 horas, en Santander.
La movilización partirá de la sede de la Consejería de Educación, en la calle Río de la Pila, y finalizará en la plaza de Correos después de pasar por la sede del Gobierno regional en Peña Herbosa.
La plataforma reúne a CCOO, STEC y ANPE, el Frente de Estudiantes y 15 asociaciones de madres y padres de colegios e institutos.
Entre sus reivindicaciones se encuentran una planificación educativa a largo plazo, un incremento sostenido de la inversión en educación pública, el refuerzo de las plantillas y la gratuidad efectiva de servicios como comedores, transporte, actividades complementarias y materiales didácticos.
También reclama revisar los conciertos con centros privados y frenar la externalización de determinados servicios escolares.
Cantabria afronta así una vuelta a las aulas en la que las nuevas medidas anunciadas por la Administración convivirán con las reivindicaciones de docentes y familias. El desarrollo de las negociaciones durante las próximas semanas será determinante para comprobar si el conflicto educativo se mantiene o si ambas partes consiguen acercar posiciones una vez iniciado el curso.