Casares muestra su apoyo a las 107 familias de Hermanos Calderón, aunque la solución inmediata planteada no supera el Congreso

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha trasladado este viernes su “apoyo y solidaridad” a las 107 familias inquilinas de las viviendas de alquiler asequible de la calle Hermanos Calderón, en Santander, afectadas por la adquisición de los inmuebles por parte de un fondo de inversión.

Casares mantuvo un encuentro en la Delegación del Gobierno con una representación de las familias y con su abogado, Juan Manuel Brun, en el que se abordó la situación de unos vecinos que llevan años residiendo en estas viviendas.

El delegado se comprometió a trabajar en diferentes vías para tratar de encontrar una solución que permita, en sus palabras, “evitar que les expulsen de sus casas”.

Durante el encuentro, celebrado antes de conocerse el resultado de las votaciones parlamentarias, Casares señaló como una de las posibles soluciones inmediatas la aprobación en el Congreso de las medidas sobre vivienda impulsadas por el Gobierno de España.

Según explicó, su aprobación habría permitido ampliar la protección de los inquilinos y dar continuidad a sus contratos de alquiler.

Sin embargo, las medidas planteadas por el Gobierno no obtuvieron finalmente el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados, por lo que esta vía no podrá aplicarse en los términos planteados por Casares durante la reunión.

La situación obliga, por tanto, a centrar ahora la atención en las restantes alternativas planteadas para las familias de Hermanos Calderón.

Entre ellas, Casares señaló la posibilidad de estudiar la adquisición de las viviendas mediante los instrumentos contemplados en el Plan Estatal de Vivienda, de manera que pudieran mantenerse destinadas al alquiler asequible.

El delegado recordó que estos fondos permiten a comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas de vivienda desarrollar actuaciones dirigidas a incrementar y proteger el parque de vivienda asequible.

Casares también se comprometió a trasladar al Ministerio de Vivienda y Casa 47 toda la información sobre la situación de las familias y a promover una reunión para analizar el caso y estudiar posibles medidas.

Además, aseguró que intermediará para intentar que la Obra Social La Caixa reciba y escuche a los afectados.

Otra de las vías abordadas durante el encuentro es una iniciativa legislativa planteada por la representación legal de los vecinos.

La propuesta pretende que los fondos de inversión que adquieran viviendas que hayan contado con algún tipo de protección pública y lo hagan por debajo del precio de mercado estén obligados a mantenerlas destinadas al alquiler asequible.

Casares consideró que esta iniciativa puede complementar otras medidas en materia de vivienda y aseguró que la trasladará al Gobierno para estudiar su posible desarrollo.

El delegado del Gobierno puso también el foco en la situación personal de los residentes en estos bloques, donde, según explicó, viven familias con menores, personas con discapacidad y hogares con bajos ingresos.

Las viviendas fueron promovidas inicialmente bajo una fórmula de alquiler asequible y posteriormente sorteadas entre vecinos de Santander.

Tras la adquisición de los inmuebles por un fondo de inversión y ante la incertidumbre sobre la continuidad de los contratos, las 107 familias continúan buscando una solución que les permita permanecer en sus viviendas.

Con la vía de las medidas estatales planteadas este viernes descartada tras su paso por el Congreso, quedan ahora pendientes las gestiones anunciadas ante el Ministerio de Vivienda, La Caixa y las administraciones competentes, así como el estudio de otras alternativas que permitan mantener el carácter asequible de las viviendas.