El Gobierno autonómico pide a la CEOE su apoyo ante necesidad y urgencia de la ley de simplificación administrativa

Santander – 09.09.2024

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha presentado hoy el anteproyecto de ley de simplificación administrativa a la junta directiva de la CEOE-CEPYME Cantabria, en una intervención en la que ha solicitado a la organización empresarial que sean «aliados» del Gobierno y presten su apoyo ante la necesidad y urgencia de una norma que va a convertir a la Comunidad en una de las comunidades «con menos burocracia de España».

«Depende de ella nuestra competitividad, nuestro futuro y el crecimiento de Cantabria», ha señalado la consejera de Presidencia, quien ha considerado que el Ejecutivo presidido por María José Sáenz de Buruaga ha presentado el «texto más innovador, atrevido y revolucionario» en la materia con un gobierno que tendrá a partir de ahora un papel «facilitador» y ya no será «un freno».

«Necesitamos vuestra ayuda y vuestro apoyo porque es necesario que esta ley esté aprobada cuanto antes», les ha dicho Urrutia a los empresarios cántabros. Según la consejera, tras el periodo de alegaciones, cuyo plazo concluirá el 17 de septiembre, el Gobierno prevé aprobar el proyecto de ley a comienzos del mes de octubre para su posterior remisión al Parlamento y que cuente con el máximo consenso.

En este sentido, Urrutia ha afirmado que la futura ley de simplificación administrativa es «de todos», dado que nace del «diálogo, la escucha y el trabajo conjunto con la sociedad cántabra», y ha recordado el apoyo de los alcaldes de los municipios en un reciente encuentro, que también «quieren y defienden este proyecto con nosotros». Y es que la futura norma será de aplicación en la Administración de Cantabria y también en los ayuntamientos, con sus respectivos sectores públicos.

Con su aprobación, ha insistido Urrutia, no solo va a mejorar la gestión pública, sino también fortalecerá el desarrollo económico y social de la Comunidad en beneficio de todos los ciudadanos. «Nos va a convertir en una Administración más ágil, segura y eficaz y, sobre todo, en una herramienta de colaboración con empresarios y autónomos. Sin empresas no hay crecimiento económico ni empleo», ha remarcado la consejera de Presidencia en su intervención.

En este contexto, ha desgranado uno a uno todos los avances que supondrá la norma, como «imán para la inversión», entre las que ha citado el principio de unidad de mercado, la creación de un marco de tramitación preferente para fomentar inversiones empresariales y proyectos estratégicos, la unidad aceleradora y un conjunto de medidas de carácter transversal «de gran impacto» para agilizar los procedimientos ante el Gobierno de Cantabria, como es el caso de la declaración responsable para el inicio de una determinada actividad.

En este punto, Isabel Urrutia ha señalado que la reducción de trámites y tiempos es «espectacular» para el titular de la actividad, si bien ha querido dejar claro que se mantienen los mimos requisitos y se incorpora, además, un régimen sancionador en materia de falsedades u omisiones. «Es un enorme salto hacia adelante para combatir la hiperregulación y la atrofia administrativa al que seguirán más», ha asegurado la consejera ante los representantes de los empresarios cántabros.

Conde: «Es una de las leyes más importantes de Cantabria»

Por su parte, la junta directiva de la CEOE, encabezada por el presidente, Enrique Conde, y la directora de la organización, Isabel Cuesta, han respaldado los avances y beneficios para la actividad empresarial y económica, y han alabado especialmente la celeridad del Ejecutivo en presentar el anteproyecto de ley.

Según Conde, se trata de «una de las leyes más importantes de la Comunidad Autónoma», responde a una de las principales demandas de la patronal y plantea un «enfoque valiente», propicio, ha dicho, para la inversión y la generación empleo y también para «proteger» a la propia Administración autonómica.

Por eso, ha defendido sacar adelante esta ley, basada «en la demanda de todos los sectores», y que posteriormente se podrá ir completando y mejorando con otras normas, al igual que lo ha hecho la comunidad andaluza.

Principales medidas transversales y económicas

El primer bloque de la futura ley de simplificación administrativa, actualmente en periodo de información pública, se compone de un conjunto de medidas de carácter transversal, diseñadas para agilizar los procedimientos y facilitar una gestión más eficiente de los recursos, tales como el deber de las administraciones de promover la simplificación, la implantación del silencio administrativo positivo, la utilización con carácter general de la comunicación y la declaración responsables en sustitución de las licencias y autorizaciones, la gestión coordinada de procedimientos y la simultaneidad de trámites y emisión de informes, la conservación de trámites administrativos previos, la regulación de las entidades colaboradoras de certificación y la utilización general de herramientas informáticas para la gestión a través de expedientes electrónicos.

Junto a todo ello, se añade la posibilidad de poder continuar con la tramitación del procedimiento administrativo- incluida su resolución y finalización- cuando un órgano no haya emitido en plazo un informe que es preceptivo, pero no vinculante.

Además, se prohíbe de forma expresa exigir al interesado la presentación de documentos que no son necesarios o que ya obran en poder de la Administración; se simultanean las solicitudes y el devengo de tasas, cuando sea obligatorio el pago de la misma, y se incluye, como novedad, el pago a través de móviles directos (bizum).

Igualmente, la norma introduce la figura de las entidades colaboradoras de certificación para dar mayor garantía y seguridad jurídica a los trámites. Colegios profesionales o personas jurídicas legalmente constituidas, previamente acreditadas por la Administración, podrán certificar la verificación de la documentación que los interesados deban presentar ante las administraciones públicas.

La ley consagrará también el principio de unidad de mercado de tal forma que las disposiciones, actos y medios de intervención relacionados con la actividad económica en el resto del territorio nacional, tendrán eficacia y serán válidos en Cantabria sin necesidad de nueva autorización.

En el ámbito económico, también se crea un marco de tramitación preferente para fomentar la actividad productiva y el empleo, mediante la declaración de inversiones empresariales de carácter estratégico y la creación de una oficina aceleradora de proyectos.

La declaración de interés estratégico llevará asociada una serie de efectos positivos, como el impulso preferente en la tramitación, la reducción de plazos a la mitad en los procedimientos para obtener las autorizaciones necesarias para su ejecución, preferencia para acceder a incentivos a la inversión y a líneas de financiación y avales, junto a la posibilidad de articular subvenciones en régimen de concesión directa, entre otros.

Reformas legales

El segundo bloque de la Ley introduce modificaciones concretas de 41 normas de nuestro ordenamiento jurídico y un total de 159 mejoras en procedimientos relacionados con gran variedad de materias. En concreto, se modifican leyes (21), decretos (16) y órdenes (4), a requerimiento de la propia ley de simplificación.

Finalmente, completan este cuerpo legal asuntos en materia de transformación digital, no sólo la Administración electrónica sino también sobre inteligencia artificial al servicio de la simplificación y agilización de trámites. Se incluye un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la misma.