El Gobierno de Cantabria aprueba un primer paquete de 34 medidas, que movilizará más de 48 millones para paliar los efectos de la crisis de Oriente Medio en Cantabria

Santander- 23.04.2026

El Gobierno de Cantabria ha aprobado un primer paquete de 34 medidas, «realista y preparado para adaptarse a un contexto cambiante», que movilizará más de 48 millones de euros, para paliar los efectos de la crisis de Oriente Medio en Cantabria y proteger a las familias, apoyar a las empresas y garantizar que la Comunidad Autónoma siga creciendo, «incluso en un escenario internacional tan complejo».

Para ello, el paquete de medidas se estructura en ocho bloques para dar respuesta a las necesidades de vigilancia, asistencia y coordinación; liquidez y financiación; exportación y promoción; reducción del impacto de los costes energéticos y el incremento de precios; el apoyo al comercio minorista; la protección social; las reivindicaciones al Estado, y la simplificación administrativa y la flexibilidad en las tasas.

A este importe habría que añadir la cantidad del orden de 22 millones de euros que Cantabria está aportando de los presupuestos de la Comunidad Autónoma como resultado de las medidas incluidas en el Real Decreto Ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, en vigor hasta el 30 de junio, dado que entre dichas medidas se incluyen bonificaciones fiscales que implicarán una reducción de ingresos en Cantabria por el importe señalado.

Así lo han anunciado hoy los consejeros de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, y de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, durante su comparecencia ante los medios de comunicación para explicar un paquete de medidas que se ha elaborado desde el diálogo con los sectores y que moviliza recursos «desde el primer momento» con el objetivo «claro» de proteger a las familias, apoyar a las empresas de la región y garantizar que Cantabria siga creciendo, «incluso en un escenario internacional complejo».

El consejero de Economía ha destacado que las medidas contenidas en este paquete, tanto las nuevas deducciones fiscales contenidas en el Presupuesto que se aprobará el próximo lunes (centradas principalmente en las enfermedades raras, en las familias, en las viviendas de alquiler y en el acceso de los jóvenes a la vivienda habitual) como las medidas directas a los sectores afectados (planes de empleo para mayores, incremento de un 63% de los fondos destinados a vivienda, ayudas a las conserveras y a los barcos pesqueros, mejora de las cantidades dirigidas a las entidades sociales…) «serán el motor que permitirá a las familias de Cantabria afrontar con más fortaleza los efectos de este conflicto bélico, siendo estas medidas el complemento idóneo para ello».

Por su parte, el titular de Industria ha explicado que este primer paquete se concibe como «un marco dinámico que iremos actualizando en función de cómo evolucione el contexto internacional», al tiempo que ha puesto en valor la celeridad con la que ha actuado el Gobierno de Cantabria con la creación del Comité de Coordinación y la puesta en marcha de unas medidas que viene a complementar las estatales que, en su opinión, «ya se han quedado cortas», especialmente las referidas a la fiscalidad energética y a las bonificaciones a los combustibles.

Arasti ha considerado que las medidas planteadas por el Gobierno de España «deberían ser permanentes», como es el caso de la bonificación del 80 por ciento en los peajes de acceso a las redes eléctricas para la industria electro intensiva, que actualmente está limitada a 2026, «pese a responder a un problema estructural».

También ha vuelto a lamentar que el Estado no haya incluido medidas urgentes como el aumento de las compensaciones por emisiones de dióxido de carbono hasta el 25 por ciento del total recaudado, que es el máximo permitido por la normativa europea.

En este sentido, ha defendido que la propuesta del Gobierno de Cantabria para tener un precio competitivo de la energía eléctrica es la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, reducir la carga impositiva de las centrales nucleares a los niveles europeos y la minoración o eliminación de los peajes, cargos e impuestos que generan una brecha competitiva.

Un plan con 34 medidas

Estructurado en ocho ejes, el paquete consta de un primer bloque, dotado con recursos propios, destinado a la vigilancia, la asistencia y la coordinación y entre sus medidas, destaca la creación de un comité de coordinación para compartir información y analizar el impacto de la guerra en los sectores afectados; el establecimiento de un canal de comunicación en la web de SODERCAN, para recoger los impactos económicos y sistematizar demandas y propuestas de los sectores; canalizar medidas y reivindicaciones al Gobierno de España, y organizar reuniones con los sectores más expuestos para identificar impactos reales, priorizar necesidades y acordar respuestas rápidas.

El segundo bloque está dotado de 22,5 millones de euros y está destinado a la liquidez y la financiación, con préstamos por parte de SODERCAN por un importe total de 4 millones de euros para empresas con necesidades de desarrollar proyectos de inversión que se han visto limitados por la crisis en Irán; las líneas de financiación ICAF INVIERTE e ICAF LIQUIDEZ, con 3 y 1 millón de euros, respectivamente, para empresas y autónomos; la línea de avales comerciales ICAF, hasta un porcentaje de cobertura del 80 por ciento, con un presupuesto de 3 millones de euros; el protocolo entre ICAF y e IBERAVAL para la puesta a disposición de avales para pymes y autónomos, por 1,5 millones de euros, y la línea de avales para pymes y autónomos dirigida a paliar el incremento de los costes energéticos originados por el conflicto de Irán, por 10 millones de euros, tras el acuerdo alcanzado entre SODERCAN e IBERAVAL.

Este primer paquete de medidas destina 2 millones de euros a la exportación y promoción mediante el refuerzo del decreto de promoción comercial de SODERCAN 2026 mediante su tramitación como ayuda directa para acelerar resolución y pago y aportar liquidez en un contexto de crisis, por lo que se eleva la intensidad de ayuda del 70 al 85 por ciento para empresas con más del 50 por ciento de su facturación en exportación.

Además, destina 7 millones de euros en ayudas de eficiencia energética para fomentar el ahorro energético en un sector clave para generar riqueza y empleo, y un total de 1,3 millones de euros para el programa ‘Ahorro Comercio Cantabria’, una línea específica de apoyo al comercio minorista para reducir la factura energética.

Medidas sociales

En lo que se refiere a la protección social para los más desfavorecidos y familias, este primer paquete de ayudas incluye un incremento del complemento autonómico al Bono Social Térmico, duplicando la partida correspondiente con el objetivo de proteger en mayor medida a los hogares más vulnerables ante el encarecimiento de los costes energéticos. Para ello, el Gobierno de Cantabria destina dentro de este primer paquete 1 millón de euros con el fin de duplicar el importe destinado a apoyar a estos colectivos.

Además, destina 2 millones de euros para incrementar los descuentos del transporte público para los jóvenes de 15 a 30 años hasta un 70 por ciento y al resto de viajeros habituales de un 40 por ciento para fomentar su uso y ayudar a los cántabros a paliar los efectos del encarecimiento de los combustibles.

En este bloque de medidas también se destinan 350.000 euros para la construcción de aparcamientos disuasorios en los entornos de los principales municipios en el entorno de las estaciones de tren para potenciar la intermodalidad y evitar usar el vehículo privado; 4 millones de euros para reforzar las ayudas de compensación del déficit ocasionado por las obligaciones del servicio público impuestas a los concesionarios de las líneas de transporte por carretera, y 12,3 millones de euros para reforzar las ayudas para el alquiler convencional, para familias vulnerables y el bono alquiler joven, que permita a los solicitantes hacer frente con más facilidades al coste de la vivienda y dejando en el bolsillo de los cántabros más recursos para asumir la inflación que ya está generando la guerra de Oriente Medio en, por ejemplo, la lista de la compra.

También se destina una partida de 24,4 millones de euros para incrementar el Plan Concertado de Servicios Sociales de Atención Primaria a los municipios; 9 millones de euros para el mantenimiento del incremento del 15 por ciento en la Renta Social Básica para paliar los efectos del alza de precios de la energía y los suministros básicos; 668.000 euros para reforzar el incremento sobre el programa de infancia y exclusión; más de 4,7 millones para combatir el riesgo de encarecimiento alimentario y de suministros básicos en los sectores más vulnerables con la mejora de los contratos de catering social, y más de 23,2 millones para hacer frente al coste del transporte escolar y evitar que las familias tengan que hacer frente o llevar a sus hijos al colegio.

El bloque destinado a la protección social se completa con una partida de 4,7 millones de euros para hacer frente al aumento derivado de la subida de costes y la inflación, teniendo en cuenta la congelación del precio máximo del menú escolar hasta los 5,7 euros, y una partida de 2,5 millones para la mejora del programa del Banco de Recursos Educativos para favorecer la gratuidad de los libros de texto y otros materiales curriculares, además de financiar las actividades extraescolares de los centros.

El primer paquete de medidas del Gobierno de Cantabria incluye una serie de medidas destinadas a reivindicar al Estado la suspensión de las reglas fiscales para aumentar la capacidad de gasto y afrontar nuevos gastos sobrevenidos; la actualización de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica porque es imposible atender las necesidades de 2026 con los ingresos de 2023; la aprobación de un marcos general europeo para compensar el aumento de los costes de los carburantes, y la habilitación de una cláusula extraordinaria que permita de manera excepcional la revisión de precios de los contratos públicos ante el encarecimiento de los costes materiales, tal y como demandan los sectores productivos.

Simplificación administrativa

A todas las actuaciones y procedimientos administrativos que conlleven expedientes de gasto que deriven de las medidas previstas de este Plan o en las normas reglamentarias de desarrollo o ejecución se les podrá aplicar la tramitación de urgencia y el despacho prioritario.

En el supuesto de que, en el contexto del conflicto en Oriente Medio, el Estado dicte una normativa en materia de contratación pública que, con carácter básico, prevea una revisión excepcional de precios en los contratos de obras o en otro tipo de contratos, dicha normativa también se aplicará en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos que prevea dicha normativa básica estatal.

Finalmente, se aplicarán a las empresas y familias afectadas por las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Medio los mecanismos previstos en la normativa vigente que faciliten el pago de las tasas o tributos exigidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, tales como aplazamientos, fraccionamientos o cualesquiera otros que permitan el pago de las cantidades adeudadas sin menoscabo de la capacidad económica de la familia o empresa deudora.

En el caso del sector primario, el Gobierno de Cantabria está trabajando con los representantes de esta actividad económica para evaluar los costes añadidos que están soportando sus profesionales y ver de qué manera directa se les puede apoyar como hemos estado haciendo hasta ahora.