El Gobierno de Cantabria ofrece una serie de consejos para comprar alimentos por internet de forma segura

Santander- 26.04.2026

La Dirección General de Comercio y Consumo, dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, ofrece una serie de consejos para comprar alimentos por internet de forma segura, teniendo en cuenta una serie de pautas y recomendaciones a seguir, tales identificar páginas fiables, comprobar la información de los productos y actuar si se detectan irregularidades en la compra online.

Teniendo en cuenta que la compra de alimentos a través de internet es cada vez más habitual, permitiendo adquirir productos desde casa, comparar precios fácilmente y consultar valoraciones de otras personas consumidoras, el Gobierno de Cantabria recuerda a consumidores y usuarios que, como en cualquier compra online, también existen riesgos que conviene tener en cuenta para evitar fraudes o problemas relacionados con la seguridad alimentaria.

Por ello, es importante conocer qué requisitos deben cumplir las páginas web que venden alimentos, qué información debe ofrecer el producto antes de comprarlo y qué señales pueden indicar que una oferta o una web no es fiable.

Los alimentos pueden adquirirse online a través de distintos canales: páginas web de empresas con tienda física, comercios exclusivamente digitales, redes sociales o plataformas de venta en internet. Todas ellas deben cumplir la normativa europea y española en materia de seguridad alimentaria, comercio electrónico y protección de las personas consumidoras. Además, los establecimientos alimentarios deben estar inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).

Antes de comprar, conviene comprobar algunos aspectos básicos de la página web, tales como identificarse claramente la empresa responsable de la venta; ofrecer información de contacto accesible (nombre o razón social, dirección, correo electrónico u otros medios de contacto); indicar el precio completo de los productos, incluyendo impuestos y, en su caso, gastos de envío, e incluir también información sobre su inscripción en registros oficiales o códigos de conducta a los que esté adherida.

Si se desconoce si la empresa tiene establecimiento físico o si cumple los requisitos necesarios para comercializar alimentos, es recomendable verificar quién es el responsable de la venta antes de realizar la compra.

Fuera de la Unión Europea

Cuando la compra se realiza en páginas web ubicadas fuera de la Unión Europea, es recomendable extremar la precaución, ya que, en estos casos, las empresas no están necesariamente sujetas a la normativa europea de seguridad alimentaria, que suele ser más exigente. Además, algunos productos pueden no estar autorizados en el mercado europeo o llegar sin los controles aduaneros o sanitarios habituales.

Por ello, la Dirección General de Comercio y Consumo recomienda analizar con especial atención la procedencia del producto y las condiciones de envío antes de realizar el pedido.

En plataformas de comercio electrónico que actúan como intermediarias entre vendedores y compradores, es fundamental identificar quién es la empresa que realmente vende el alimento, ya que estas plataformas suelen permitir la comercialización de producto s alimenticios por parte de diferentes proveedores. En caso de reclamación, la responsabilidad recae normalmente en la empresa vendedora, por lo que es importante comprobar quién es la entidad que vende el producto y si cumple con los requisitos sanitarios y legales para comercializar alimentos.

Información en los alimentos

Los alimentos que se comercializan en España deben cumplir la normativa europea y nacional de información alimentaria, por lo que la persona consumidora tiene derecho a recibir, antes de comprar, la misma información que encontraría en un establecimiento físico.

Por lo tanto, el consumidor debe prestar atención a la denominación del alimento; la lista de ingredientes y alérgenos; la fecha de caducidad o de consumo preferente; las instrucciones de conservación y uso; la información nutricional cuando sea obligatoria, y la identificación de la empresa responsable.

Además, el etiquetado debe estar disponible al menos en castellano.

Cuando el alimento llega al domicilio, es aconsejable verificar aspectos como que el producto recibido coincide con el pedido realizado; que el envase o embalaje esté intacto; que el etiquetado incluya toda la información obligatoria en castellano; que aparezca claramente la fecha de caducidad o consumo preferente, y que el producto haya llegado en condiciones adecuadas de temperatura, especialmente si se trata de alimentos refrigerados, congelados o perecederos.

También es recomendable comprobar que el sistema de transporte y entrega ha sido adecuado para garantizar la seguridad del alimento.

Señales de riesgo o fraude

Existen algunos indicios que pueden hacer sospechar de la fiabilidad de una página web o de un producto alimenticio. En el caso de la página web, la falta de datos de contacto claros o dirección incompleta; redirecciones automáticas a otras páginas; precios excesivamente bajos o poco realistas; información insuficiente sobre el producto, el precio o los derechos de las personas consumidoras; errores de redacción o textos poco claros, y precios en monedas distintas al euro sin explicación.

Por su parte, en el producto alimenticio, precio demasiado bajo en comparación con productos similares; etiquetado ilegible, incompleto o sin identificación del responsable; promesas de beneficios extraordinarios o ‘productos milagro’; supuestas investigaciones científicas sin referencia verificable; testimonios de clientes o imágenes de ‘antes y después’ como argumento principal de venta, y uso de imágenes o declaraciones de profesionales sanitarios para avalar el producto.

Si se detecta algún problema en la página web o en el alimento adquirido —por ejemplo, falta de información, publicidad engañosa o incumplimiento de la normativa— se puede comunicar a las autoridades competentes en materia de consumo o seguridad alimentaria.

Las administraciones públicas pueden investigar estas situaciones y adoptar medidas como la retirada de productos peligrosos, la restricción del acceso a determinadas páginas o la imposición de sanciones cuando corresponda.