El Gobierno de Cantabria traslada al Ministerio que la comunidad culminará en plazo la implantación de la nueva estructura judicial

Santander- 22.12.2025

Cantabria ha trasladado hoy al Ministerio de Justicia que la comunidad tendrá «todo listo y preparado» para la implantación del nuevo modelo judicial en el partido judicial de Santander el próximo 31 de diciembre, cumpliendo los plazos previstos y culminando la totalidad de las actuaciones necesarias para este despliegue.

La reunión de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias, presidida por el ministro del ramo, Félix Bolaños, ha abordado esta mañana la tercera y última fase de la implementación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, prevista para el próximo 31 de diciembre.

Tras su celebración, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha criticado que el Ministerio haya actuado de nuevo de forma «precipitada», tras la «inesperada» convocatoria de la reunión de la Conferencia Sectorial de hoy, que ha tenido como objetivo trasladar la posibilidad a todas las comunidades de prorrogar los plazos exigidos por la Ley de Eficiencia Judicial -hasta ahora solo lo había demandado Asturias-, en un momento en el que están a punto de concluir los objetivos que marca la Ley.

«A estas alturas del proceso es imposible frenar el procedimiento de cambio» de las oficinas judiciales, dado que gran parte de los pasos ya han sido dados y no cabe posibilidad de retorno», ha afirmado la consejera, quien ha añadido que este ha sido «el sentir común de las comunidades autónomas».

Y es que, como ha recordado la consejera, la puesta en marcha del nuevo modelo judicial en Cantabria ha exigido «un inmenso esfuerzo de organización, de negociación y de decisión» que el Gobierno de Cantabria ha acometido «en sintonía» con los agentes judiciales de Cantabria, pero «en solitario» y «sin la ayuda ni el apoyo del Ministerio».

«Cantabria cumplirá con los plazos exigidos gracias a la profesionalidad y el trabajo conjunto de los empleados públicos, jueces, fiscales y del resto de operadores jurídicos», ha declarado.

Urrutia ha señalado que el partido judicial de Santander será el último de los ocho con los que cuenta la Comunidad en adaptarse a los cambios de la nueva organización, tras la implantación, desde el pasado 1 de julio, de la nueva estructura de tribunales de instancia y de oficina judicial en los otros siete partidos judiciales de Cantabria: Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Torrelavega y San Vicente de la Barquera.

Ha recordado que cuando finalice la implantación del nuevo modelo en el partido judicial de Santander, el Gobierno de Cantabria requerirá al Ministerio de Justicia el coste de la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia que en estos momentos ya alcanza los 2,4 millones de euros.  El nuevo modelo «es una imposición de la ley y el traspaso de las competencias en materia de justicia avala la revisión del coste efectivo anual de los medios», ha explicado Urrutia.

De cualquier forma, a propuesta del Ministerio, dada la complejidad que supone la implantación del nuevo modelo organizativo, la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo, sin afectar, en ningún caso, al servicio público de justicia que se presta a los ciudadanos.

Más financiación para las oficinas de justicia municipales

Por otro lado, la consejera de Justicia del Gobierno de Cantabria se ha sumado a las reivindicaciones planteadas hoy durante la Conferencia Sectorial por los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para incrementar las ayudas y el apoyo económico a las oficinas de justicia municipales, que asumirán nuevas competencias en la nueva organización judicial.

Ha apuntado que el Gobierno cántabro ya preveía en el proyecto de ley de presupuestos para 2026 un crecimiento de las ayudas que destina a los municipios para hacer frente a las nuevas responsabilidades.

A esta «justificada petición» de la FEMP, ha señalado la consejera, el Ministerio «vuelve a guardar silencio», lo que demuestra de nuevo el «abandono» que han sufrido las comunidades autónomas en todo este proceso, al no atender sus «reiteradas demandas de financiación, de modelos de referencia para su implantación o de órganos específicos de apoyo y asistencia».

«Ha sido un año muy duro para la Administración de Justicia, pero Cantabria va a garantizar la continuidad y el buen funcionamiento del servicio, con el fin de evitar perjuicios a los ciudadanos», ha concluido.