El Gobierno de Cantabria y el sector pesquero unidos ante la reclamación al Ministerio de medidas urgentes por el acuerdo de las cuotas pesqueras para 2026

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La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha mantenido una reunión con representantes del sector pesquero de bajura, altura, artes menores y artes fijas de la Federación de Cofradías de Pescadores para analizar el acuerdo alcanzado recientemente en el Consejo de Ministros de Pesca en Bruselas sobre las cuotas pesqueras para 2026.

Para la consejera, este acuerdo resulta «injusto, desproporcionado y completamente desequilibrado para nuestra flota, obligando a los pescadores europeos a asumir una reducción del 70% mientras países extracomunitarios como Noruega, Reino Unido, Islas Feroe e Islandia apenas han reducido sus posibilidades de pesca en torno al 48%».

En este sentido, ha advertido de que estas decisiones suponen «un grave daño económico, social y estructural para la flota pesquera de Cantabria, que se puede considerar, sin duda alguna, catastrófico si no se adoptan medidas urgentes».

La consejera ha explicado que el impacto económico será de enorme calado dado que la flota de arrastre dispondrá en 2026 de 494.000 kilos menos de caballa, lo que supone una disminución de ingresos de aproximadamente un millón de euros, y perderá además 1.182.000 kilos de bacaladilla, con una reducción que superará los cuatro millones de euros. «Solo la flota de arrastre sufrirá pérdidas superiores a los cinco millones de euros», ha afirmado.

Asimismo, ha detallado que «la flota de artes menores y fijas, junto con la flota de cerco, reducirá sus capturas en alrededor de 3,2 millones de kilos, lo que supondrá pérdidas adicionales cercanas a los 6,4 millones de euros».

Por ello, la consejera ha insistido en que «hablamos de cifras devastadoras que ponen en riesgo la viabilidad de empresas, empleos, familias y de todo el tejido socioeconómico de nuestras zonas costeras».

María Jesús Susinos ha subrayado también la fortaleza y unidad del sector en este momento crítico. «Es importante destacar que todos los segmentos del sector pesquero cántabro, desde la bajura hasta la altura, pasando por artes menores y fijas, están unidos sin fisuras» y cuenta con el apoyo «total» de la Consejería de Pesca. «Todos vamos a una porque está en juego el futuro de nuestra pesca y de Cantabria», ha manifestado.

En nombre del Gobierno de Cantabria, la consejera ha expuesto las demandas consensuadas con la Federación de Cofradías, la APECAC y la OPECA, entre las que se cuentan la anulación del acuerdo y que, como mínimo, se mantengan los TAC y cuotas del año 2025.

Además, todos coinciden en exigir que la Comisión Europea actúe con firmeza y obligue a los países extracomunitarios que llevan años sin atender las recomendaciones científicas y provocando sobrepesca a asumir su responsabilidad y compensar la reducción que ahora se impone a los barcos europeos.

Por otra parte, Susinos ha avanzado que Cantabria ha reclamado al Ministerio ayudas económicas para la parada temporal de la flota, cofinanciadas por el FEMPA, así como ayudas para paradas definitivas cuando sean necesarias, con el objetivo de paliar no solo las pérdidas directas sino también el lucro cesante que ya están soportando nuestros pescadores, tal y como se recoge en la misiva enviada a Luis Planas la semana pasada.

Finalmente, la consejera ha reafirmado que el Gobierno de Cantabria seguirá defendiendo «con determinación, firmeza y unidad» los intereses del sector pesquero cántabro. «No vamos a permitir que nuestras cofradías, nuestros pescadores y nuestras familias del mar paguen las consecuencias de decisiones injustas y desequilibradas. Cantabria está unida, el sector está unido y vamos a seguir luchando para garantizar su futuro», ha concluido.

En esta misma línea se ha expresado el sector pesquero, al término del encuentro en el que también ha estado presente el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, reafirmado la situación «gravísima» a la que se enfrenta el sector que supondrá un grave daño económico en los trabajadores y sus familias.