El juicio por prevaricación y malversación en el Ayuntamiento de Castro Urdiales comienza en Cantabria

Este jueves da inicio el juicio en la Audiencia Provincial de Cantabria que examinará las presuntas irregularidades en la contratación de personal funcionario y laboral en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, abarcando una serie de delitos de prevaricación y malversación que implican a catorce acusados. Entre los implicados se encuentran dos exalcaldes que ejercieron el cargo entre 1991 y 2011, funcionarios, concejales y el secretario municipal.

12.11.2024. – La investigación de la fiscalía destaca un periodo prolongado de contrataciones presuntamente arbitrarias, pagos de complementos salariales irregulares y un incumplimiento sistemático de los procedimientos administrativos en el ayuntamiento. Los exalcaldes son señalados por la fiscalía de haber realizado contrataciones sin proceso selectivo alguno y por haber permitido el cobro de complementos salariales no justificados.

Principales acusaciones

1. Contrataciones irregulares: Según la fiscalía, el exalcalde que dirigió el consistorio entre 1991 y 2003 promovió una política de contrataciones sin concurrencia pública, manteniendo al personal en situación de interinidad para su propio beneficio. Su sucesor, desde 2003, presuntamente extendió estas prácticas, afectando también a servicios esenciales como la residencia municipal y el servicio de bomberos.

2. Complementos y retribuciones indebidas: Los informes del ministerio público señalan que el ayuntamiento abonó de manera indebida un total de 2,13 millones de euros en conceptos como bolsa de navidad, “coso blanco”, gratificaciones y productividad. Estos pagos, según la fiscalía, se efectuaron a pesar de los reparos del interventor y sin respaldo legal.

3. Nepotismo: El secretario municipal ha sido acusado de participar en la contratación de su propia hija, en presunta violación de su obligación de abstención.

Penas solicitadas

La fiscalía solicita diversas penas para los acusados, incluyendo:

– Para los exalcaldes: nueve años de prisión, una multa de 2.880 euros, veintisiete años de inhabilitación para empleo público y dos años de suspensión de cargo público.
– Para los funcionarios acusados de beneficiarse de los complementos personales: hasta nueve años de prisión y veintisiete años de inhabilitación para uno de ellos, y cinco años de prisión y veintidós años de inhabilitación para el segundo.
– Para los concejales implicados: cinco años de prisión y dieciocho años de inhabilitación.
– Para el secretario municipal: una multa de 1.800 euros y quince meses de suspensión de empleo o cargo público.

Cronograma del juicio

El juicio se desarrollará en dieciséis sesiones entre noviembre y diciembre de 2024, con la comparecencia de testigos y la declaración de los acusados. Las conclusiones y los informes finales se presentarán entre el 17 y el 19 de diciembre.

Este proceso judicial representa una de las investigaciones más exhaustivas en Cantabria sobre presuntas irregularidades administrativas, y se espera que arroje luz sobre prácticas de gestión y control financiero en las administraciones locales.