El PP denuncia a Casares por presunto uso electoral de la Delegación

Martes, 10 de noviembre de 2026.

El Partido Popular de Cantabria ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Provincial contra el delegado del Gobierno, Pedro Casares, al que acusa de utilizar su agenda institucional y los canales oficiales de comunicación de la Delegación para promocionar electoralmente al candidato número dos del PSOE al Congreso de los Diputados, Eduardo Magaldi.

La secretaria general del PP cántabro, María José González Revuelta, ha explicado que la denuncia se refiere a varias publicaciones difundidas en el perfil oficial de Instagram de la Delegación del Gobierno, en las que aparece Magaldi acompañando a Casares durante visitas institucionales a tres empresas de Cantabria realizadas el lunes 9 de noviembre.

Según los populares, la presencia del candidato socialista en estos encuentros carece de justificación institucional y supone utilizar recursos públicos para favorecer su visibilidad durante el periodo electoral.

Por este motivo, el PP ha solicitado a la Junta Electoral Provincial la apertura de expedientes sancionadores contra Pedro Casares, los responsables de comunicación de la Delegación del Gobierno y Eduardo Magaldi, así como la imposición de las sanciones económicas que pudieran corresponder si se acredita una infracción.

González Revuelta considera que los hechos denunciados podrían vulnerar los principios de objetividad, imparcialidad y neutralidad que deben respetar las administraciones públicas durante los procesos electorales.

«Pedro Casares no puede confundir su condición de secretario general del PSOE de Cantabria con la de delegado del Gobierno. La agenda institucional de una administración pública no puede convertirse en una herramienta al servicio de los intereses electorales de su partido», ha afirmado.

La denuncia presentada por el PP hace referencia al artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y a las instrucciones 2/2011 y 3/2011 de la Junta Electoral Central, relativas a la neutralidad de los poderes públicos y a la separación entre la actividad institucional y la propaganda electoral.

La formación sostiene que concurren varios elementos que justificarían la intervención de la Junta Electoral: las visitas formaban parte de la agenda oficial del delegado del Gobierno, contaron con la participación de un candidato del PSOE y fueron difundidas a través de las redes sociales institucionales durante el periodo electoral.

La dirigente popular ha criticado especialmente que las imágenes de estos encuentros se publicaran desde los canales oficiales de la Delegación del Gobierno, al considerar que su utilización podría proporcionar una ventaja electoral a una candidatura.

«Un canal de comunicación institucional es un recurso público, no un instrumento de propaganda electoral. No se puede poner al servicio de un partido político para promocionar a sus candidatos ni aprovechar la visibilidad y los medios de una institución para obtener una ventaja electoral», ha señalado González Revuelta.

La secretaria general del PP también ha acusado a Casares de poner las instituciones al servicio de los intereses de su partido, vinculando esta actuación con la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La denuncia queda ahora pendiente de la valoración de la Junta Electoral Provincial, que deberá determinar si los hechos expuestos constituyen una vulneración de la normativa electoral y si procede adoptar alguna medida sancionadora.

Por el momento, las acusaciones corresponden a la denuncia formulada por el Partido Popular y no consta en la información facilitada una resolución de la Junta Electoral sobre estos hechos.