Gómez del Río asegura que «las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las personas LGTBI forman parte de la acción ordinaria del Gobierno de Cantabria»

Santander- 19.06.2026

«Las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las personas LGTBI forman parte de la acción ordinaria del Gobierno de Cantabria».

Así lo ha asegurado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, en su comparecencia en comisión parlamentaria para informar sobre las actividades desarrolladas por el Gobierno de Cantabria en materia LGTBI durante los años 2024 y 2025.

En este sentido, ha subrayado que «cinco años después de la aprobación de la Ley 8/2020 el verdadero desafío ya no es únicamente reconocer derechos, sino garantizar que esos derechos se ejerzan de manera efectiva y formen parte de la vida cotidiana de las personas».

Gómez del Río ha señalado que los avances alcanzados en los últimos años «reflejan con claridad la vocación transversal de la Ley 87/2020», y ha resumido estos avances en las actuaciones de promoción de la igualdad, la sensibilización social y la prevención de cualquier forma de discriminación; la educación; la formación; y el fortalecimiento institucional de las políticas públicas en materia de diversidad sexual y de género.

Ha considerado este último ámbito como «uno de los mayores avances» producidos en los dos últimos ejercicios a través de la incorporación de los principios de la Ley a ámbitos como la contratación pública, la función pública, los servicios sociales, las políticas de empleo o la planificación administrativa.

En este contexto, ha subrayado la creación del Consejo LGTBI de Cantabria, cuyo proyecto de ley se ha remitido al Parlamento para su tramitación, y que está previsto en la Ley como instrumento de participación, consulta y colaboración entre las administraciones públicas y las entidades representativas.

Tras superar la etapa de consolidación de políticas públicas en materia LGTBI, Gómez del Río ha ejemplificado en este órgano la siguiente etapa de las políticas públicas del Gobierno de Cantabria, «vinculada a una mayor participación social, mayor capacidad de diálogo y mayor implicación de las entidades y colectivos en la definición, seguimiento y evaluación de las actuaciones públicas».

En su intervención, también ha puesto en valor las actuaciones relacionadas con la promoción de la igualdad, la sensibilización social y la prevención de cualquier forma de discriminación a través de campañas institucionales para promover el respeto a la diversidad, visibilizar la realidad de las personas LGTBI y fomentar una cultura basad en la convivencia y el reconocimiento de la pluralidad social.

En este objetivo, ha señalado la colaboración de la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA) para contribuir a enriquecer la acción institucional y hacer que «las respuestas públicas sean más eficaces, más cercanas y mejor adaptadas a las necesidades reales de la ciudadanía».

Educación y formación

Especial relevancia ha dado a la educación «para construir una sociedad más inclusiva», refiriéndose «al avance en la consolidación de medidas que ya forman parte de la actuación ordinaria de los centros educativos».

Entre ellas ha citado «el desarrollo de programas de coeducación, la formación específica del profesorado, los protocolos de prevención e intervención frente al acoso por razón de orientación sexual o identidad de género, y el acompañamiento al alumnado trans en los centros educativos de Cantabria».

Dentro del ámbito de la formación, la consejera de Inclusión Social ha resaltado el refuerzo de la formación especializada para profesionales de distintos ámbitos de la Administración pública, la incorporación de acciones formativas específicas a través del Instituto Cántabro de Administración Pública.

Ha indicado que la formación, además de mejorar la calidad de la atención y prevenir situaciones discriminatorias, «constituye una de las mejores herramientas para incorporar de forma efectiva los principios de igualdad y no discriminación al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas».

En este ámbito, también ha enmarcado el impulso de actuaciones orientadas a conocer las necesidades y circunstancias específicas de las personas mayores LGTBI en Cantabria, explicando que «existen situaciones vinculadas al envejecimiento, la soledad no deseada, la dependencia o la exclusión social que pueden afectar de manera singular a estas personas».

Gómez del Río ha justificado la presentación conjunta de los informes correspondientes a 2024 y 2025 en base a un cambio metodológico de mejora de la información para conocer el grado de cumplimiento efectivo de la Ley de Cantabria 8/2020, de 11 de noviembre, de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.

Según la consejera, esta nueva metodología permite evaluar el grado de desarrollo de la Ley, identificar con mayor claridad los avances producidos, las actuaciones en curso y los ámbitos que requieren un mayor desarrollo.