La consejera de Justicia dice que las dos salas Gesell han supuesto un «gran avance» en la justicia regional para la protección de los menores y personas vulnerables

Santander- 15.10.2025

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha valorado el «gran avance» que han supuesto la puesta en marcha de las dos salas Gesell en la Administración de Justicia para mejorar la protección de menores y personas vulnerables en los procesos penales, y ha señalado que el Gobierno cántabro trabaja ya en la implantación del modelo Barnahus, un programa integral especializado que ofrecerá atención psicológica, sanitaria y judicial a los menores  que han sufrido agresiones sexuales.

Así lo ha afirmado la responsable de Justicia, durante la apertura de un curso sobre el tratamiento de los menores y personas con discapacidad como víctimas en el derecho penal, una acción formativa dirigida a jueces y magistrados de la comunidad y que es fruto del convenio entre el Gobierno autonómico y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según ha dicho la consejera en este acto, en 2024 Cantabria «dejó a ser la única comunidad autónoma de toda España que no disponía de una sala Gesell para la práctica de las pruebas, y en menos de un año se han puesto en marcha dos, en Santander y Torrelavega», una puesta en servicio que, como ha recordado, ha sido «un empeño personal» de la propia presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Para Urrutia, con ambas infraestructuras, este Gobierno de Cantabria «puso fin esa incompresible falta de medios que repercutía negativamente en el trabajo de la Administración de Justicia y que dejaba desprotegidas a las personas más vulnerables -menores y personas con discapacidad- en el ámbito del derecho penal».

Respecto a su funcionamiento y grado de utilización, ha señalado que una vez solucionadas las dificultades iniciales para su puesta en marcha, «su empleo se ha generalizado en la práctica forense e incorporado plenamente como uno más de los elementos que el Gobierno pone a disposición del Poder judicial en Cantabria». Según Urrutia, «lo importante es que contamos con este instrumento, que es fundamental para proteger a las víctimas y para que los profesionales de la justicia ejerzan su labor con garantías de seguridad».

De cualquier forma, la consejera de Justicia ha avanzado que el Gobierno quiere ir más allá en este ámbito y trabaja, junto a las comunidades de Navarra y Extremadura, en el desarrollo del proyecto Barnahus, como «principal modelo europeo de respuesta multidisciplinar» frente a la explotación y abuso sexual e infantil para que todos los niños víctimas de violencia «se beneficien de un acceso amigable a la justicia y de unos servicios reforzados de protección de la infancia».

Se trata, ha dicho, «de evitar la victimización secundaria de los menores durante los procesos judiciales para que estos sean lo menos traumáticos posibles». Para la consejera, hasta el momento se ha avanzado en este ámbito, pero «todavía queda mucho por hacer», tras lo que ha reiterado su compromiso de disponer de los medios necesarios.

Formación de jueces y magistrados y Pacto para la Justicia

Por otro lado, en su intervención la responsable de Justicia de Cantabria ha mostrado su voluntad de mantener la colaboración con el CGPJ para dotar de «formación permanente» y mejorar el trabajo de los jueces y magistrados de la comunidad autónoma. «Es un trabajo conjunto para que la justicia de Cantabria cuente con los mejores profesionales y los mejores medios para el ejercicio de la labor de la justicia», ha subrayado.

En este objetivo, ha puesto de relieve el Pacto para la Justicia de Cantabria, firmado por la totalidad de los colectivos implicados en el servicio público de justicia, que es la «guía» y el «principal exponente» para la mejora de las condiciones, medios y servicios de esta administración.

Urrutia también ha resaltado en su discurso la estrecha colaboración que se mantiene en el ámbito de la justicia para la implantación de la nueva organización judicial que impone la Ley de Eficiencia de la Justicia, ya implantada en siete partidos judiciales y que también será una realidad, según ha asegurado, en Santander, el 31 de diciembre de este año.

«Hemos conseguido esa adaptación y vamos a cumplir los plazos en los cambios que lleva la adaptación en el partido judicial de Santander», ha asegurado la consejera. Urrutia ha vuelto a reiterar las «tremendas dificultades» de este proceso, los «escasos» plazos concedidos y la «absoluta ausencia de colaboración» del Ministerio de Justicia que «nos ha dejado solos y a la aventura», algo que la consejera ha considerado «totalmente premeditado y dirigido» para dificultar la ejecución de las medidas previstas.

En este acto han intervenido también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, y las codirectoras del curso, las magistradas María Fernanda Figueroa y Amaya Merchán. Igualmente, también ha asistido a la inauguración el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez Bereciartu.