La Consejería de Presidencia y Justicia alcanza una ejecución del 83 por ciento de los fondos Next Generation asignados

Santander- 19.12.2025

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha informado hoy del grado de ejecución de los fondos europeos Next Generation gestionados por su departamento, que alcanza el 83 por ciento del total asignado, con una inversión de 11,2 millones de euros, esencialmente destinados a la modernización y digitalización de la justicia, la mejora de la infraestructura tecnológica en la administración pública autonómica y a la transformación digital de los ayuntamientos.

Isabel Urrutia ha realizado hoy un repaso exhaustivo de los proyectos e iniciativas llevados a cabo por su departamento con el dinero de los fondos europeos durante su comparecencia en la comisión parlamentaria, en la que ha detallado cómo se encuentran los hitos, objetivos y ejecución de los 15.548.350 euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) gestionados por su departamento, el 3,3 por ciento del total de los fondos recibidos por Cantabria.

«Somos un Gobierno responsable y muy consciente de la oportunidad histórica (…) de la llegada y gestión de estos programas con una inversión económica que sería impensable en cualquier otra circunstancia», ha declarado Urrutia, al tiempo que ha valorado el alcance de los proyectos ejecutados, entre los que ha citado, los planes de digitalización en los ayuntamientos, que en muchos casos «no podían haber afrontado estas inversiones», superando los 4 millones de euros, o en materia de justicia, con 7 millones de euros invertidos en medios e infraestructuras, que han propiciado la mejora de los tiempos de resolución de los procedimientos judiciales.

La ejecución de los fondos Next Generation «se nota» en Cantabria, ha sentenciado la consejera en la comisión, tras lo ha puesto de ejemplo la posibilidad de realizar actualmente una comparecencia telemática en un proceso judicial con total seguridad jurídica; la emisión de un certificado del registro civil solicitándolo desde casa, sin desplazamientos, o los avances en la gestión del padrón municipal y en el sistema de altas y bajas.

En este contexto, ha agradecido el trabajo, la responsabilidad y el compromiso de los empleados públicos y altos cargos del Gobierno cántabro para adjudicar «en tiempo récord» los contratos, cumpliendo los plazos previstos y superando todos los controles.

«Son ellos los verdaderos activos de que los fondos europeos sean en Cantabria una realidad y que la Consejería de Presidencia supere hoy el 83 por ciento de ejecución», ha destacado.

Problemas encontrados

En su intervención, la consejera de Presidencia ha apuntado los problemas encontrados por este Gobierno a su llegada en 2023, al no haber adjudicado el Gobierno PSOE-PRC la mayoría de los proyectos. Solo en justicia, ha señalado, faltaban de adjudicar 6,2 millones de los 7 previstos, solo el 5 por ciento se había adjudicado, lo que este Gobierno tuvo que llevarlo a cabo en apenas cinco meses.

A esto se añade el pago del IVA de las partidas adjudicadas, que se comunicó por el Gobierno de España a finales de 2024, con posterioridad a la adjudicación de los contratos. «Hemos tenido que hacerlo con estos mimbres», ha lamentado la consejera, al tiempo que ha recordado las peticiones desoídas por el Ministerio para la ampliación de los plazos y de una mayor información por parte de Cantabria y el resto de las autonomías. «Nos dejaron al final a las comunidades autónomas, como siempre, a los pies del caballo», ha criticado.

Por todo ello, Urrutia ha acusado al Gobierno de España de «inoperancia» en la gestión de esos fondos, que ha causado que el país esté actualmente en la UE a la cola en volumen de ejecución, «a pesar del esfuerzo de las comunidades», y que además se hayan perdido millones de euros. Del mismo modo, ha lamentado la falta de coordinación de la Administración del Estado con las comunidades autónomas, que, según ha dicho, son las competentes y las que tienen que ejecutar estos fondos y, frente a ello, se decidió «recentralizar» la gestión de los fondos MMR.

Alcance y ejecución de los proyectos

En concreto, según ha informado la consejera, la ejecución total asciende a 11.199.497 euros, lo que supone un grado de aplicación del 83 por ciento.

Por direcciones generales, la Dirección General de Informática ha alcanzado un grado de ejecución final del 90,5 por ciento, con proyectos centrados en la mejora de las infraestructuras tecnológicas, los centros de proceso de datos y el refuerzo de la ciberseguridad del Gobierno de Cantabria, cumpliendo los hitos y plazos exigidos por la normativa europea.

En el ámbito de la Dirección de Justicia y Víctimas del Terrorismo, la ejecución se sitúa en el 81,8 por ciento, tras la puesta en marcha y finalización de actuaciones destinadas a la digitalización de los órganos judiciales, la implantación del procedimiento judicial electrónico, la modernización de las salas de vistas y la adaptación del sistema de gestión procesal al nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica 1/2025. La consejera ha destacado que Cantabria ha alcanzado el 100 por ciento del objetivo en materia de acciones judiciales telemáticas, ya certificado por la Unión Europea, con la instalación de equipos de videoconferencia en las 45 salas de vista con las que cuenta Cantabria.

Por su parte, la Dirección General de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria ha gestionado proyectos dirigidos a la transformación digital de los ayuntamientos y la modernización del padrón municipal. Estas actuaciones han permitido avanzar en la interoperabilidad de los servicios municipales y dotar a los ayuntamientos de puestos de trabajo inteligentes. El nivel de ejecución de los fondos en este caso ha sido del 72,5 por ciento.

Finalmente, la consejera ha explicado que se ha renunciado a los fondos destinados a la mejora de la capacitación digital de esta Consejería ante la imposibilidad de reorientarlos a otros fines y debido a la saturación de programas similares financiados por otros ministerios.