La Inspección de Trabajo detecta este año casi 16 millones en fraudes y sanciones

Santander- 27.11.2024

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria ha detectado fraudes laborales e impuesto sanciones por valor de 15,8 millones de euros durante los diez primeros meses del año, en los que se emitieron 1.361 actas de infracción con sanciones por 3,9 millones de euros, a los que se suman 6,3 millones en expedientes liquidatorios y 5,6 millones en recaudación inducida, siendo la mayoría de las irregularidades detectadas las relacionadas con incumplimientos en el área de la Seguridad Social.

Así lo han dado a conocer hoy el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; la delegada del Gobierno en Cantabria, María Eugenia Gómez de Diego, y el director territorial y jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, Miguel Ángel Gálvez, durante la presentación del balance provisional del año en curso realizada por la Comisión Operativa de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, que está integrada por representantes del Gobierno de Cantabria y de la Administración General del Estado.

Arasti, quien ha presidido la Comisión Operativa, ha destacado que este año se han revisado 3.244 contratos, de los cuales 1.395 han sido transformados en indefinidos, y ha informado que los principales incumplimientos en el área de las relaciones laborales han tenido que ver con el tiempo de trabajo, la transgresión de la normativa de contratos, los salarios y la fijación de condiciones inferiores a las establecidas legalmente.

En materia de prevención de riesgos laborales, el consejero ha apuntado que se han cursado un total de 1.672 órdenes de servicios; 192 segundas visitas de comprobación de requerimientos previos y 5.461 actuaciones, especialmente, las relacionadas con las condiciones materiales de seguridad e higiene en los centros de trabajo, como escaleras, vestuarios, maquinaria o riesgos eléctricos, y las relacionadas con las evaluaciones de riesgos y planificación preventiva, formación de trabajadores, vigilancia de la salud y señalización de lugares de trabajo.

En este sentido, ha destacado que las infracciones en prevención de riesgos laborales han aumentado un 38% respecto a 2023, un indicador de la mayor actividad inspectora en este ámbito.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Cantabria ha informado que se han cerrado 1.236 expedientes en el ámbito de la Seguridad Social, detectando 383 infracciones, relacionadas principalmente con falta de alta de trabajadores, diferencias en cotización y fraudes en prestaciones, y las sanciones en esta área ascienden a 1,14 millones de euros, beneficiando a 648 trabajadores.

En lo que se refiere a la economía irregular y la extranjería, se han concluido 1.524 expedientes, identificando 85 infracciones con sanciones de 706.733 euros, y las irregularidades más comunes incluyen falta de permisos de trabajo y simulaciones de relaciones laborales para acceder fraudulentamente a beneficios sociales.

La delegada del Gobierno ha recordado que cualquier persona trabajadora puede hacer frente a las situaciones injustas sufridas, a través del buzón de la Inspección de Trabajo, que ofrece la posibilidad de comunicar, desde el anonimato, las situaciones de abuso laboral a las que puedan estar sometidos.

Tanto Arasti como Gómez de Diego han agradecido el trabajo del personal de la Inspección de Trabajo a la hora de garantizar que todos los trabajadores estén protegidos y que las empresas cumplan con sus obligaciones legales.

Líneas estratégicas para 2025

Finalmente, el director territorial y jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria ha anunciado que en 2025 se llevarán a cabo más de 7.300 órdenes de servicio programadas, destacando el refuerzo de las campañas de prevención de riesgos laborales, con especial atención a riesgos cancerígenos, manteniendo los controles en las condiciones de trabajo de menores y en el sector agrario, así como en los riesgos biológicos en el sector sanitario, los riesgos musculoesqueléticos y el mantenimiento de equipos de trabajo, entre otros.

Además, se incluirán campañas en nuevas ocupaciones en auge, como la instalación de placas solares o las relacionadas con plataformas digitales y de reparto, una actividad que «preocupa mucho», tanto por el área de prevención de riesgos como por irregularidades en las relaciones laborales (falsos autónomos).

En el ámbito de la Economía Irregular, la Inspección centrará sus esfuerzos en combatir el trabajo no declarado y las prácticas fraudulentas que afectan tanto a los derechos de los trabajadores como a la competencia leal entre empresas

También se mantendrán las inspecciones para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, controlando situaciones de acoso por razón de género, conciliación familiar y discriminaciones en el acceso y las condiciones de empleo.

La Inspección de Trabajo continuará también con su actividad planificada en el ámbito de la Seguridad Social para evitar situaciones de fraude, como pueden ser el encuadramiento en regímenes indebidos; las empresas con deudas al organismo; las prestaciones a la Seguridad Social; el control de las bajas indebidas, o las infracotizaciones por inaplicación de convenios colectivos o bonificaciones indebidas.