La Inspección de Trabajo en Cantabria aflora más de 16,3 millones de euros en fraudes y sanciones hasta octubre

Santander- 27.11.2025

La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria entre enero y octubre de 2025 ha permitido aflorar más de 16,3 millones de euros en fraudes y sanciones, al tiempo que ha regularizado la situación laboral de casi 1.700 trabajadores de la Comunidad Autónoma.

Así lo han destacado hoy el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, durante la comisión operativa autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que han presidido, y en la que también han participado el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez, y el director general de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo, Jaime Alonso, para repasar la actividad desarrollada por este organismo en materia de prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, seguridad social, economía irregular y extranjería.

Tal y como han destacado, la labor inspectora hasta el mes de octubre ha permitido regularizar la situación laboral de 1.666 trabajadores y, de los más de 16,3 millones de euros que se han recaudado gracias a las actuaciones de los inspectores y subinspectores- En concreto, más de 8,8 millones corresponden a liquidaciones de la Seguridad Social; otros 6,39 millones a sanciones, y otros 1,17 millones a salarios recuperados.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado el esfuerzo de las inspecciones realizadas para lograr unos resultados que demuestran la importancia de la Inspección de Trabajo y la necesidad de seguir intensificando la vigilancia de la normativa laboral.

Arasti ha destacado que, de los casi 1.700 trabajadores a los que se ha regularizado la situación, unos 400 eran falsos autónomos. Se trata, ha dicho, de «muy buenos datos» y que redundan también en unos «buenos resultados» de siniestralidad laboral en la comunidad, donde se han reducido hasta el cierre de octubre un 7% los accidentes leves, un 21% los graves y un 63% los mortales.

En la misma línea se ha pronunciado el delegado del Gobierno al afirmar que estas cifras son el resultado del «excelente» trabajo que desarrollan los inspectores y subinspectores de la Administración. «Realizan un importante y valioso trabajo conjunto en la Inspección de Trabajo a través del que se lucha contra la precariedad laboral y el fraude», ha remarcado Casares.

Ambos han coincidido en destacar la colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España a la hora de desarrollar una actividad, la de inspección de trabajo y seguridad, que contribuye a reducir los fraudes en materia de prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, además de Seguridad Social, economía irregular y extranjería, además de regularizar la situación laboral de los trabajadores.

Asimismo, han puesto en valor el papel de la Inspección de Trabajo como organismo clave en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y el trabajo conjunto de ambas administraciones para fortalecer este servicio con mejoras en sus estructuras de gestión y funcionamiento.

Seguridad Social, economía irregular y extranjería

En materia de Seguridad Social, se ha detectado un total de 738 infracciones, con 3.714.412 euros en sanciones y afectando a 982 trabajadores, y se han efectuado liquidaciones por una cuantía de 8,89 millones de euros ante casos de falta de cotización a la Seguridad Social, efectuando 1.382 altas en la Seguridad Social.

En lo que se refiere a economía irregular y extranjería, se consolida la falta de autorización para trabajar por cuenta ajena como primera infracción en Cantabria, con unas sanciones que ascendieron a 709.015 euros.

La Inspección de Trabajo, en colaboración conjunta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha llevado a cabo hasta octubre 33 actuaciones, en el caso de la Policía Nacional, y 30 con la Guardia Civil.

Respecto a la prevención de riesgos laborales, hasta el cierre de octubre se han detectado en Cantabria un total de 738 infracciones, con un importe de 1,54 millones de euros que han afectado a 3.276 trabajadores, después de realizar 1.786 actuaciones y efectuar 2.017 requerimientos preventivos.

En el área de empleo y relaciones laborales, la Inspección ha efectuado 1.508 actuaciones, detectando 251 infracciones con sanciones por importe de 323.883 euros y los trabajadores afectados han ascendido a 1.071.

Además, a través del Plan de Choque con el Fraude en la Contratación Temporal, se han regularizado otros 884 contratos, con salarios recuperados para los trabajadores por importe de 1,17 millones de euros.

Actuaciones para 2026

Tal y como ha anunciado el director de la Inspección de Trabajo, para el año 2026 se han programado 7.590 órdenes de servicio para toda la actuación inspectora y, entre las novedades, ha destacado una campaña sobre prevención de riesgos en relación con problemas asociados a la edad y otro acerca de la adopción de medidas preventivas tras accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Así, se distinguen actuaciones sobre prevención de riesgos laborales por razón de género y en relación con la protección del embarazo, parto reciente y lactancia natural, incorporando una nueva campaña sobre adaptación de puestos de trabajo a personas con incapacidad.

En materia de economía irregular y trabajo de extranjeros, la actuación se va a dirigir a combatir el trabajo no declarado en todas sus facetas y en los sectores clave de la economía regional, manteniendo el control contra los supuestos de trata de personas en el ámbito laboral y las actuaciones sobre las grandes plataformas digitales.

En lo que se refiere a la Seguridad Social, Gálvez ha asegurado que se continuará la actividad para evitar situaciones de fraude, incorporando una nueva campaña sobre control de liquidaciones salariales con carácter retroactivo, y en materia de relaciones laborales se mantendrá la acción inspectora en el control de la contratación laboral en sus diversas modalidades y controles en materia de posibles situaciones de cesión ilegal de mano de obra, entre otras acciones.