La pérdida de población se ralentizó el pasado año en los municipios en riesgo de despoblamiento y 19 tuvieron saldo positivo

Santander- 17.02.2024

Las iniciativas del Gobierno de Cantabria para luchar contra el fenómeno del despoblamiento rural han conseguido ralentizar la pérdida de población en los 39 municipios en riesgo: en 2023, la pérdida poblacional en estos ayuntamientos fue del 0,04 por ciento, dos décimas menos que lo registrado en el ejercicio 2022.

Así se desprende del último Informe anual de actividades del Consejo Asesor contra el Despoblamiento Rural, que hace balance del impacto de las acciones desarrolladas por el Gobierno autonómico y analiza el Censo Anual de Población del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

Este informe refleja que los 39 municipios en riesgo de despoblamiento suman 25.071 habitantes frente a los 25.194 de hace cuatro años, si bien la reducción poblacional de 2023 se ha ralentizado de forma importante en comparación con anteriores ejercicios, al perder tan solo un 0,04 por ciento de población respecto a 2022.

El descenso poblacional en 2022 fue del 0,25 por ciento respecto al ejercicio 2021; del 0,29 por ciento en 2021, respecto al año anterior, y de 1,28 por ciento en el año 2020 con respecto al ejercicio 2019.

Además, de los 39 municipios en riesgo de despoblamiento, 19 presentan un saldo positivo, el 48,7 por ciento. Los municipios con saldo positivo son: Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Cieza, Cillorigo de Liébana, Herrerías, Miera, Rionansa, Ruente, San Miguel de Aguayo, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Tresviso, Tudanca, Valdeprado del Río, Valderredible y Vega de Pas.

Tres municipios mantuvieron sus habitantes respecto a 2022 y 17 perdieron población.

Pesquera fue el que más número de vecinos perdió con el 11,39 por ciento y, por el contrario, San Miguel de Aguayo es el que más crecimiento poblacional experimentó con el 12,9 por ciento.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, departamento que coordina en el Gobierno autonómico las iniciativas para luchar contra el despoblamiento en las zonas rurales de la región, ha valorado estas cifras y ha considerado que, aunque la diferencia de población total sigue siendo negativa en estos municipios, «el despoblamiento en Cantabria se ha ralentizado y de forma destacada durante 2023».

En su opinión, las nuevas medidas implantadas por el Gobierno autonómico en los últimos presupuestos y en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas conseguirán «aún más» fijar población y atraer nuevos vecinos.

Entre ellas, ha resaltado los beneficios fiscales por residir en estas zonas con deducciones por la compra de vivienda habitual, así como la reforma de Ley de Suelo, que permite la construcción tanto de viviendas unifamiliares como de construcciones vinculadas a distintas actividades.

También, el Gobierno cántabro ha aumentado hasta el 95 por ciento el porcentaje de financiación autonómica para las obras públicas que se ejecuten en los municipios en riesgo de despoblamiento, cuando en el resto de municipios es del 80 por ciento.

144 medidas

El informe anual del Gobierno cántabro detalla las medidas desarrolladas por todas las consejerías y el balance de su ejecución. Durante el pasado año, se desarrollaron 144 acciones y medidas en los 39 municipios en riesgo de despoblamiento.

En este balance se incluyen las deducciones autonómicas del IRPF, impulsadas por el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, aprobadas en 2023 y que han entrado en vigor el 1 de enero. Así, el Ejecutivo regional rebaja la fiscalidad para el arrendamiento de vivienda en zonas rurales, los gastos de guardería, así como el traslado de residencia habitual a zonas de Cantabria en riesgo de despoblamiento y los gastos de traslado por razón de estudios a estas mismas zonas. También con el mismo el objetivo de incrementar población, se reducen los tipos para la compra de vivienda habitual en estos municipios.

En educación, se ha incrementado el cupo de profesorado de los centros rurales ubicados en las zonas en peligro de despoblamiento para una atención más individualizada del alumnado, además de la preferencia de estos centros para proyectos de innovación educativa y su dotación de recursos materiales, especialmente, en lo relativo a equipamiento informático.

El transporte escolar gratuito y las becas de comedor también son eje básico de estas políticas contra el despoblamiento, unas iniciativas que conllevan una inversión conjunta de 3,5 millones de euros.

Se han creado aulas de capacitación digital para personas adultas y se han otorgado ayudas a pequeñas entidades locales para el desarrollo de actividades de aprendizaje permanente para este colectivo.

Se incluye la financiación de los servicios de administración electrónica en algunos ayuntamientos, el mantenimiento de los cajeros y las ayudas a las empresas privadas para su instalación con el fin de combatir la exclusión bancaria de los vecinos residentes en estas zonas.

El Gobierno mantiene un sistema de dosificación de medicamentos (157 pacientes reciben estos servicios en farmacias rurales).

En el último año, ha ejecutado obras de infraestructuras y de mejora de distintos servicios públicos, incluida la televisión digital y la conectividad de banda ancha, que superan el medio centenar de actuaciones. Otras medidas están encaminadas al fomento del transporte de viajeros por carretera, mediante el servicio de taxi a demanda en zonas rurales y la financiación de la red de transporte público en estos lugares.

Se recoge la reforma de la Ley del suelo para facilitar la gestión urbanística en los núcleos de población en riesgo de despoblamiento, la exención del pago del componente fijo del canon del agua para aquellos habitantes censados en estas áreas y la medida de discriminación positiva incluida en las bases reguladoras de subvenciones para la mejora del abastecimiento en redes de pequeños municipios.

También, se han destinado ayudas a la compra de vivienda para menores de 35 años en núcleos de población menores de 5.000 habitantes y para obras de rehabilitación energética en edificios existentes.

En el ámbito de los servicios sociales, el Ejecutivo financia programas de prevención de aislamiento social y la soledad no deseada, y se presta apoyo y asesoramiento a cuidadores de personas dependientes residentes en estas áreas más despobladas.

En materia de ayudas de empleo e industria, se priorizan las ayudas en estas áreas y se desarrollan otros programas específicos de aceleración empresarial e innovación abierta en entornos rurales.

El Gobierno ejecuta un plan para acercar las actuaciones culturales al medio rural y ampliar su oferta, a través de circuitos propios o a través del sistema de ayudas a otras entidades. También se han ejecutado una veintena de actuaciones en infraestructuras deportivas en estos municipios.

El apoyo al sector primario se desarrolla con programas de producción agraria y ayudas de mejora de infraestructuras, productos alimentarios, ferias, junto a medidas de desarrollo rural y en favor de la ganadería. El Ejecutivo realiza otras inversiones dentro del plan forestal o de defensa del medio natural, así como de promoción de las energías renovables en edificaciones de las zonas rurales, entre otras.

Igualmente, se recogen las subvenciones nominativas para sendas iniciativas para combatir el despoblamiento en el Valle de Villaverde y Valderredible, y para el mantenimiento de los puntos de información europeo.