La Sección Social del Tribunal de Instancia de Santander alerta del “grave deterioro” del servicio por falta de personal

Los jueces reclaman refuerzos urgentes tras denunciar retrasos, paralización de expedientes y suspensiones de juicios desde la implantación del nuevo modelo judicial

Santander, 23 de mayo de 2026.- La Junta de Jueces de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander ha aprobado por unanimidad un acuerdo en el que pone en conocimiento del presidente del Tribunal de Instancia y de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria las “graves disfunciones” que, según denuncian, están afectando al funcionamiento del servicio público de justicia en el orden social.

Los magistrados advierten de que, casi seis meses después de la implantación del nuevo Tribunal de Instancia derivado de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, persisten importantes problemas organizativos que no han sido corregidos y que están agravando la ya elevada carga de trabajo y la demora en los señalamientos.

En el acuerdo, los jueces subrayan que la situación está provocando retrasos e incluso paralización de expedientes judiciales, además de suspensiones de juicios debido al déficit de funcionarios y letrados de la Administración de Justicia (LAJ). También señalan que esta problemática ha generado numerosas protestas y quejas entre los distintos operadores jurídicos.

La Sección Social explica que actualmente el servicio de tramitación está asumido únicamente por dos LAJ para atender seis plazas judiciales, una proporción que consideran “manifiestamente insuficiente” dada la carga de trabajo existente. La situación, añaden, se agrava en periodos de vacaciones o ausencias, cuando un solo LAJ debe hacerse cargo de toda la gestión.

Además, denuncian que la plantilla de tramitación ha pasado de 19 a 16 funcionarios, menos de tres por plaza judicial, y recuerdan que en el modelo anterior los funcionarios de ejecución y auxilio judicial también colaboraban en estas tareas.

Los jueces atribuyen parte de este déficit a la creación de una nueva Sección de Conciliación, a la que se destinaron tres funcionarios y dos LAJ de tramitación. Aunque reconocen que fomentar la conciliación es un objetivo legítimo para reducir la litigiosidad, consideran que este nuevo servicio no puede implantarse “en detrimento de la tramitación de los asuntos” ni provocar una reducción del personal necesario para el funcionamiento ordinario de la jurisdicción social.

En relación con el servicio de ejecución, el acuerdo señala que la ejecución social se encuentra en una situación de “evidente estancamiento”, con solo cuatro funcionarios para atender las seis plazas, cuando anteriormente la proporción era de aproximadamente dos funcionarios por juzgado.

Asimismo, destacan que los dos LAJ encargados actualmente de la ejecución social compaginan estas funciones con la ejecución de plazas del orden civil, pese a que la ejecución social presenta características específicas y diferenciadas, especialmente por tratarse de una ejecución impulsada de oficio.

Por todo ello, la Junta de Jueces reclama con carácter urgente el refuerzo de la Sección Social mediante la incorporación de un LAJ adicional para tramitación, otro de apoyo para ejecución social, dos funcionarios más para tramitación y otros dos para ejecución. Según advierten, estas medidas resultan imprescindibles para garantizar un funcionamiento “mínimamente adecuado” del servicio público de justicia y evitar un mayor deterioro de la tutela judicial efectiva en el ámbito social.