La Universidad de Cantabria estima que el Campus Altamira, una vez en funcionamiento, aportaría el 0,66% anual del PIB regional, un impacto similar al del aeropuerto Seve Ballesteros

Santander- 04.09.2026

El Campus Tecnológico de Centro de Datos Altamira, con una inversión prevista de más de 3.600 millones de euros y la creación de más de 1.500 puestos de trabajo en su fase de desarrollo, cuando entre en funcionamiento podría generar 105 millones de euros anuales de Producto Interior Bruto (PIB) atribuible a Cantabria, lo que supondría aproximadamente el 0,66 del PIB regional cada año, un impacto similar al generado por el aeropuerto Severiano Ballesteros, además de poder alcanzar el 0,5 por ciento del empleo en la Comunidad Autónoma. Asimismo, su impacto total acumulado durante la implantación y construcción del proyecto alcanzaría el 7,8 por ciento del PIB regional (impacto plurianual) y el 0,56 por ciento de empleo asociados a su desarrollo y construcción.

Así se desvela del estudio realizado por el catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Cantabria (UC), Pablo Coto, y que ha sido presentado hoy por el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, junto al propio Coto, para poner en valor el impacto socioeconómico sobre la economía de Cantabria del primer proyecto declarado por el Ejecutivo autonómico como Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria.

En concreto, ha contemplado tanto el impacto acumulado durante la fase de construcción prevista como el impacto económico anual derivado del funcionamiento del centro de datos a partir de 2032.

Para ello, el catedrático ha utilizado como metodología el marco input – output, teniendo en cuenta los impactos directos, indirectos, inducido, renta y fiscal, así como valorando una horquilla con tres escenarios: conservador, central y expansivo.

Durante su intervención, Arasti ha destacado que estas cifras ponen de manifiesto la dimensión estratégica del primer proyecto empresarial declarado estratégico por el Gobierno de Cantabria con una inversión equivalente a 60 intermodales de La Pasiega o cuatro ampliaciones de la Central Hidroeléctrica de Aguayo, y que generará miles de empleos de calidad.

«Es una respuesta ambiciosa, viable y estratégica a la necesidad urgente de reforzar la infraestructura digital de España y una oportunidad única para situar a Cantabria como un referente del nuevo mapa digital europeo», ha subrayado Arasti, para quien el Campus Altamira es un proyecto «maduro», teniendo en cuenta que su promotor, XDC Properties, filial del Grupo Stoneshield Capital, ya ha comprado una parcela de 370.000 metros cuadrados en Piélagos y Villaescusa, donde desarrollará la primera fase del proyecto.

A la espera del Ministerio

El consejero ha recordado que el proyecto sigue a la espera de que el Gobierno de España le dote de la autorización administrativa para conectarse a la red eléctrica, y, para ello, ha recordado, necesita que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) incluya en la Planificación de la Red Eléctrica de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030 la conexión del proyecto Altamira a la red eléctrica, añadiendo dos nuevas posiciones a cualquiera de las dos subestaciones eléctricas de Penagos.

Respecto al proyecto de Real Decreto del Ministerio por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, Arasti ha asegurado que, pese a que impone unas condiciones «muy restrictivas individualmente consideradas y, más todavía, al considerarlas en su conjunto, el promotor del proyecto ‘Altamira’ «está ya trabajando para cumplir esas condiciones».

En este sentido, se ha mostrado crítico con el contenido del proyecto del Real Decreto ministerial porque «lo que no se puede pedir» a un promotor es que el 80 por ciento de la potencia que demanda tenga que ser de origen renovable e instalada en los 18 meses anteriores al inicio de su actividad porque, en su opinión, «lo que ocurra más allá de la subestación eléctrica al que está conectado el centro de datos es competencia del Estado».

Y ha insistido en su crítica al afirmar que «más restrictivo aún es exigir que, en cada hora, al menos el 80 por ciento de la energía eléctrica consumida proceda de generación renovable producida en esa misma hora». «Pensemos en una hora nocturna en que no hay viento. La única posibilidad es que esa energía proceda de almacenamiento (baterías o bombeo)», ha remarcado Arasti.

Según Arasti, «es paradójico» que se exija consumir energía renovable mientras el parque eólico de El Escudo se paraliza por causas imputables al propio Gobierno de España», y ha continuado: «se exige consumir energía renovable mientras se malgasta la energía eléctrica renovable», en referencia a que el pasado mes de mayo alrededor del 7 por ciento de la producción renovable no pudo integrarse en el sistema por problemas de capacidad de la red.

Unos problemas, ha recordado, que han sido debidos a que durante los últimos 8 años «ni se ha invertido ni se ha dejado invertir en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica», así como que se exija consumir energía renovable mientras la tramitación de la ampliación de la central hidráulica reversible de Aguayo «no ha sido, precisamente, un ejemplo de agilidad administrativa».

Para Arasti, también es «paradójico» que al Gobierno de España le preocupe que suba el precio de la energía eléctrica, pero al mismo tiempo se anuncie el cierre anticipado de las siete centrales nucleares españolas para 2035 y que generan el 20 por ciento de la energía eléctrica consumida en España, «restringiendo la producción», lo que cual, en su opinión, «no ayuda, precisamente, a minorar el precio».

Ante esta situación, ha defendido la postura de eliminar los proyectos especulativos y dar prioridad, para acceder a la red eléctrica, a los proyectos que, como ‘Altamira’, sean más competitivos, consuman menos y generen menos impacto ambiental, y se exija a un centro de datos que, como el proyecto ‘Altamira’, «tenga la mayor eficiencia energética posible, consuma la menor cantidad de agua, tenga la mejor conectividad y el menor impacto ambiental y garantice la soberanía de los datos».

Además, en el caso de ‘Altamira’, cuenta con unas infraestructuras de conexión a la red que «no le cuestan nada al Estado» y contribuyen a la estabilidad del sistema eléctrico español, «al descongestionar el eje Madrid-Aragón-Cataluña, donde están situados la mayor parte de los centros de datos».

Durante su comparecencia, ha defendido los centros de datos por ser infraestructuras básicas para nuestra competitividad hasta el punto de afirmar que «la revolución tecnológica que está teniendo lugar es comparable a la que supuso la máquina de vapor en el siglo 18 y que ha sido la base de la prosperidad de los países que supieron aprovecharla, y la del retraso actual de los países, cuyas políticas imposibilitaron su desarrollo».

Entre los argumentos que ha expuesto en defensa de estas infraestructuras, ha destacado que «toda la economía se está digitalizando para mejorar su competitividad y los centros de datos permiten a universidades y centros de investigación acceder a capacidades de supercomputación y almacenamiento masivo, fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico».

Además, ha defendido que «la investigación necesita la Inteligencia Artificial y la Inteligencia Artificial necesita los centros de datos» y que no hay que depender de otros países en esta materia. «¿Qué pasaría si esos países priorizan a sus propios usuarios? Nos quedaríamos descolgados totalmente de la Inteligencia Artificial con todo lo que eso significa», ha opinado el consejero.

Al consejero le llama la atención que, durante estos ocho años, el Gobierno de España no haya preparado la red eléctrica para suministrar la energía eléctrica que España necesita y ha recordado que la patronal española de centros de datos ha mostrado su rechazo al proyecto de Real Decreto del Ministerio, al considerar que miles de millones de euros de inversión y miles de empleos se materializarán en otros países que también compiten por atraer inversiones en infraestructura digital.

Alegaciones

El consejero ha avanzado que el Gobierno de Cantabria «ya está preparando» sus alegaciones al nuevo Real Decreto del Ministerio sobre los centros de datos y ha garantizado que «actuaremos con lealtad y espíritu constructivo porque queremos que el Gobierno de España acierte en esta medida trascendental».

Tal y como ha explicado, el objetivo del Ejecutivo autonómico con sus alegaciones será modificar el proyecto del Ministerio para que «España pueda aprovechar una revolución tecnológica que, como la del siglo 18, va a determinar qué países prosperarán y qué países no lo harán».

«Más allá de qué tipo de energía consuman, creemos que deberían tener preferencia de acceso a la red eléctrica aquellos centros de datos que, como ‘Altamira’, tengan la mayor eficiencia energética, y cuanto mayor eficiencia energética, mayor preferencia; consuman la menor cantidad de agua; tengan la mejor conectividad, ya que el cable submarino de mayor capacidad del mundo desemboca en la playa de La Maruca y Google va a conectar con otro cable submarino Santander y Estados Unidos; aprovechen el calor generado; tengan el menor impacto ambiental; ya que Altamira estará muy cerca de la subestación eléctrica de Penagos; garanticen la soberanía de los datos; no supongan costes de ejecución al sistema eléctrico; contribuyan a la estabilidad del sistema eléctrico español, y que la inversión sea cien por cien privada.

«Cantabria no tiene miedo a competir», ha asegurado Arasti, quien ha defendido el criterio sensato del Ejecutivo autonómico: «que esos 3.800 megavatios de potencia que contempla la planificación eléctrica para los centros de datos se asignen a los proyectos más eficientes, solventes y de menor impacto ambiental y, en su opinión, «entre los mejores, sino el mejor, se encuentra Altamira», que precisará, ha recordado, el 13 por ciento de esa potencia, es decir, 500 megavatios de potencia.

«Estamos ante una inversión histórica»

Por su parte, el catedrático de la UC y responsable del estudio ha destacado la magnitud de la inversión, que equivale a más del 20 por ciento del PIB de Cantabria. «Estamos ante una inversión histórica, de las más importantes que se han planteado en Cantabria», ha subrayado Coto, quien ha hecho hincapié en que el empleo constituye uno de los principales efectos del proyecto durante su fase de construcción y puesta en marcha «con empleos fijos y de alta cualificación, como corresponde a un centro de datos de estas características».

El estudio, ha destacado, también plantea otros efectos que, aunque no pueden cuantificarse directamente, pueden resultar determinantes para la transformación económica de Cantabria, tales como la creación de un clúster tecnológico, la formación de capital humano de última generación, el incremento de la productividad, la llegada de inversiones complementarias y una mayor cohesión regional.