Los concursos de acreedores aumentan un 18,5% en Cantabria en el segundo trimestre, impulsados por los de personas empresarias

Los procedimientos concursales de personas naturales empresarias pasan de uno a doce, mientras descienden los despidos, las reclamaciones de cantidad y los lanzamientos practicados.

Santander, 15 de octubre de 2025.– Los Juzgados de lo Mercantil de Cantabria registraron en el segundo trimestre de 2025 un total de 154 concursos de acreedores, lo que supone un incremento del 18,5% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 130. A nivel nacional, el aumento fue similar, del 18,9%, confirmando la tendencia al alza observada desde 2020.

Estos datos, recogidos en el Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reflejan una tasa de 26,1 concursos por cada 100.000 habitantes en Cantabria, inferior a la media nacional (37,2).

El mayor incremento se registra entre las personas naturales empresarias, que pasan de uno a doce procedimientos.
Por su parte, los concursos de particulares —los más numerosos— aumentan un 8,2% (de 122 a 132), mientras que los de personas jurídicas se incrementan un 42,9% (de 7 a 10).

Esta evolución confirma una tendencia sostenida de aumento de la actividad concursal en los últimos cuatro años, asociada al encarecimiento del crédito y a la persistencia de tensiones económicas en el ámbito empresarial y familiar.

Frente al crecimiento de los concursos, otros indicadores judiciales reflejan una mejoría relativa en el contexto laboral y civil.
En los Juzgados de lo Social, las demandas por despido se redujeron un 1,5% (331 frente a 336 en 2024), con una tasa de 56 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional (83,7).

Las reclamaciones de cantidad descendieron un 33% (de 752 a 504), aunque su tasa —85,3 por cada 100.000 habitantes— sigue siendo superior a la media del país (69,7).

En el ámbito civil, los lanzamientos practicados bajaron un 35,9% (de 78 a 50), un descenso más acusado que el nacional (-11,3%). La mayoría, 40 casos, se debieron al impago del alquiler, mientras que 9 correspondieron a ejecuciones hipotecarias y uno a otras causas.

Durante el trimestre, los órganos civiles registraron 67 ejecuciones hipotecarias, un 39,6% más que en 2024 (48). La tasa cántabra, con 11,3 casos por 100.000 habitantes, se mantiene por debajo de la nacional (19,8).

También aumentaron los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda, que pasaron de dos a cinco casos, un incremento del 150%, frente a la caída del 23,8% en el conjunto del país.

Los procedimientos monitorios, utilizados para reclamar deudas dinerarias líquidas o impagos en comunidades de propietarios, se redujeron un 32,9%, al pasar de 3.156 a 2.117.
Pese a la caída, Cantabria sigue mostrando una tasa inferior a la nacional: 358,3 por cada 100.000 habitantes, frente a 466,5 del conjunto del país.

El informe del CGPJ refleja un contraste entre el repunte de los procedimientos mercantiles y la reducción de los conflictos laborales y civiles, con un patrón que se mantiene en la mayoría de comunidades autónomas.

La situación económica continúa generando tensiones financieras y empresariales, aunque los indicadores laborales y de vivienda apuntan hacia una mayor estabilidad en la región durante el segundo trimestre de 2025.