Media considera necesaria la aprobación de la nueva Ley de Vivienda de Cantabria para regular el mercado y dotar de mayor seguridad al sector

Santander- 28.11.2025
El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, considera necesaria la aprobación de la nueva Ley de Vivienda de Cantabria para regular el mercado y dotar de mayor seguridad al sector.

«Hemos venido aquí para cambiar las cosas», ha afirmado Media, asegurando que el Ejecutivo de Buruaga continuará desarrollando políticas en positivo, que pongan más vivienda en el mercado y que protejan la propiedad privada de los cántabros. Cuestiones que aborda la futura normativa autonómica, que ya se encuentra en el Parlamento, y que espera que, en esta ocasión, «prime el sentido común» para recabar el apoyo de todos los grupos políticos para su aprobación.

Así lo ha destacado el consejero durante su intervención en la clausura de la segunda edición del ‘Congreso Vivienda Cantabria 2025’, organizado por El Diario Montañes, que se ha celebrado durante dos jornadas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander para abordar el futuro del sector, la sostenibilidad y la digitalización en la construcción.
«Desde nuestras competencias, Cantabria no dejará ni un solo resquicio para que el propietario se encuentre desprotegido», ha expresado el titular de Vivienda en relación a la futura normativa autonómica en la que se establecen «todas las barreras posibles» a la ocupación ilegal.

El consejero se ha referido a diferentes recursos para abordar este problema como la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación que comenzará a funcionar próximamente, tras la contratación esta misma semana de un asesor jurídico que gestionará este servicio. También se habilitará un canal de comunicación mediante un teléfono y un mail para el asesoramiento a particulares y vecinos afectados por esta problemática.

«Se establecen medidas de prevención, protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrancia, asistencia jurídica a propietarios afectados, y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real», ha expresado.

Medidas en positivo para mejorar la situación
Otras novedades que recoge el texto son el fomento del alquiler asequible, con la incorporación de fórmulas de colaboración público-privada, o la promoción de viviendas a precio tasado, éste último un modelo ya vigente en otras comunidades que se quiere volver a recuperar en Cantabria y que permite el acceso a viviendas protegidas a sectores de población que ahora mismo no pueden porque su renta pasa de los límites establecidos y, sin embargo, tienen serias dificultades para acceder en mercado libre.

También se incluye declarar en situación de emergencia habitacional a quienes hayan perdido sus viviendas o no puedan usarlas a causas de incendios o catástrofes naturales, y se habilita como personas usuarias de vivienda protegida a profesionales de servicios básicos, «quienes podrán ser también partícipes de los programas de vivienda rural protegida con el fin de garantizar los servicios en zonas rurales».

Además, el consejero ha avanzado que su departamento continuara impulsando este tipo de medidas en positivo, como las ejecutadas en este primer periodo de legislatura. En concreto, se ha referido a la última reforma fiscal que el Ejecutivo ha aprobado y que implica multitud de beneficios en el ámbito de la vivienda. También ha recordado las dos subidas del módulo de las VPO para impulsar de nuevo su construcción desde la iniciativa privada. Y ha destacado las mejoras del decreto de ayudas al alquiler «para llegar a más gente y en mejores condiciones».

Zonas tensionadas y Ley nacional
Durante su intervención, ha vuelto a insistir en que crear zonas tensionadas o topar los precios del alquiler, mecanismos que recoge la Ley nacional de Vivienda, «son dañinos y no hacen más que empeorar la situación».

«Cantabria no va a declarar zonas tensionadas ni ahora ni nunca», ha afirmado, al tiempo que ha defendido que esta posición «no solo la defendemos por convicción política» sino que está avalada por informes de diferentes organismos y estudios económicos que la consideran «improcedente, injusta y negativa».

En concreto, se ha referido al reciente estudio de la Universidad de Cantabria que, según ha explicado, ratifica que la declaración de zonas tensionadas dificulta el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos, por lo que se desaconseja su implantación.

«Los controles de alquiler no abaratan la vivienda de manera efectiva, lo que hacen es reducir la oferta, deteriorar la calidad del mercado y crear nuevos problemas sociales y económicos», ha apostillado, poniendo como ejemplo los casos de Cataluña donde en ciudades como Barcelona y Lérida el stock de viviendas destinadas al alquiler ha caído un 37%, en Gerona un 42% y en Tarragona un 36%, frente a la caída media nacional del 3,1%.
Por ello, ha defendido que la mejor fórmula para cambiar esta situación es construir mucha vivienda para aumentar la oferta. En este sentido, ha recordado las 285 viviendas en régimen de alquiler asequible en 9 municipios de la región en las que su departamento está trabajando desde el inicio de la legislatura. De ellas, tres ya están finalizadas en Orejo y otras 27 están a punto en Reinosa y Santillana del Mar.

Sobre la construcción de las 212 viviendas en 6 municipios a través de la colaboración público-privada, ha avanzado que todos los proyectos están ya registrados en los 6 ayuntamientos donde se van a ejecutar y «de forma inmediata» contarán con las licencias municipales para iniciar los trabajos.

Además, ha añadido que la Consejería continúa en contacto con otros municipios como San Vicente de la Barquera, Ruiloba, Santander, Ribamontán al Mar, Castro Urdiales, Guriezo o Penagos para continuar construyendo más vivienda pública.

Presupuestos de 2026: 60 millones en políticas de vivienda
Sobre el Presupuesto de Cantabria para 2026, el consejero ha lamentado que «los tres partidos que perdieron las elecciones se hayan aliado para tumbar esas cuentas». Una decisión que considera «incomprensible y de absoluta irresponsabilidad», y que pone «en peligro» las medidas que se articulan en el documento, que incrementa en un 63% en políticas de vivienda, pasando de los 36,9 millones de euros de este ejercicio a los 60,2 en 2026.

Media ha destacado algunas de las novedades que se recogen en el presupuesto en esta materia como la nueva línea de avales de hasta el 20% para la adquisición de viviendas para personas de hasta 45 años; el incremento del 19% de los recursos destinados a las ayudas al alquiler, que pasarán de los 10,9 a los 13,07 millones; o las ayudas a la rehabilitación, tanto energética como de accesibilidad, cuya partida se multiplica por dos pasando de los 6 a los 12 millones de euros.

Especialmente ha resaltado el incremento de un 109% que registrará la partida destinada a Gesvican para la ampliación del parque público de vivienda, que pasará de los 8,7 millones de euros de este año a los 18,3.