Pascual afirma que la Ley del Medicamento no se puede imponer sin contar con las comunidades autónomas ni con el sector farmacéutico

Santander- 14.04.2025

El consejero de Salud, César Pascual, ha criticado la aprobación unilateral del anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, «una decisión que se ha tomado sin diálogo previo con las comunidades autónomas, claves en este tema, ni con los agentes clave del sector farmacéutico».

Para Pascual, la forma de actuar de este Gobierno es reiteradamente «alejada de cualquier principio de cogobernanza y transparencia», lo que en su opinión pone en riesgo y debilita el Sistema Nacional de Salud y genera una enorme inseguridad jurídica, técnica y económica.

«Desde el Gobierno de Cantabria exigimos que se frene esta tramitación precipitada, convoque urgentemente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y escuche tanto a las comunidades autónomas como al conjunto del sector farmacéutico», ha afirmado el consejero.

Para Pascual, esta reforma de «esta magnitud», no puede hacerse desde un despacho en Madrid. Además, parece plantearse «contra todas las partes», y poniendo en peligro la calidad del sistema sanitario, el bienestar de los pacientes y el futuro del empleo en el sector».

Consenso de las partes

Según el consejero, las comunidades autónomas son las verdaderas responsables de la gestión farmacéutica en el SNS, y sus equipos técnicos conocen de primera mano las complejidades de la dispensación, la sostenibilidad del gasto y las necesidades reales de los pacientes. Sin embargo, el Gobierno de España «ha decidido ignorarlas por completo», al igual que ha hecho con los profesionales sanitarios, las farmacias, los distribuidores y la industria farmacéutica.

Por otro lado, el nuevo sistema de precios seleccionados incluido en el anteproyecto ha provocado ya una respuesta unánime de rechazo por parte de todo el sector. Organizaciones como Farmaindustria, Aeseg, Biosim, Fedifar o el Consejo General de Colegios Farmacéuticos han advertido que este modelo supone un cambio radical que podría provocar desabastecimientos, discontinuidad en los tratamientos, y una grave afectación al tejido industrial y a la capacidad productiva del país.

«El impacto de esta reforma no solo es sanitario, sino también económico», ha explicado Pascual.  Y es que tal y como ha señalado la patronal del sector, esta norma amenaza con frenar la inversión, destruir empleo y poner en peligro la autonomía estratégica industrial que el propio Gobierno decía defender hace apenas unos meses.

España cuenta con más de 100 plantas de producción de medicamentos, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas que fueron clave durante la pandemia y que ahora ven amenazada su viabilidad.

Además, se introduce de forma encubierta un sistema de copago evitable, que añade complejidad a la gestión de la prescripción y puede tener consecuencias directas sobre la adherencia a los tratamientos y la salud de los pacientes. El riesgo de cambios frecuentes de medicación es real y puede generar confusión e inseguridad entre los ciudadanos.