Presidencia destina 168,4 millones a conseguir una Cantabria más segura y reforzar la simplificación administrativa

Santander- 05.11.2025

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa contará con un presupuesto de 168,4 millones de euros para 2026, lo que supone un crecimiento del 3,7 por ciento con respecto a este año y que incluye recursos históricos para los ayuntamientos, para reforzar los servicios públicos de emergencias y de justicia, y partidas concretas para desplegar los efectos de la ley de simplificación y conseguir, así, una administración pública al servicio de los ciudadanos y empresas.

Este presupuesto es «continuista», «real» y «ambicioso» y «cumple con los compromisos adquiridos con los cántabros en nuestro contrato en el año 2023», ha subrayado la responsable de la Consejería, Isabel Urrutia, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha informado de las cuentas de su departamento. Según ha dicho, con ellas se pretende conseguir «una administración facilitadora, en una Cantabria más segura», y una justicia «a la vanguardia y garantista», con un Gobierno que es «aliado» de los ayuntamientos y es «el más municipalista de la historia».

Según ha destacado Urrutia, las cuentas de la Consejería han crecido un 19,5 por ciento respecto al inicio de la legislatura, en 2023, lo que se traduce en 27,5 millones más, algo que ha considerado «clave» en esta legislatura, junto a la propia ejecución presupuestaria, al situarse anualmente en torno al 90 por ciento. Hasta octubre la ejecución se acerca ya al 70 por ciento.

Isabel Urrutia ha desgranado en su intervención los principales ejes en los que pivotará el presupuesto de su departamento, que avanzará en la reducción de la burocracia y destinará «más recursos que nunca» a justicia y a medios de emergencias y seguridad. Igualmente, ha destacado que los municipios recibirán del Gobierno cántabro cifras sin precedentes.

Simplificación administrativa y administración digital

Respecto a la Ley de simplificación administrativa, la consejera ha señalado que ya ha empezado a desplegar sus efectos con la formación del grupo de trabajo, la unidad aceleradora y la regulación de las entidades colaboradoras de certificación. La semana próxima, ha anunciado, verá la luz el decreto de silencios que aportará mayor seguridad jurídica.

En 2026, se incluirán partidas presupuestarias específicas destinadas a cumplir con la Ley de Simplificación, por un valor total de más de 2 millones de euros.

En concreto, se incluye la puesta en marcha del Plan de simplificación administrativa y de administración digital y el plan de formación de empleados públicos local y regional (414.000 euros), junto al incremento del personal en este ámbito para apoyar los cambios precisos en las distintas consejerías con una inversión de 303.000 euros anuales (dos analistas de informática y tres técnicos de gestión de sistemas). Además, se ampliará el contrato SUMA de aplicaciones para cumplir con las acciones derivadas del Plan de Simplificación, por importe de 1,4 millones de euros.

En administración digital, la Consejería de Presidencia dotará con 2 millones de euros la inversión destinada a ciberseguridad, habrá «más dinero que nunca» en este ámbito, ha subrayado la consejera. Y es que las cuentas de la Dirección General de Informática crecen un 5,4 por ciento.

Igualmente, este presupuesto mantiene el apoyo a los ayuntamientos en el desarrollo de la administración digital a través de las subvenciones en los municipios en riesgo de despoblamiento, la mejora de las comunicaciones de la red Sara, la implantación de la Carpeta Ciudadana y la finalización de los trabajos de la digitalización del padrón municipal.

Para el cumplimiento de estos objetivos, la consejera de Presidencia ha afirmado que el Gobierno necesita «ir de la mano» de los empleados públicos. «Necesitamos trabajadores formados, especializados, con estabilización y motivados», ha subrayado, tras lo que ha anunciado que el Ejecutivo destinará recursos económicos sin precedentes para su formación.

Así, el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) contará con una inversión histórica en formación de los empleados públicos de más de 2,4 millones de euros, un 10,45 por ciento más en tres años, lo que se traduce, según ha detallado, en un 16 por ciento más de cursos, un 30 por ciento más de ediciones y un incremento del 29 por ciento de alumnos. En este punto, ha destacado el esfuerzo económico «adicional» que ha tenido que hacer el Ejecutivo cántabro al no actualizarse las entregas a cuenta del Gobierno de España al «no tener aprobados los presupuestos por tercer año consecutivo».

En materia de función pública, se avanzará en la estabilización y en la convocatoria de las ofertas de empleo público, que serán en el turno libre por el sistema de oposición, – la de 2025 cuenta con 357 plazas-, así como en la resolución del concurso de funcionarios -931 plazas-

La Dirección General crece en su presupuesto un 5,4 por ciento, incluyendo una partida de 1,5 millones de euros para el nuevo convenio del personal laboral. La consejera de Presidencia ha asegurado que la Ley de Función Pública verá la luz en 2026.

Más dinero a justicia

Urrutia ha resaltado que la Administración de Justicia contará con cifras «históricas» en su presupuesto con cerca de 48 millones de euros, lo que supone 6,3 millones más en tres años.

Con este dinero se dará cumplimiento a los objetivos incluidos en el primer Pacto para la Justicia de Cantabria, con la adecuación retributiva de los empleados públicos y la mejora de medios para mejorar este servicio público.

La responsable de Justicia ha asegurado que el Gobierno cántabro cumplirá con la Ley de Eficiencia y Santander se sumará a la nueva organización judicial que impone la norma, al igual que sucedió en el resto de partidos judiciales en julio, y ello a pesar, ha dicho, de la «imposición de tiempos leoninos» y el «abandono» del Ministerio tanto en apoyo material como financiación». De cualquier forma, ha apuntado que el presupuesto refleja el aumento de costes de la nueva organización judicial y ya este año este sobrecoste alcanza en octubre los 2,4 millones, sin que haya finalizado la implantación.

En el capítulo de inversiones, en 2026 se destinarán más de 2,1 millones de euros a la inversión en este sector, «la mayor de la historia», un 64 por ciento más, según la consejera de Justicia, sin contar con las partidas anuales que se han destinado al Convento de las Clarisas.

Con ello, se terminarán las obras de mejora de eficiencia energética en el edificio judicial de Las Salesas iniciadas en 2025 (581.000 euros) y se afrontarán nuevas obras de reforma en las sedes de los siete partidos judiciales de la región, por un importe superior a los 354.000 euros. Además, se continuará con el proyecto de adaptación, desarrollo y mejora de la plataforma VEREDA a la nueva estructura judicial y se invertirá en la aproximación de la justicia a través de las oficinas judiciales en los municipios.

Una Cantabria más segura

Por otro lado, la consejera ha resaltado el «exponencial» aumento de la inversión prevista para 2026 en el sistema de protección civil y atención de emergencias, que se convertirá, según ha apuntado, en la nueva agencia de seguridad y emergencias de Cantabria y cuya ley de creación ha comenzado tramitar el Gobierno este año.

Y es que, como ha afirmado, el año 2026 será el año en el que se destine «el mayor presupuesto de la historia» de Cantabria para nuestro sistema de seguridad desde su creación, al superar la cifra de los 31,5 millones de euros, 6,8 millones más sobre el presupuesto de este año y de 11 millones desde que este Gobierno tomó posesión en 2023, lo que supone un 54 por ciento de incremento en este tercer presupuesto que se presenta.

Entre las partidas más destacadas, se encuentra el nuevo contrato del helicóptero (3,5 millones) con el que se mejorarán las prestaciones y el servicio de extinción de incendios forestales; y las transferencias y subvenciones a ayuntamientos con parque de bomberos y otras entidades en este ámbito, que crecen un 8 por ciento. Este presupuesto, según Urrutia, «revierte la injusticia» con el parque municipal de Camargo, al que el Gobierno incrementa la partida un 167 por ciento, hasta los 400.000 euros.

Como novedad, se incluye una partida específica para la instalación de hidrantes en los ayuntamientos para reforzar los sistemas contraincendios (200.000 euros) y se apoyará a 72 municipios en la elaboración de las guías de respuesta ante incendios forestales (220.000 euros), que obliga la normativa básica estatal. «El Gobierno de Cantabria no deja solos los ayuntamientos y les ayudará con apoyo material, técnico y económico», ha subrayado.

Se incluyen inversiones para la red regional de comunicaciones de emergencia y finalizar las obras de las helisuperficies de Tresviso, que se licitarán tras la cesión de las fincas, y de Polaciones, cuyos trabajos empezarán «en breve», según ha anunciado Urrutia. Ha informado que el próximo año se iniciará el procedimiento de la helisuperifcie de Rionansa.

Respecto a los cuerpos de policía local, en 2026 tendrá lugar la convocatoria única de oposiciones, por lo que aumenta en más de un 58 por ciento la partida destinada en el ICAP por la Dirección General de Seguridad.

El Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), que gestiona los parques de bomberos autonómicos y el Centro de Atención de Emergencias 112, incrementa sus cuentas un 34,5 por ciento, con 18.273.639 euros, es decir, 4,6 millones más que este ejercicio y 7,4 millones más que al inicio de la legislatura (68,4 por ciento más, respecto a 2023).

Con este crecimiento se hará frente al incremento de la plantilla de bomberos: se dotan presupuestariamente 28 nuevos puestos con la previsión de incorporar «al menos» 25 efectivos cuyo proceso selectivo está ya y se incluye la posibilidad de gratificaciones por compensación de exceso de jornada. Con ello, ha dicho la consejera, se cumplirá con una dotación mínima de cuatro bomberos por guardia y mantener cinco efectivos en la mayoría de ellas.

Las inversiones en el SEMCA también crecerán 3,6 millones, hasta llegar a los 5.113.877 euros, lo que supone un crecimiento del 244 por ciento. Se construirá un nuevo parque de bomberos en Valdáliga y se mejorarán los cinco restantes. Además, se renovarán los vehículos de emergencia, los equipos de protección individual y el material, así como los medios del Centro 112, que ha mejorado desde octubre la atención ciudadana con tres nuevos gestores diarios. «Es una gran apuesta por la seguridad de Cantabria, de nuestro personal, con un sistema de seguridad a la vanguardia y referente en España», ha valorado la consejera

280 millones para los ayuntamientos

Urrutia ha afirmado que el presupuesto del Gobierno de Cantabria «es el que más destina a los ayuntamientos» de Cantabria: un total de 120 millones de euros entre transferencias corrientes y de capital, a lo que añaden y las partidas de inversión previstas en las consejerías en cada municipio, por importe de 160 millones para 2026.

Respecto a la Consejería de Presidencia, las transferencias a los ayuntamientos se incrementan un 13,7 por ciento en tres ejercicios, hasta superar los 24,5 millones y el Fondo de Cooperación Local crece un 2,8 por ciento con más de 19 millones.

Para los municipios en riesgo de despoblamiento, se mantendrán las ayudas para adquirir vehículos de uso común y se licitará un nuevo contrato para el mantenimiento de los cajeros bancarios para los 41 municipios.  Además, se mantiene la ayuda para facilitar su servicio de administración electrónica, fruto del acuerdo presupuestario del pasado año, y crece por tercer ejercicio consecutivo el convenio con el colegio de farmacéuticos para la dispensación de medicamentos.

Por último, el Gobierno mantiene las partidas nominativas y de inversión en nuestras Casas regionales, que se han incrementado un 12,4 por ciento en lo que llevamos de legislatura, y los 17 centros de otras comunidades asentados en Cantabria recibirán, como novedad, subvenciones nominativas para simplificar el procedimiento y asegurar la llegada de los recursos.