Presidencia gestionará un presupuesto de 177,8 millones de euros, un 4,8% más, para culminar la modernización de la Administración y reforzar la seguridad en Cantabria

Santander- 06.11.2026

El consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Juan Sáez Bereciartu, ha presentado hoy el proyecto de presupuesto de su departamento para 2027, que asciende a 177,8 millones de euros, incluidos los dos organismos autónomos adscritos, el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) y el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA). Esta cantidad supone un incremento del 4,8 por ciento con respecto al presente ejercicio.

En su intervención, ha puesto de relieve el importante crecimiento de los fondos que gestiona la Consejería de Presidencia respecto al inicio de la legislatura, un 33,6 por ciento superiores, un total de 42,9 millones de euros más para, según ha dicho, «servir de soporte al correcto funcionamiento de la Administración autonómica, pero también proyectar su actuación hacia los ciudadanos en aspectos claves de su vida» en referencia a la seguridad, la justicia, la modernización de los servicios públicos y el compromiso con el funcionamiento y la financiación de los ayuntamientos.

Sáez Bereciartu ha explicado que estas cuentas responden a un objetivo claro: «culminar el trabajo realizado en este departamento durante toda la legislatura». En este sentido, ha subrayado que «no son unos presupuestos de improvisación (…) ni de cambio de rumbo», sino «de continuidad, de estabilidad y de cumplimiento, orientados a finalizar los proyectos, ejecutar las inversiones estratégicas y garantizar que los compromisos adquiridos llegan efectivamente a los ciudadanos».

«Entramos en el tramo final de la legislatura y queremos hacerlo con la misma seriedad con la que comenzamos: con responsabilidad, ejecutando con eficacia y cumpliendo la palabra dada», ha afirmado.

El consejero de Presidencia ha destacado que las cuentas consolidan la apuesta del Gobierno de Cantabria por una Administración moderna y cercana a ciudadanos y empresas, una comunidad más segura, una justicia a la vanguardia y un Gobierno aliado con los municipios e inversor en nuestros pueblos; es «el más municipalista de la historia de Cantabria».

«Menos burocracia, más seguridad, mejor justicia y más inversión municipal: esa es la hoja de ruta que reflejan estas cuentas», ha resumido.

Modernización de la Administración y menor burocracia

La primera línea de actuación se centra en continuar desarrollando el proyecto Cantabria Facilita, con el objetivo de reducir las trabas burocráticas, agilizar los procedimientos y avanzar en la transformación digital de los servicios públicos.

En este ámbito, el Gobierno continuará ejecutando los planes de Simplificación Administrativa y Administración Digital, que contemplan una inversión conjunta de 10 millones de euros durante sus cuatro años de vigencia. En 2027 se desarrollarán las primeras fases de ambos planes, ha precisado Sáez Bereciartu.

Entre las principales actuaciones previstas figura el estudio y rediseño de 27 procedimientos administrativos, la mejora de la sede electrónica para hacerla más intuitiva y accesible, la actualización de los formularios y documentos administrativos y la identificación de trámites susceptibles de convertirse en servicios proactivos para los ciudadanos, como las renovaciones automáticas de determinados derechos.

También se ampliará la formación en simplificación administrativa dirigida tanto a los empleados públicos autonómicos como a los de las entidades locales.

Para respaldar este proceso, se reforzarán los recursos humanos y tecnológicos. El proyecto cuenta ya con cuatro analistas informáticos y cinco técnicos de gestión de sistemas, y prevé la incorporación de otros cuatro técnicos durante 2027.

Por su parte, la Dirección General de Informática dispondrá de casi 38,4 millones de euros, 3,1 millones más que en 2026, lo que representa un crecimiento cercano al 9 por ciento.

Esta dotación permitirá mantener y mejorar los principales servicios tecnológicos del Gobierno, entre ellos el contrato SUMA, destinado al mantenimiento de aplicaciones, con 10,2 millones de euros; el contrato SILIÓ, que garantiza la administración de sistemas y el soporte a los usuarios, con 9 millones; y los servicios de telecomunicaciones, licencias informáticas y ciberseguridad.

Además, durante 2027 se pondrá en marcha el núcleo de la transformación prevista en el Plan de Administración Digital.

El apoyo a los ayuntamientos también tendrá continuidad con subvenciones para impulsar la administración digital en municipios en riesgo de despoblamiento, la integración en la red SARA, la implantación de la carpeta ciudadana en localidades de menos de 5.000 habitantes y la digitalización del padrón municipal.

En materia de función pública, el Gobierno mantendrá su compromiso con la estabilidad, la promoción profesional y la incorporación de nuevos empleados públicos. En este sentido, continuará la ejecución de las ofertas de empleo público de 2025 y 2026, que suman 899 plazas, y avanzará en los procesos selectivos y en el concurso de méritos general convocado para la cobertura de 931 puestos.

El presupuesto 2027 recoge, además, un millón de euros para financiar los compromisos derivados del IX Convenio Colectivo del personal laboral y una nueva subvención de 50.000 euros a Plena Inclusión Cantabria para apoyar la incorporación y el desarrollo profesional de personas con discapacidad intelectual en el empleo público.

Por su parte, el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) contará con más de 2,5 millones de euros, el presupuesto más elevado de su historia, con un incremento del 5 por ciento. Los fondos propios destinados a formación han aumentado un 47 por ciento desde el inicio de la legislatura.

Servicio público de justicia

El segundo eje presupuestario de la Consejería se dirige a mejorar el funcionamiento del servicio público de justicia, dotándolo de los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios. Culminada ya la implantación de la Oficina judicial, ha señalado, «habrá una inversión sin precedentes de más de 2 millones para la mejora de los edificios judiciales y la gestión con especial atención en esta primera fase a la climatización de los inmuebles y la digitalización de la Administración judicial».

En este punto, el consejero de Justicia ha avanzado que será una realidad la «tan demandada» Oficina Fiscal, cuyo decreto será aprobado por el Consejo de Gobierno la próxima semana, culminando así «una auténtica revolución en la organización de la Administración de Justicia».

El presupuesto destinado a esta área alcanza los 49,6 millones de euros, con un incremento del 3,7 por ciento respecto a 2026.

Entre las prioridades figura culminar los compromisos adquiridos con los empleados públicos en el marco del Pacto para la Justicia de Cantabria, así como mantener la financiación de la asistencia jurídica gratuita, que contará con 3,4 millones de euros para los profesionales de la abogacía y la procura que prestan sus servicios en el turno de oficio.

Asimismo, se impulsarán las primeras obras de reforma de las sedes judiciales, con especial atención a la mejora de los sistemas de climatización, y se adecuarán nuevos espacios para acoger las plazas judiciales y fiscales de reciente creación.

También se acometerán las actuaciones necesarias para acondicionar la futura sede del Instituto de Medicina Legal.

En el ámbito tecnológico, se mantendrá el esfuerzo de modernización de la Administración de Justicia y de mejora de sus herramientas de gestión, con especial atención al sistema VEREDA, que permite la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y facilita la comunicación entre los distintos operadores jurídicos.

En cuanto a las políticas de reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo, el presupuesto contempla 150.000 euros, una cantidad ampliable, para culminar el reconocimiento de las indemnizaciones derivadas de la modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo.

Como novedades, se incorpora una subvención de 5.000 euros al Colegio de Psicología para poner en marcha un programa de asistencia psicológica a las víctimas, se iniciará la elaboración de un archivo audiovisual sobre la historia del terrorismo en Cantabria que recogerá sus testimonios y se creará una página web oficial con información sobre este colectivo. El Gobierno continuará trabajando también en colaboración con la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE).

Seguridad y protección ciudadana

El tercer eje se centra en fortalecer el sistema de protección civil y gestión de emergencias de Cantabria, uno de los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno autonómico durante la legislatura.

Se dará a Cantabria, ha resaltado el consejero, una capacidad de respuesta ante emergencias «sin precedentes» con un segundo helicóptero, la culminación de la red de helisuperficies, un nuevo parque de emergencias y una nueva plataforma tecnológica para la gestión de las grandes emergencias. Además, se contará con más plantilla: 35 bomberos funcionarios de carrera se incorporarán al servicio en 2027. Cantabria contará, así, con un 46 por ciento más de personal de emergencias respecto al inicio de la legislatura, en 2023.

Sáez Bereciartu también se ha referido a la oposición única para el acceso a los Cuerpos de Policía Local de Cantabria, que será una realidad en el primer trimestre de 2027, una plantilla de agentes «más especializada, mejor formada y más profesionalizada», ha dicho, en referencia a la formación en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El presupuesto global destinado al sistema de seguridad y emergencias asciende a 30,9 millones de euros, con el objetivo de consolidar las mejoras implantadas y continuar reforzando los recursos humanos y materiales de los servicios de emergencia. El consejero de Seguridad ha detallado que el Gobierno ha incrementado estos recursos un 51 porciento con respecto a 2023, destinando 10 millones más anualmente al Sistema de Protección Civil autonómico.

Entre las actuaciones previstas destaca la consolidación del nuevo modelo operativo del helicóptero medicalizado de rescate Delta Romeo, que incorpora mejoras para reducir los tiempos de respuesta, ampliar la capacidad de actuación y reforzar la asistencia médica en las intervenciones, incluidas las misiones nocturnas por vía terrestre.

Asimismo, se habilitará una partida específica para contratar un segundo helicóptero de apoyo a la extinción de incendios forestales y de rescate sin grúa, que tendrá su base en Santander durante los meses de mayor riesgo de incendios.

El presupuesto permitirá completar la red autonómica de helisuperficies con el proyecto localizado en Campoo de Suso y la instalación de mangas de viento en las zonas de aterrizaje de Rionansa y Soba.

También se destinarán 300.000 euros al proyecto de implantación de una plataforma tecnológica para la gestión de grandes emergencias, que permitirá mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta de los distintos servicios que intervienen en estas situaciones.

En materia de seguridad ciudadana, se incluyen 65.000 euros para el convenio con  la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación de la Policía Nacional que permitirá desarrollar el proceso de oposición unificada de los Cuerpos de Policía Local.

Se mantienen, además, las ayudas a los ayuntamientos para salvamento y socorrismo en playas, con 650.000 euros; para los parques municipales de bomberos, con 1,975 millones, y el convenio con Cruz Roja para colaborar en la gestión de situaciones de emergencia, dotado con 110.000 euros.

A estas actuaciones se suman 70.000 euros para continuar apoyando a los ayuntamientos en la elaboración de guías de respuesta frente a incendios forestales y 590.000 euros para renovar material, vehículos y vestuario de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y de los cuerpos de Policía Local, así como para adquirir desfibriladores e instalar hidrantes.

El Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) contará con 18,3 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que en 2026, tras el importante incremento del 34,5 por ciento experimentado el pasado ejercicio.

Estas cuentas permitirán consolidar el refuerzo de la plantilla y mantener el esfuerzo inversor. El capítulo de personal crece un 10,4 por ciento, con 1,1 millones de euros adicionales, para afrontar las actualizaciones salariales y ampliar la plantilla con 35 bomberos funcionarios de carrera, con el objetivo de garantizar un mínimo de cinco efectivos por guardia en todos los parques.

El capítulo de inversiones dispondrá de cuatro millones de euros para continuar modernizando los medios y las instalaciones del servicio. Entre las principales actuaciones destacan la reforma de los parques de emergencias de Laredo, Reinosa, Villacarriedo y Los Corrales de Buelna, así como la construcción de uno nuevo en Valdáliga.

Compromiso con los municipios

El cuarto eje de actuación refleja el compromiso del Gobierno cántabro con las entidades locales y con la prestación de servicios públicos de calidad en todos los municipios, especialmente en los de menor población.

La Dirección General de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria contará con un presupuesto de 25 millones de euros, un 2,8 por ciento más que en 2026 y un 14 por ciento superior al del inicio de la legislatura.

La principal novedad es el incremento de más de un millón de euros del Fondo de Cooperación Municipal, que alcanzará los 20,51 millones de euros, frente a los 19,46 millones del ejercicio anterior. Esta subida, de un 5,4 por ciento, responde a la actualización vinculada al IPC de referencia. Es la primera vez que este fondo supera los 20 millones de euros, consolidando «la mayor apuesta por el municipalismo que ha tenido la comunidad autónoma».

Además, se mantienen las ayudas destinadas a las mancomunidades, con 309.000 euros, y a las entidades locales menores, con 350.000 euros.

Asimismo, se refuerzan las inversiones municipales en infraestructuras, con un incremento conjunto de 70.000 euros en las partidas destinadas a nuevas dotaciones y reposición de las existentes, hasta alcanzar los 400.000 euros.

En la lucha contra la despoblación, se incrementa hasta los 320.000 euros la línea de ayudas para la adquisición de vehículos por parte de municipios en riesgo de despoblamiento, con la previsión de que ocho localidades más puedan disponer de un nuevo vehículo para sus servicios municipales.

También aumenta hasta los 648.456 euros la dotación para la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en estos municipios, coincidiendo con el nuevo periodo de gestión de la red para los años 2027-2031.

El presupuesto mantiene igualmente los convenios con los ayuntamientos de Tresviso, Valle de Villaverde y Valderredible, así como con la Federación de Municipios de Cantabria, el Colegio Oficial de Farmacéuticos para el programa del pastillero y la Federación Cántabra de Agrupaciones de Folclore.

Se mantienen las subvenciones nominativas a las Casas de Cantabria y se incrementan las destinadas a cada uno de los centros regionales ubicados en la comunidad autónoma.

Por último, la Secretaría General de la Consejería de Presidencia aumenta su presupuesto en más de un 50 porciento hasta los 7,4 millones para incluir las cuantías destinadas a sufragar los gastos del proceso electoral autonómico del mes de mayo (suministro de papeletas, sobres, urnas y resto de material necesario).

Sáez Bereciartu ha concluido que se tratan de unas cuentas «reales, asentadas sobre proyectos concretos», que refuerzan aquellos ámbitos en los que resulta imprescindible mejorar los servicios públicos y mantienen criterios de moderación en el resto.

«Nos va a permitir consolidar la senda de crecimiento, de modernización y de cambio de modelo de actuación que se inicio hace tres años, culminando una serie de actuaciones directas y de apoyo a los ayuntamientos, que, sin duda, contribuirán al avance de Cantabria», ha concluido.