Silva apela a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para aprobar un presupuesto «expansivo y creciente» que permita continuar el funcionamiento de un «buen sistema educativo»

Santander- 12.11.2025

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para aprobar un presupuesto que sitúa a la Comunidad Autónoma a la cabeza del país con «la tercera mayor inversión por alumno de la educación pública, con 8.500 euros por alumno de inversión; la segunda con mayor oferta de transporte escolar para toda la educación básica-el  23 por ciento de la educación básica y 16.000 alumnos desplazados- y la primera de todo el país en cuanto a la ratio de alumnos por profesor un 9,1», todos ellos indicadores objetivos del propio Ministerio de Educación.

Unas cuentas públicas que «para nada se corresponde con las acusaciones de recortes en la educación pública», ha afirmado Silva y que, por el contrario, demuestran que Cantabria cuenta con «un buen sistema educativo» que «funciona» por lo que ha apelado a su contribución para sacar adelante un presupuesto que es «expansivo y creciente», tal y como ha asegurado el titular de Educación, Sergio Silva, en su comparecencia en la Comisión de Economía, Hacienda y Financiación Autonómica. Por ello el titular de Educación ha preguntado a los grupos parlamentarios de la oposición «en que parte de la foto quieren estar, si en la del apoyo a estos presupuestos, que son los de la Educación de Cantabria».

Según Silva este presupuesto demuestra que el sistema funciona, un hecho avalado con resultados PISA 2022 en las tres competencias analizadas, con aproximadamente 500 puntos o con datos como la tasa de abandono escolar temprano en torno al 9%, y los aproximadamente 8000 euros invertidos por alumno y curso en la educación pública.

El titular de Educación ha subrayado, entre los objetivos anuales que se fija estos presupuestos, la mejora de las condiciones laborales de los docentes, atendiendo la subida salarial acordada, pero no firmada con los docentes, con la Junta de Personal Docente a lo largo de este 2025 y que asciende a 1.264 euros anuales. En segundo lugar, seguir reforzando la educación inclusiva porque es un área estratégica que, según Silva, tiene un «valor especial»; o la
mejora de los servicios complementarios como el comedor o el transporte, así como el hecho de afrontar los nuevos cambios y la nueva estructura de la Formación Profesional que ha experimentado un «salto de calidad» en nuestra Comunidad Autónoma.

Silva ha argumentado como condicionantes que avalan el esfuerzo realizado para estos presupuestos la pérdida de alumnado que sufre el sistema educativo, una cuestión que «preocupa mucho, especialmente en Cantabria, porque la realidad es que parece que no va a cambiar, «al menos en el corto y medio espacio de tiempo», ha apuntado. «Estamos hablando de que en Cantabria, en el último quinquenio, hemos perdido aproximadamente 3000 alumnos en el total del sistema educativo, lo que supone un 6% del alumnado».

En el curso 2025/2026 en España hemos perdido aproximadamente 16.000 alumnos respecto al curso anterior y en Cantabria, del orden de 1500 alumnos, ha señalado Silva para ilustrarlo, que ha considerado la principal realidad que hay que tener en cuenta en cuanto a la evolución futura del sistema educativo. «Pese a ello, el número de recursos de docentes y también los recursos presupuestarios que dedicamos a la educación, pese a tener menos alumnos, es el mismo o mayor es mayor que el que hemos tenido en el pasado, y por lo tanto eso de alguna manera subraya el esfuerzo que hacemos por la educación en Cantabria y la importancia que le concedemos», ha subrayado el consejero.

Como otro de los principales condicionantes se ha referido a la pérdida paulatina de fondos europeos, de modo y manera que, si en el 2022 se contaba en el presupuesto de la Consejería de Educación con 68 millones de fondos europeos o en el 2023 era de 55 millones de euros, en el 2026 se contará con apenas 5,2 millones de euros, es decir, diez veces menos que en el 2023. Por lo tanto, «mantener toda esta estructura de alguna manera de inversión educativa con esta pérdida paulatina de recursos todavía hace que sea más difícil y yo creo que debe poner más en valor el esfuerzo hecho», ha remarcado.

Esfuerzo inversor

De igual modo, ha recalcado el esfuerzo inversor del Ejecutivo regional, que mantiene la plantilla de docentes a pesar de la pérdida paulatina de alumnos, con un presupuesto que ha crecido en más de 100 millones con respecto al último del anterior Gobierno PRC-PSOE, «casi un 20% más», ha resaltado.

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria desplegará en 2026 un total de 784 millones de euros -673 millones descontando el Fondo Social Europeo-, lo que supone 32 millones más respecto al pasado ejercicio, de los que 19,1 millones de euros se destinarán a inversión en infraestructuras, un 54 por ciento más que en las cuentas de 2025.

Esta inversión es tanto para obra nueva que dispondrá de 11,3 millones, un aumento del 41% como reposición, con una consignación de 5,5 millones, lo que supone el 83% más, y se prevén actuaciones «históricas» como la licitación para construir un IESO en Ribamontán al Monte, finalizar la obra de la escuela de adultos en Cabezón de la Sal, el CEPA Margarita Salas; afrontar la construcción del tercer centro de educación especial público de la región en Colindres y de un nuevo edificio para un ciclo de FP en cocina, en Potes; además de abordar el inicio de las obras del nuevo conservatorio en Torrelavega.

Mejora de las condiciones salariales de los docentes

En esta línea ha puesto en valor unas cuentas que incluyen 17 millones de euros para la subida salarial de los docentes, que, ha afirmado, se aplicará si los presupuestos generales de Cantabria se aprueban y aunque los sindicatos de la Junta de Personal Docente no firmen el acuerdo. «Nuestro compromiso no es con los sindicatos, es con los docentes», ha defendido Silva, quien ha recordado que esta partida serviría para hacer frente al primer tramo de un incremento salarial a varios años, que en 2026 supondría una subida lineal para cada docente de 105 euros mensuales.

Por su parte, la Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas dispone de 206,1 millones de euros, 16 millones más que este año, que destina, además de a inversión en infraestructura, al incremento de subvenciones a ayuntamientos para sostenimiento de aulas de 1 y 2 años, servicio de transporte escolar, gastos de funcionamiento de centros y financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos (106,4 millones).

Mientras que el presupuesto de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica asciende a 16,4 millones, uno más, para implementar el programa de apertura de centros a la comunidad (500.000 euros), el banco de recursos educativos (2,6 millones), el programa de refuerzo, el de ayudantes de lengua extranjera, un aumento de nominativas a Asociaciones de Padres y Madres, y mejora de la plataforma YEDRA.

Además, se mantienen las ayudas a instituciones que presentan necesidades de apoyo educativo, como el colectivo gitano, y por primera vez, se incluye a la Asociación de Dislexia de Cantabria. También contemplar un nuevo incremento en el programa ‘Valientes’ de lucha contra el acoso y el ciberacoso, coordinado por la Cámara de Comercio de Cantabria.

Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente

«Entendemos la FP como algo más que una política educativa, es una política de región», ha afirmado Silva quien ha subrayado el incremento de 1,9 millones con respecto a 2025, y un 60% más que en 2023, destinado a estas enseñanzas que alcanzan el próximo ejercicio 8,4 millones de euros.

En el curso actual se ha incrementado la oferta de plazas de FP presencial llegando a las 19.500, ha explicado Silva, y se cuenta con 150 ciclos formativos de 24 familias profesionales, entre los que destaca la incorporación este curso del Ciclo de Industrias Extractivas, novedad en la región. «Sabemos que el 30% de las ofertas laborales de nuestra región exigen el perfil de titulados en Formación Profesional. Para nosotros es casi una obsesión que la oferta se vaya ajustando a la demanda de los sectores productivos porque la FP mide su éxito por inserción profesional», ha reseñado.

Asimismo, ha recordado Sergio Silva, las inversiones en esta área, van dirigidas a financiar los gastos de funcionamiento de los centros alcanzando los 1,6 millones; la acreditación de competencias (390.000 euros) o la nueva partida para la campaña de prevención de riesgos laborales en centros que cuentan con maquinaria potencialmente peligrosa (350.000 euros). Este esfuerzo inversor se ve incrementado con la elevación del capítulo VI destinado a maquinaria, equipos y obras de reposición, que pasa de 1,6 millones a 2 millones de euros, y para finalizar, ha puesto en valor los 175.000 euros de la partida destinada a la FP Dual, con un total de 550.000 euros.

Otras de las partidas destacadas por Silva son las subvenciones nominativas a la Cámara de Comercio o la CEOE, que contribuyen a llevar a cabo los programas ERASMUS+ y ayudan en la gestión de la cotización del alumnado de FP a la Seguridad Social, así como su apoyo en el desarrollo del programa de orientación LABORESO, en el que participan más de 1.000 alumnos cada año.

Dirección General de Universidades

Por su parte, el presupuesto contempla algo más de 103 millones de euros para hacer frente a la anualidad del contrato programa con la Universidad de Cantabria, 5,3 millones más que este año.

También se contempla destinar 1,3 millones al plan de infraestructuras cofinanciadas con la Universidad para actuaciones en el edificio dela UC y la misma cantidad para el programa de objetivos estratégicos de esta institución.

Para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se ha presupuestadao casi medio millón de euros, mientras que para el Instituto de Hidráulica Ambiental se dispone de una partida de más de 800.000 euros; la UNED (330.000 euros) y UNATE (50.000 euros). En total, 40 millones de euros se destinan al I+D+I (de los más de 90 millones en total del Gobierno cántabro), «cumpliendo» así con la Ley de Ciencia.